Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición
de Refugiado.
(B.O.E. núm. 74, de 27 de marzo)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La presente Ley tiene por objeto cumplir el mandato del articulo 13.4 de la
Constitución y, al mismo tiempo, ofrecer una solución jurídica a un problema de
hecho como es el de refugio en España de personas perseguidas en sus países por
motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con los criterios de solidaridad,
hospitalidad y tolerancia que deben inspirar el estado democrático definido en
nuestra Constitución.
La Ley comprende dos títulos relativos, respectivamente, al derecho de asilo y a
la condición de refugiado, en los que se regulan las circunstancias especificas
de ambas situaciones.
II. El Título I referido al asilo se ocupa de los siguientes extremos:
1. Motivos de asilo:
El derecho de asilo en su dilatada historia ha transformado el ámbito de
protección. Si en un principio beneficiaba sólo a los delincuentes comunes y
nunca a los políticos, desde finales del siglo XVIII la tendencia se invierte,
de modo que en la actualidad sólo protege a los perseguidos políticos, entendida
esta expresión en sentido amplio (raza, religión, nacionalidad, etc.).
Nuestra Ley en este punto generosa, pues junto a los perseguidos comprende
también a quienes hayan cometido delitos políticos o conexos, que no lo sean en
España.
2. Protección que ofrece el asilo:
La protección primaria y esencial consiste en no devolver a la persona al Estado
perseguidor y, por tanto, desestimar las peticiones de extradición. De ahí que
la solicitud de asilo suspenda, hasta la decisión definitiva, el fallo de
cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o, en su
caso, la ejecución del mismo (artículo 5.2). En cualquier caso, la expulsión de
un extranjero nunca se realizar al país perseguidor, salvo casos de extradición
formalmente acordada (artículo 19.1).
Además, el asilo puede comprender también las medidas previstas en el artículo 2
(autorización para trabajar, asistencia social, etc.).
3. Reconocimiento del derecho:
La petición de asilo puede hacerse en cualquier frontera española, aun cuando no
se tenga la documentación en regla, en este último caso pueden adoptarse medidas
cautelares. Lógicamente la petición puede cursarse también dentro del territorio
nacional.
El reclamante puede valerse de abogado, que se nombrar de oficio si lo solicita.
Se prevé‚ también la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Refugiados en el procedimiento (artículo 5.5).
La condición de asilado se reconoce por extensión a los ascendientes y
descendientes en primer grado, as¡ como al cónyuge (artículo 10).
4. La competencia:
La competencia en materia de asilo, por tratarse de un acto en ejercicio de la
soberanía del Estado (concesión, revocación, condiciones), se atribuye al
Gobierno a propuesta de la Comisión Interministerial creada en el seno del
Ministerio del Interior y compuesta por representantes de los Departamentos
ministeriales afectados por la concesión de asilo.
Las resoluciones del Ministerio del Interior, no admitiendo a trámite el
expediente de solicitud de asilo o poniéndole fin, son recurribles ante la
jurisdicción contencioso-administrativa. El mismo recurso cabe contra las
resoluciones del Gobierno revocadoras de la concesión de asilo. Por lo que
respecta a las denegaciones de asilo se introduce la posibilidad de reexamen
administrativo de las mismas, de acuerdo con las recomendaciones de los
Organismos internacionales especializados en la materia.
III. El Título II de esta Ley regula la condición jurídica del refugiado en
España y es complementaria del Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 julio
1951) y del Protocolo sobre el mismo tema (Nueva York, 31 enero 1967), que hoy
forman parte del ordenamiento jurídico español como consecuencia de la adhesión
de 22 junio 1978.
IV. En la elaboración de esta Ley se ha consultado al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y a la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado.
TITULO I.-DEL ASILO
CAPITULO I.-Disposiciones generales.
1. Derecho a solicitar asilo.- El territorio español constituir un refugio
inviolable para todas las personas a quienes se conceda asilo de conformidad con
esta Ley. Se reconoce a los extranjeros el derecho a solicitar asilo.
2. Contenido del asilo.-1. El derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de
la Constitución es la protección dispensada a los extranjeros a los que se
reconozca la condición de refugiado y que consiste en su no devolución ni
expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en la adopción de las
siguientes medidas durante el tiempo en que subsistan las circunstancias que
motivaron la solicitud de asilo:
a) Autorización de residencia en España.
b) Expedición de los documentos de viaje e identidad necesarios.
c) Autorización para desarrollar actividades laborales, profesionales o
mercantiles.
d) Cualesquiera otras que puedan recogerse en los Convenios internacionales
referentes a los refugiados, suscritos por España.
2. Asimismo, podrá otorgarse a los refugiados, en su caso, la asistencia social
y económica que reglamentariamente se determine.
3. Causas que justifican la solicitud y denegación de asilo.-1. Se reconoce la
condición de refugiado y, por tanto, se conceder asilo a todo extranjero que
cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos internacionales ratificados
por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto
de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
2. No se concederá asilo a quienes se encuentren comprendidos en algunos de los
supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la referida Convención de
Ginebra.
CAPITULO II.- De la concesión de asilo
4. Presentación de la solicitud de asilo.- 1. Cuando el extranjero que pretenda
solicitar asilo se encuentre en territorio español, presentará su petición ante
la Autoridad gubernativa competente, personalmente o, en los casos de
imposibilidad, mediante persona que lo represente. En este último caso, el
solicitante deber ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento. En
todo caso, tendrá derecho a asistencia letrada, intérprete y atención médica.
La entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido
realizada por persona que reúna los requisitos propios de la condición de
refugiado, siempre que se presente sin demora a las autoridades.
2. La admisión a trámite de la petición de asilo hecha en cualquier frontera
supondrá la autorización de la entrada y de la permanencia provisional del
solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva
del expediente.
3. Si el extranjero carece de la documentación exigida para residir en España,
el Ministerio del Interior podrá acordar la fijación de residencia obligatoria
al interesado en tanto no se resuelva su solicitud.
4. La petición de asilo presentada ante una Embajada o Consulado españoles ser
cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. El solicitante de asilo deber colaborar plenamente con las autoridades para
la acreditación y comprobación de su identidad, así como de los hechos y
alegaciones en que base su petición.
6. También deber informar a la autoridad, a la mayor brevedad, sobre su
residencia o cualquier cambio que en la misma se produzca, así como de los de
quienes, en su caso, formen el núcleo familiar.
5. Efectos de la solicitud de asilo.- 1. Solicitado el asilo por cualquier
extranjero, no podrá ser rechazado en frontera o expulsado hasta tanto se haya
inadmitido a trámite su petición o resuelto sobre la misma. La autoridad
competente podrá adoptar medidas cautelares por motivo de salud o seguridad
públicas, así como de atención a las necesidades humanas inmediatas.
2. La solicitud de asilo basada en cualquiera de las causas previstas en esta
Ley suspenderá, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier proceso de
extradición del interesado que se halle pendiente, o, en su caso, la ejecución
del mismo. A tal fin, la solicitud de concesión de asilo ser comunicada
inmediatamente al órgano ante el que tuviera lugar el correspondiente proceso.
3. Reglamentariamente se establecerán las normas de procedimiento para la
concesión de asilo, situación provisional de los solicitantes y documentación en
que se determine tal situación.
4. El solicitante de asilo ser instruido por la autoridad a la que se dirigiera
de los derechos que le corresponden de conformidad con esta Ley y, en
particular, del derecho a la asistencia de abogado.
5. Se comunicará al Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los
Refugiados la presentación de las solicitudes de asilo. El Alto Comisionado
podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las
audiencias al solicitante y presentar informes, verbales o escritos, por s¡ o
por representante apoderado al efecto, ante el Ministro del Interior;
igualmente, se permitir a las Asociaciones legalmente reconocidas que entre sus
objetivos tengan el asesoramiento y ayuda al refugiado y la presentación de
informes escritos ante el Ministro del Interior.
6. El Ministro del Interior, a propuesta del órgano encargado de la instrucción
de las solicitudes de asilo, previa audiencia del representante en España del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, podrá, por
resolución motivada, inadmitirlas a trámite, cuando concurra en el interesado
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Las previstas en los artículos 1.F y 33.2 de la Convención de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951.
b) Que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al
reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Que se trate de la mera reiteración de una solicitud ya denegada en España,
siempre y cuando no se hayan producido nuevas circunstancias en el país de
origen que puedan suponer un cambio sustancial en el fondo de la solicitud.
d) Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente
falsos, inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una
necesidad de protección.
e) Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios
Internacionales en que sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se
indicar al solicitante el Estado responsable de examinar su solicitud. En este
caso, dicho Estado habrá aceptado explícitamente dicha responsabilidad y se
obtendrán, en todo caso, garantías suficientes de protección para su vida,
libertad y demás principios indicados en la Convención de Ginebra, en el
territorio de dicho Estado.
f) Cuando el solicitante se halle reconocido como refugiado y tenga derecho a
residir o a obtener asilo en un tercer Estado, o cuando proceda de un tercer
Estado cuya protección hubiera podido solicitar. En ambos casos, en dicho tercer
Estado no debe existir peligro para su vida o su libertad ni estar expuesto a
torturas o a un trato inhumano o degradante y debe tener protección efectiva
contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de
Ginebra.
7. Cuando la solicitud sea presentada en la frontera española, la resolución
sobre su inadmisión a trámite deber ser notificada en el plazo máximo de cuatro
días desde la presentación de la misma. El representante en España del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ser informado
inmediatamente de la presentación de la solicitud y podrá entrevistarse, si lo
desea, con el solicitante.
El solicitante de asilo podrá presentar en el plazo de veinticuatro horas desde
la notificación de la resolución de inadmisión a trámite una petición de
reexamen, que suspender los efectos de aquella previstos en el artículo 17.
Dicha petición ser resuelta por el Ministro del Interior, debiendo notificarse
la resolución al interesado en el plazo de dos días desde la presentación de la
misma. En este caso, también se presentar audiencia al representante en España
del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados con carácter
previo a la resolución de la petición de reexamen.
Durante la tramitación de la admisión a trámite de la solicitud y, en su caso,
de la petición de reexamen, el solicitante permanecer en el puesto fronterizo,
habilitándose al efecto unas dependencias adecuadas para ello.
El transcurso del plazo fijado para la inadmisión a trámite de una solicitud
presentada en frontera o, en su caso, del previsto para resolver una petición de
reexamen sin que se notifique dicha resolución al interesado, determinar la
admisión a trámite de su solicitud y, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del artículo cuarto, la autorización de la entrada del solicitante en
el territorio español.
8. La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud,
de alguna de las circunstancias que hubieran justificado su inadmisión ser en
todo caso causa de denegación de la misma.
6. Comisión Interministerial.-1. Se crea en el seno del Ministerio del Interior
una Comisión que examinar las solicitudes de asilo y formular las propuestas
correspondientes.
2. La Comisión estará compuesta por un representante de cada uno de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Asuntos Sociales.
A sus sesiones será convocado el representante en España del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
3. Las normas de funcionamiento de la Comisión se determinarán
reglamentariamente.
7. Procedimiento para la concesión de asilo.-Toda solicitud dar lugar a la
incoación, a cargo del Ministerio del Interior, del oportuno expediente, al que
se incorporarán, en su caso, los informes de las Asociaciones legalmente
reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento y ayuda al
refugiado.
Seguidamente el expediente se someterá a la Comisión Interministerial prevista
en el artículo anterior, a efecto de que por ésta se formule la correspondiente
propuesta al Ministerio del Interior.
Formulada la propuesta por la Comisión, se procederá de la siguiente forma:
a) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministro del Interior fueran
concordes, este procederá a dictar la resolución correspondiente.
b) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministerio del Interior
fueran discordantes, éste elevará el expediente al Consejo de Ministros para que
resuelva la solicitud.
8. Requisitos de la concesión de asilo.- Para que se resuelva favorablemente la
solicitud de asilo bastará que aparezcan indicios suficientes, según la
naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple los requisitos a
que se refiere el número 1 del artículo 3 de esta Ley.
9. Reexamen de la denegación.-El extranjero a quien le haya sido denegado el
asilo podrá en cualquier momento, si tuviera nuevos elementos probatorios de sus
afirmaciones o considerase que las circunstancias que justificaban la denegación
han desaparecido, instar del Ministerio del Interior la revisión de su
expediente.
10. Extensión familiar del asilo.- 1. Se concederá asilo, por extensión, a los
ascendientes y descendientes en primer grado y al cónyuge del refugiado, o a la
persona con la que se halle ligado por análoga relación de afectividad y
convivencia, salvo los casos de separación legal, separación de hecho, divorcio,
mayoría de edad o independencia familiar, en los que se valorar, por separado,
la situación de cada miembro de la familia.
2. En ningún caso se concederá, por extensión, el derecho de asilo a personas
incursas en los supuestos del número 2 del artículo 3.
11. (Sin contenido)
CAPITULO III.-De los efectos de la concesión y de la revocación del asilo.
12. Derecho de no devolución.- La concesión de asilo otorga al extranjero el
derecho a no ser devuelto al país donde pueda tener motivos para temer
fundadamente persecución o castigo, en los términos del artículo segundo.
13. Residencia y trabajo.- La concesión de asilo implica la autorización de
residencia en España; la autorización para desarrollar actividades laborales,
profesionales y mercantiles; la expedición del documento de identidad necesario
y, en su caso, de viaje, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la presente
Ley.
14. (Sin contenido)
15. Otras medidas protectoras.-La adopción de las demás medidas previstas en el
número 2 del artículo 2 de esta Ley se realizar teniendo en cuenta los medios
efectivos con que cuenta el Estado, de acuerdo con lo previsto en los Convenios
suscritos por España, y atendiendo siempre a principios humanitarios.
16. Circunstancias excepcionales.- 1. Por circunstancias excepcionales de índole
política, económica y social podrá, con carácter general, denegarse la concesión
de la autorización de residencia y trabajo prevista en la presente Ley.
2. Mediante normas con rango de Ley se determinará la concurrencia de tales
circunstancias y el alcance de las medidas a adoptar, respetando, en todo caso,
las situaciones preexistentes.
17. Efectos de la resolución denegatoria.- 1. La inadmisión a trámite o la
denegación de la solicitud de asilo determinar n el rechazo en frontera o la
salida obligatoria o expulsión del territorio español, según los casos, del
extranjero si careciera de alguno de los requisitos para entrar o permanecer en
España de acuerdo con la legislación general de extranjería.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de
interés público podrá autorizarse, en el marco de la legislación general de
extranjería, la permanencia en España del interesado cuya solicitud haya sido
inadmitida a trámite o denegada, en particular cuando se trate de personas que,
como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político,
‚técnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y que no
cumplan los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo tercero de esta
Ley.
3. En todo caso, el rechazo o la expulsión del interesado no podrá determinar el
incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1del artículo 33 de
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ni suponer el
envío a un tercer Estado en que carezca de protección efectiva contra la
devolución al pa¡s perseguidor, con arreglo a la citada Convención.
18. Medidas cautelares.- 1. Además de los derechos previstos en esta Ley, los
extranjeros refugiados disfrutar en España de los mismos derechos y libertades
que los demás extranjeros.
2. Sin embargo, por razones debidamente motivadas de seguridad del Estado, el
Ministro del Interior podrá, con carácter temporal, adoptar para con el asilado
las medidas de alejamiento de fronteras o núcleos de población determinados
singularmente o de fijación de la obligación de residencia en determinado lugar.
También podrá acordar, por las mismas razones, presentaciones periódicas del
asilado ante la autoridad competente.
3. Cuando las relaciones exteriores de España se viesen afectadas de modo grave
y directo por actividades desarrolladas en España por una Asociación compuesta
total o parcialmente por refugiados, que excedan del ejercicio del derecho de
libre expresión reconocido en la Constitución, el Ministro del Interior podrá
promover ante la autoridad judicial su disolución, así como la suspensión
cautelar de las actividades de la misma.
19. Expulsión de los refugiados.- 1.Los extranjeros refugiados podrán ser
expulsados del territorio español en los términos previstos en los artículos 32
y 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.
2. El Ministerio del Interior comunicará la expulsión al interesado, haciéndole
saber los recursos que proceden contra la expulsión, así como que si los
ejercita en el plazo de diez días quedará en suspenso la misma, sin perjuicio de
otras medidas de seguridad que puedan adoptarse en este caso.
3. En todo caso, se concederá al expulsado un plazo razonable para buscar su
admisión legal en otro país.
20. Revocación del asilo.- 1. El Gobierno podrá acordar la revocación del asilo
o de alguno o todos los beneficios previstos en el artículo 2 de esta Ley en los
siguientes casos:
a) Cuando el asilo se haya obtenido mediante datos, documentos o declaraciones
que sean falsos y determinantes del reconocimiento obtenido.
b) Cuando se incurra en alguna de las causas previstas en los Convenios
Internacionales ratificados por España para la privación de la condición de
refugiado o la no aplicación de los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de
interés público podrá autorizarse la permanencia en España del interesado, en el
marco de la legislación general de extranjería
21. Recursos.- 1. Las resoluciones previstas en la presente Ley pondrán fin a la
vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, salvo en el caso de que haya sido presentada la
petición de reexamen a que se refiere el artículo 5.7, en que se entenderá que
pone fin a la vía administrativa la resolución que decida dicha petición. Los
recursos tendrán tramitación preferente.
2. La interposición por el solicitante del asilo de recurso
contencioso-administrativo contra el acto que decida la petición de reexamen a
que se refiere el artículo 5.7 suspenderá el acto administrativo cuando el actor
así lo haya solicitado y la representación en España de Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados hubiera informado favorablemente la admisión
a trámite de la solicitud de asilo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. La denegación de asilo, cualquiera que sea su causa, no impide que los
órganos competentes en materia de extradición puedan entender, de acuerdo con la
legislación correspondiente, que no procede la extradición por tratarse de un
delito de carácter político o, aunque se trate de un delito común, fundarse en
motivo de carácter político la petición de extradición.
Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, apartado 2, de la
presente Ley, estuviese pendiente una solicitud de extradición, la decisión del
Gobierno ser comunicada al órgano correspondiente.
Segunda.- El Gobierno procederá a la constitución de la Comisión Prevista en el
artículo 6 de esta Ley en el plazo de tres meses, a partir de su entrada en
vigor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- En tanto no sean promulgadas las normas reguladoras de amparo
judicial,
el procedimiento que se contiene en el artículo 21 se desarrollará según la Ley
62/1978, de 26 diciembre.
Segunda.- Las personas que se encuentren en España y no hayan obtenido la
condición de asilados podrán acogerse a los beneficios que esta Ley concede en
los plazos que reglamentariamente se determinen.
DISPOSICIÓN FINAL
1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo de
la presente Ley.
2. El Gobierno, en el plazo de seis meses, regulará el procedimiento para el
reconocimiento de la condición de refugiado.
COMENTARIOS
* El artículo 13.4 de la Constitución dispone que La ley establecerá los
términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del
derecho de asilo en España.
* El Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, aprueba el Reglamento para la
aplicación de esta Ley.
* La presente Ley ha sido desarrollada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, cuya
Exposición de Motivos dice así:
Más de diez años de vigencia de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, texto legal que desarrolla el
artículo 13.4 de la Constitución, han mostrado la gran virtualidad de la Ley,
permitiendo otorgar el asilo a todo aquel que reunía las condiciones previstas
por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación de la Ley muestra algunas
deficiencias que resulta importante subsanar. Al propio tiempo la aprobación de
Instrumentos internacionales en la materia de asignación de responsabilidad para
el examen de las solicitudes de asilo y la progresiva armonización de las
legislaciones nacionales en la materia, aconsejan la revisión de las normas
vigentes sobre el reconocimiento de la condición de refugiado y la concesión del
asilo.
Se da así cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la Proposición no
de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, en la
que se instaba al Gobierno a «adoptar las medidas necesarias para garantizar la
necesaria celeridad en el examen individualizado de las solicitudes de asilo» y
a «impedir la utilización fraudulenta con fines de inmigración económica del
sistema de protección a los refugiados».
La modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado presenta cuatro aspectos fundamentales:
En primer lugar, se suprime la doble figura de asilo y refugio con estatutos
diferenciados, dualidad que no se deriva en modo alguno de las exigencias de
protección a los extranjeros víctimas de persecución y que se ha revelado como
una fuente de confusión y abusos.
La reforma configura el asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la
Constitución, como la protección dispensada por España a aquel extranjero a
quien se reconozca la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de
Ginebra de 1951, es decir, a quien debido a fundados temores de ser perseguido
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal
país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Este concepto de
refugiado, cuando se trata de perseguidos por opiniones políticas, ha de
interpretarse en sentido amplio, como es práctica general de los Estados
signatarios de la Convención, comprendiendo actos punibles cometidos por motivos
políticos siempre que, a la luz de las circunstancias, pueda establecerse que la
persona en cuestión tiene temores de ser perseguida.
En cuanto al actual asilo por razones humanitarias, que se podía conceder a
determinados extranjeros que no sufrieron persecución, se reconduce a la vía de
la legislación general de extranjería.
Por otra parte, la protección que la Ley española dispensa a los refugiados va
más allá de lo previsto en la referida Convención de Ginebra, al comprender de
forma inequívoca el derecho a residir y trabajar en territorio español.
En segundo lugar, se establece una fase previa en el examen de las solicitudes
que permita la denegación de forma rápida de aquellas peticiones que sean
manifiestamente abusivas o infundadas, así como aquellas otras cuyo examen no le
corresponda a España, o en que exista otro Estado en condiciones de prestar la
protección. Tal denegación se haría mediante una resolución de inadmisión a
trámite de las solicitudes, adoptada con las necesarias garantías, en particular
la posibilidad de presentación de una petición de reexamen con efectos
suspensivos y participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados en los casos en que la resolución de inadmisión a trámite se haya
adoptado cuando el solicitante se encuentre en frontera. La entrada en
territorio español de los extranjeros que pidan asilo en la frontera quedará,
pues, condicionada a la admisión a trámite de su solicitud.
Esta medida responde, por una parte, a las consideraciones recogidas en la
precitada Proposición no de Ley de 9 de abril de 1991, que constataba que «el
sistema de protección a los refugiados políticos se ve desvirtuado en la
práctica por un número creciente de solicitudes, en su mayoría de inmigrantes
económicos, lo que dificulta la acogida adecuada y provoca el consiguiente
retraso en la resolución de las peticiones, convirtiéndose en la práctica en la
principal vía de inmigración irregular hacia nuestro país».
Por otra parte, la reforma en cuestión se acompasa con la conclusión número 30
del Comité Ejecutivo del programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, según la cual «sería útil que los procedimientos nacionales
de determinación del estatuto de refugiado prevean disposiciones especiales para
tratar con celeridad las solicitudes que se consideren tan manifiestamente
infundadas que no merezcan un examen en profundidad, ya que tales solicitudes no
constituyen más que una carga para los países afectados y perjudican los
intereses de aquellos que tienen motivos para pedir que se les reconozca el
estatuto de refugiados».
Por último, responde a lo establecido en Convenios internacionales en los que
será parte España Convenio de Dublín y Convenio de Schengen, que determinan el
Estado miembro al que le corresponde el examen de cada solicitud de asilo.
En tercer lugar, se aborda la modificación de los efectos que la resolución
denegatoria del asilo produce. La actual regulación de los efectos de la
denegación de la condición de asilado ha tenido un importante efecto de
atracción de inmigrantes económicos hacia el sistema de asilo, al situar al
extranjero que ve denegada una solicitud de asilo, aun cuando esté desprovista
de todo fundamento, en una posición de privilegio con respecto a aquel que ha
seguido los procedimientos migratorios normales establecidos por el ordenamiento
español, mediante la solicitud del oportuno visado.
La reforma parte, pues, del principio general, aceptado por el conjunto de las
partes contratantes de la Convención de Ginebra, de que el solicitante de asilo
cuya petición es inadmitida a trámite o denegada debe abandonar el territorio
español, salvo que reúna los requisitos para entrar o permanecer en el país, con
arreglo al régimen general de extranjería, o que, por razones humanitarias o de
interés público, se le autorice excepcionalmente para ello.
Finalmente, se adapta a la doctrina del Tribunal Constitucional la disposición
contenida en el artículo 18.3 de esta Ley, relativa a la facultad que se
otorgaba al Ministro del Interior de suspensión de asociaciones de extranjeros.
De acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia
115/1987, de 7 de julio, se suprime dicha facultad.
* Véase la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los Derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
* Véase la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.