Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre Régimen de
las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores
(B.O.E. de 2 de agosto de 1991)
(Modificado por Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre)
(Modificado por Real Decreto 1676/1999 de 29 de octubre de 1999 )
(Modificado por Real Decreto 2590/1998 de 7 de diciembre de 1998)
(Modificado por Real Decreto 432/2003, de 11 de abril)
El presente Real Decreto sobre Ofertas Públicas de Adquisición de Valores viene
a conformar y regular el régimen jurídico de las Ofertas Públicas de Adquisición
de Valores Mobiliarios. La necesidad del presente Reglamento se justifica por la
conveniencia de no demorar por más tiempo la renovación de nuestro Ordenamiento
en materia de ofertas públicas de adquisición, a lo que hay que añadir la
exigencia que reclama el trafico jurídico de la puesta en práctica y desarrollo
normativa de las previsiones, al respecto, de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores.
De igual manera deroga nuestra anterior norma vigente en la materia que era la
contenida en el Real Decreto 279/1984, de 25 de enero, normativa que fue
declarada en vigor por la disposición adicional quinta del Real Decreto
726/1989, de 23 de junio, sobre sociedades rectoras y miembros de las bolsas de
valores, sociedad de bolsas y fianza colectiva, donde en el apartado e) del
número 1 de la señalada disposición, se precisaron y reformaron algunos aspectos
del Real Decreto 279/1984, principalmente, por lo referente a las competencias
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de la aplicación
de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, en sus artículos 60 y 34.
Las consideraciones expuestas y, prioritariamente, la necesidad de adaptar la
normativa de ofertas públicas de adquisición al nuevo esquema previsto en la Ley
del Mercado de Valores justifican la finalidad y la adopción del presente Real
Decreto.
La Ley del Mercado de Valores ya en su propio Preámbulo indicaba que en su
articulado se contempla el marco general para una regulación de las ofertas
públicas de adquisición de valores destinado a superar las limitaciones de la
normativa vigente. Ya en el cuerpo de la norma las ofertas públicas de
adquisición se contemplan por un lado, en el artículo 60, precepto que integra
tanto los supuestos que podemos considerar de ofertas públicas obligatorias, así
como las ofertas voluntarias, a lo que hay que añadir lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley donde al regular el supuesto de exclusión de negociación
de valores en un mercado secundario oficial prevé el supuesto de oferta pública
obligatoria cuando a solicitud de la entidad emisora de los valores, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores considere que pueden verse afectados los
legítimos intereses de los tenedores obligando al emisor a formular una oferta
pública.
Es en el marco de los señalados preceptos donde se encuentra el punto de partida
y la habilitación necesaria y suficiente que justifica la adopción del presente
Real Decreto, habilitación que a similitud de otros aspectos de la Ley puede ser
considerada de naturaleza relativamente amplia, dejando a la potestad
reglamentaria sobre la base de los principios recogidos en la Ley una facultad
de desarrollo y concreción de los necesarios aspectos para conformar el régimen
jurídico de las ofertas públicas de adquisición.
No obstante lo anterior, el régimen jurídico de las ofertas públicas de
adquisición no quedaría suficientemente abordado y regulado si no se
contemplasen en él las necesarias previsiones del desarrollo de nuestra
normativa interna de defensa de la competencia y, especialmente, la recogida en
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en cuyo Capítulo
II, relativo a las concentraciones económicas; el artículo 15.3 establece que la
notificación de las operaciones de adquisición de acciones admitidas a
negociación en una Bolsa de Valores cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, sea preceptiva la
realización de una oferta pública de adquisición será objeto de procedimiento
especifico que se determinara reglamentariamente.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 26 de julio de 1991, dispongo:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1. Oferta pública de adquisición en caso de toma o aumento de una participación
significativa.
1. Toda persona física o jurídica (en lo sucesivo, "oferente") que pretenda
adquirir a título oneroso, en un solo acto o en actos sucesivos, acciones de una
sociedad (en lo sucesivo, "sociedad afectada"), cuyo capital esté en todo o en
parte admitido a negociación en bolsa de valores, u otros valores tales como
derechos de suscripción, obligaciones convertibles, "warrants" o cualesquiera
instrumentos similares que puedan dar derecho directa o indirectamente a la
suscripción o adquisición de aquéllas, para de esta forma llegar a alcanzar,
junto con la que ya se posea, en su caso, una participación significativa en el
capital con derecho de voto de la sociedad emisora de dichos valores, títulos o
instrumentos, no podrá hacerlo sin promover una oferta pública de adquisición en
los términos previstos en este real decreto.
2. A los efectos de este real decreto, tendrán la consideración de participación
significativa, en sus respectivos casos, todas aquéllas que representen
porcentajes iguales o superiores al 25 y al 50 por cien del capital de la
sociedad afectada, así como aquellas que, representando un porcentaje inferior,
reúnan las condiciones previstas en los apartados 5 y 6.
3. Cuando se pretenda alcanzar una participación igual o superior al 25 por cien
del capital de la sociedad, la oferta deberá realizarse sobre un número de
valores que represente, como mínimo, el 10 por cien del capital de la sociedad
afectada.
4. Cuando ya se posea una participación en el capital de la sociedad igual o
superior al 25 por cien, pero inferior al 50 por cien, y se pretenda incrementar
dicha participación en, al menos, un seis por cien en un período de 12 meses, la
oferta deberá realizarse sobre un número de valores que represente, como mínimo,
el 10 por cien del capital de la sociedad afectada.
5. Cuando se pretenda alcanzar una participación inferior al 25 por cien del
capital de la sociedad afectada, se deberá realizar una oferta pública de
adquisición sobre un número de valores que represente, como mínimo, el 10 por
cien del capital de la sociedad afectada, siempre que concurran simultáneamente
las siguientes circunstancias:
a) Que se pretenda alcanzar una participación igual o superior al cinco por
ciento del capital de la sociedad afectada o la que, sin llegar al porcentaje
señalado, permita designar un número de consejeros que, unidos, en su caso, a
los que ya se hayan designado, representen más de un tercio y menos de la mitad
más uno de los miembros del órgano de administración de la sociedad afectada.
b) Que se tenga la intención de designar al número de consejeros señalado en el
párrafo a)
6. Deberá realizarse una oferta pública de adquisición sobre el 100 por cien del
capital de la sociedad afectada cuando:
a) Se pretenda alcanzar una participación igual o superior al 50 por cien del
capital de la sociedad afectada.
b) Se pretenda alcanzar una participación inferior al 50 por cien del capital de
la sociedad afectada, siempre que concurran simultáneamente las siguientes
circunstancias:
1ª Que se pretenda alcanzar una participación igual o superior al cinco por
ciento del capital de la sociedad afectada o la que, sin llegar al porcentaje
señalado, permita designar un número de consejeros que, unidos, en su caso, a
los que ya se hayan designado, representen más de la mitad de los miembros del
órgano de administración de la sociedad afectada.
2ª Que se tenga la intención de designar al número de consejeros señalado en el
párrafo anterior.
La aplicación de esta regla será preferente respecto a la de las reglas
establecidas en los apartados 3, 4 y 5 precedentes.
7. La oferta pública deberá dirigirse:
a) A todos los titulares de las acciones de la sociedad afectada, incluidos los
de acciones sin voto que, en el momento de solicitarse la autorización de la
oferta, tengan derecho de voto de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.
b) Cuando existan, a todos los titulares de derechos de suscripción de acciones,
así como a los titulares de obligaciones convertibles en ellas.
Aunque en ningún caso se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del número
mínimo de valores al que deberá dirigirse obligatoriamente la oferta pública,
ésta podrá o no dirigirse a los titulares de "warrants" o de otros valores o
instrumentos que den opción a la adquisición o suscripción de acciones, con
excepción de los mencionados en el párrafo b) de este apartado, por emitir o
emitidas. Pero si se dirigiera a ellos, la oferta pública de adquisición deberá
obligatoriamente dirigirse a todas aquellas personas que ostenten la titularidad
de los "warrants", valores o instrumentos en cuestión.
8. La obligación de promover una oferta pública de adquisición en los términos
establecidos en los apartados anteriores será igualmente de aplicación a la
adquisición de acciones respecto a las que se haya producido la solicitud de
admisión a negociación en bolsa de valores.
9. Los que adquieran en una sociedad cotizada un número de valores que determine
que el porcentaje de capital que quede en su poder alcance el cinco por cien o
sus sucesivos múltiplos o uno inferior que permita designar un número de
consejeros que, unidos, en su caso, a los que ya se hayan designado, representen
más de un tercio de los miembros del órgano de administración de la sociedad
afectada, deberán incluir en la comunicación prevista en el artículo 1 del Real
Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicación de participaciones
significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones
propias, una declaración que señale que el adquirente no está incurso en ninguno
de los supuestos que, conforme a este real decreto, obligan a formular una
oferta pública
2. Cómputo de la participación significativa.
1. Se considerarán poseídas o adquiridas por una misma persona física o jurídica
las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades
pertenecientes a su mismo grupo, tal como éste se define en el artículo 4 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por los miembros de sus
órganos de administración y por las demás personas que actúen en nombre propio,
pero por cuenta o de forma concertada con aquélla.
2. No producirán obligación de formular una oferta pública de adquisición las
adquisiciones de valores que resulten de una mera redistribución de valores
entre las sociedades de un mismo grupo, sin alteración de la unidad de decisión
o control.
3. A efectos del cómputo de las participaciones, se tendrá en cuenta tanto la
titularidad dominical de las acciones y demás valores, como los derechos de voto
que se disfruten por concepto de usufructo o prenda o en virtud de cualquier
otro título de naturaleza contractual.
4. En el caso de posesión o adquisición de valores o instrumentos que den
derecho a la suscripción o adquisición de acciones, a efectos del cálculo de la
existencia o no de participaciones significativas, sin perjuicio de la
aplicación de las reglas generales con respecto a la relación entre las acciones
y el capital social existente, se estará a las siguientes reglas:
a) En el momento de la adquisición que pueda dar origen a la obligación de
promover una oferta pública, se sumará el capital teórico al que den potencial
derecho los valores o instrumentos poseídos o adquiridos por el eventual
obligado a promover la oferta pública al capital que ya ostente éste en la
sociedad por cualquier título jurídico; y por otra parte se sumará el capital
teórico máximo correspondiente al conjunto de valores en circulación de esa
naturaleza a la cifra estatutaria de capital de la sociedad, no incluyéndose en
dicha adición aquellos valores que den derecho a la adquisición o suscripción de
acciones ya existentes. En el caso de obligaciones con regla de conversión
variable, el cálculo se realizará al tipo teórico de conversión que se derivaría
del precio de las acciones del día en que se efectúe la adquisición.
Si, realizado el cálculo señalado en el párrafo precedente, fuera a alcanzarse
alguna de las participaciones significativas señaladas en el artículo 1, deberá
promoverse una oferta pública de adquisición en los términos señalados en dicho
artículo.
b) Una vez abierta cada conversión en acciones a la que se pretende concurrir,
deberá nuevamente realizarse el cálculo indicado en el párrafo precedente,
aplicándose las reglas señaladas en los apartados 4 y 9 del artículo 3
5. Las acciones sin voto se computarán únicamente cuando gocen de él, de acuerdo
con la legislación vigente.
3. Adquisiciones indirectas o sobrevenidas de una participación significativa y
designación posterior de miembros del órgano de administración de la sociedad
afectada.
1. En caso de fusión con otra sociedad o de toma del control de otra sociedad o
entidad, incluso no admitida a negociación en bolsa de valores o no domiciliada
en España, que tenga participación directa o indirecta en el capital social de
una tercera cuyas acciones estén admitidas a negociación, serán de aplicación
las siguientes reglas:
a) Si se tratara de la fusión o toma de control de una sociedad o entidad de
mera tenencia de valores, o de una sociedad o entidad en la que los valores de
la sociedad afectada constituyan parte esencial del activo cuya adquisición sea
el motivo determinante de la fusión o toma de control, deberá formularse oferta
pública de adquisición cuando, como consecuencia de la fusión o toma de control,
vaya a alcanzarse en la sociedad afectada cualquiera de los porcentajes de
participación señalados en los apartados 3 y 4 y en el párrafo a) del apartado 6
del artículo 1.
La oferta pública de adquisición, que deberá formularse con carácter previo a la
fusión o toma de control, deberá dirigirse a la totalidad del capital, y serán
de aplicación las reglas de valoración establecidas en el artículo 7.3.
b) Si se tratara de la fusión con una sociedad o entidad distinta de las
señaladas en el párrafo a) precedente, sólo será obligatorio promover una oferta
pública de adquisición cuando, como consecuencia de la fusión, se haya alcanzado
una participación igual o superior al 50 por cien del capital de la sociedad
afectada. La oferta pública de adquisición deberá formularse dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de fusión, y realizarse sobre un número de valores
que permita al adquirente alcanzar el 100 por cien del capital de la sociedad
afectada. Se aplicarán a la oferta las reglas de valoración establecidas en el
artículo 7.3.
No obstante, no será obligatoria la formulación de oferta pública de adquisición
cuando, dentro del señalado plazo de seis meses, el exceso de participación
sobre el porcentaje señalado se enajene o se ponga a la venta mediante oferta
pública de venta, en la que el precio solicitado por acción no podrá ser
superior al que se derive de los criterios señalados en el artículo 7.3.
c) Si se tratara de la toma de control de una sociedad o entidad distinta de las
señaladas en el párrafo a) precedente, deberá formularse oferta pública de
adquisición cuando, como consecuencia de la toma de control, se haya alcanzado
en la sociedad afectada una participación igual o superior al 50 por cien de su
capital social. En particular, la toma de control de una sociedad admitida a
negociación mediante la realización de una oferta pública de adquisición
entrañará la obligación de promover tantas ofertas públicas de adquisición como
sociedades admitidas a negociación en las que aquella toma de control implique
alcanzar el porcentaje.
La oferta pública deberá formularse dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de la toma de control, y realizarse sobre el número de valores que permita
al adquirente alcanzar el 100 por cien del capital de la sociedad afectada.
Serán de aplicación a la oferta las reglas de valoración establecidas en el
artículo 7.3.
No obstante, no será obligatoria la formulación de oferta pública de adquisición
cuando, dentro del señalado plazo de seis meses, el exceso de participación
sobre el porcentaje señalado se enajene o se ponga a la venta mediante oferta
pública de venta, en la que el precio solicitado por acción no podrá ser
superior al que se derive de los criterios señalados en el artículo 7.3.
2. Si, como consecuencia de una reducción de capital, la participación de un
accionista llegara a alcanzar cualquiera de los porcentajes de participación a
que se refieren los apartados 3 y 4 y el párrafo a) del apartado 6 del artículo
1, dicho socio no podrá llevar a cabo nueva adquisición de acciones, o de otros
instrumentos que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición, sin promover
una oferta pública de adquisición en las condiciones establecidas en el apartado
correspondiente del señalado artículo.
3. Las entidades financieras que, en cumplimiento de un contrato de
aseguramiento de una emisión de valores, adquieran una participación
significativa en el capital de una sociedad cuyas acciones estén admitidas a
negociación deberán formular oferta pública de adquisición y no podrán ejercer
entre tanto los derechos políticos de los valores así adquiridos.
La oferta pública deberá formularse dentro de los seis meses siguientes a contar
desde la adquisición, y realizarse sobre el número de valores que corresponda
según lo establecido en el artículo 1. Serán de aplicación a la oferta las
reglas de valoración establecidas en el artículo 7.3.
No obstante, no será obligatoria la formulación de oferta pública de adquisición
cuando, dentro del señalado plazo de seis meses, el exceso de participación se
enajene o se ponga a la venta mediante oferta pública de venta.
4. Si, como consecuencia de la no conversión de todos los valores e instrumentos
que den derecho a la suscripción o adquisición de acciones de una emisión, se
alcanzaran los porcentajes de participación significativa señalados en los
apartados 3 y 4 y en el párrafo a) del apartado 6 del artículo 1, la persona
física o jurídica que se encuentre en tal situación por haber ejercitado los
derechos de conversión o adquisición que le correspondían deberá proceder, en el
plazo máximo de seis meses desde que alcance la participación, a la enajenación
del exceso de participación sobre los porcentajes señalados en el citado
artículo, o a promover una oferta pública en los términos previstos en el
correspondiente apartado del mencionado artículo. En este último caso, serán de
aplicación a la oferta las reglas de valoración establecidas en el artículo 7.3.
Esta regla no será de aplicación cuando en el momento de la adquisición ya se
hubiera promovido una oferta pública de adquisición de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.4.a)
5. Cuando se haya adquirido una participación inferior al 25 por cien del
capital de la sociedad afectada, se deberá realizar una oferta pública de
adquisición sobre un número de valores que represente, como mínimo, el 10 por
cien del capital de la sociedad afectada, siempre que concurran simultáneamente
las siguientes circunstancias:
a) Que se haya alcanzado una participación igual o superior al cinco por ciento
del capital de la sociedad afectada o la que, sin llegar al porcentaje señalado,
permita designar un número de consejeros que, unidos, en su caso, a los que ya
se hayan designado, represente más de un tercio y menos de la mitad más uno de
los miembros del órgano de administración de la sociedad afectada.
b) Que el adquirente haya designado el número de consejeros señalado en el
párrafo a) en los 24 meses siguientes a la adquisición.
6. Cuando se haya adquirido una participación inferior al 50 por cien del
capital de la sociedad afectada, se deberá realizar una oferta pública de
adquisición sobre el 100 por cien del capital de la sociedad afectada, cuando
concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:
a) Que se haya alcanzado una participación igual o superior al cinco por ciento
del capital de la sociedad afectada o la que, sin llegar al porcentaje señalado,
permita designar un número de consejeros que, unidos, en su caso, a los que ya
se hayan designado, represente más de la mitad de los miembros del órgano de
administración de la sociedad afectada.
b) Que el adquirente haya designado el número de consejeros señalado en el
párrafo a) en los 24 meses siguientes a la adquisición.
7. En los casos previstos en los apartados 5 y 6, la solicitud de autorización
de la oferta deberá presentarse en el plazo de dos meses. En tales supuestos, el
precio de la oferta no podrá ser inferior al que se establecería de acuerdo con
los criterios del artículo 7, ni, en su caso, al más elevado que haya abonado
por los mismos valores el oferente o personas que actúen en concierto con él en
los 12 meses previos a dicha solicitud.
Las reglas anteriores no serán de aplicación cuando ya se hubiera promovido una
oferta pública de adquisición en los términos previstos en el apartado 5 o en el
párrafo b) del apartado 6 del artículo 1.
8. Tanto para la aplicación del plazo de 24 meses contemplado en los apartados 5
y 6 anteriores como para el cómputo del plazo de dos meses previsto en el
apartado 7, se tomará como referencia la fecha de aceptación del cargo por el
consejero o consejeros.
9. A los efectos de lo previsto en este artículo y en los artículos 1 y 4, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que el titular de la participación
significativa ha designado miembros del órgano de administración de la sociedad
afectada en los siguientes casos:
a) Cuando el consejero haya sido nombrado por el titular de la participación
significativa o por una sociedad perteneciente a su mismo grupo en ejercicio de
su derecho de representación proporcional.
b) Cuando los nombrados sean consejeros, altos directivos, empleados o
prestadores no ocasionales de servicios al titular de la participación
significativa o sociedades pertenecientes a su mismo grupo.
c) Cuando el acuerdo de nombramiento se haya adoptado contando con los votos a
favor emitidos por el titular de la participación significativa o por sociedades
pertenecientes a su mismo grupo, o por los miembros del órgano de administración
designados con anterioridad por dicho titular.
d) Cuando el titular de la participación significativa de que se trate o una
sociedad pertenecientes a su mismo grupo.
e) Cuando en la documentación societaria en la que conste el nombramiento,
incluyendo las actas, certificaciones, escrituras públicas u otra documentación
elaborada para obtener la inscripción registral, en la información pública de la
sociedad afectada o del titular de la participación significativa de que se
trate, o en otra documentación de la sociedad afectada, el titular de la
participación significativa asuma que el consejero ha sido designado por dicho
titular, o que lo representa o es consejero dominical en la sociedad afectada
por su relación con aquél.
4. Supuestos excluidos .
No será de aplicación la obligación prevista en los artículos precedentes en los
supuestos siguientes:
A) Adquisiciones que, en el cumplimiento de sus funciones, realicen los Fondos
de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro o
Cooperativas de Crédito, la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y
otras instituciones similares legalmente establecidas, así como las
adquisiciones consistentes en las adjudicaciones que los citados organismos, con
sujeción a las reglas de publicidad y concurrencia de ofertas establecidas en la
normativa específica, acuerden en cumplimiento de sus funciones.
B) La exclusión se extenderá a las adquisiciones indirectas previstas en el
artículo 3.1 de este Real Decreto, cualquiera que sea el porcentaje de las
participaciones significativas que resulten de las referidas adjudicaciones,
cuando, a juicio de la entidad de supervisión competente, quien lo comunicará a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal exclusión resulte conveniente
para garantizar el buen fin y viabilidad financiera de la operación de
saneamiento de que se trate, en función del coste de tales adquisiciones
indirectas.
C) Aquellos en los que todos los accionistas de la sociedad afectada acuerden
por unanimidad la venta o permuta de todas las acciones representativas del
capital de la sociedad o renuncien a la venta o permuta de sus valores en
régimen de oferta pública de adquisición.
D) d) Aquellas adquisiciones en las que, tratándose de una situación que haya
sido calificada por el Servicio de Defensa de la Competencia como de control
conjunto de la sociedad por parte del adquirente, de acuerdo con la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, concurran simultáneamente las
siguientes condiciones:
1ª Antes de producirse la adquisición, los socios que ejercen el control
conjunto disponen conjuntamente de una participación en la sociedad superior al
50 por cien y han designado entre ellos más de la mitad de los miembros de su
órgano de administración.
2ª Como consecuencia de la adquisición, no se incrementará el número de
consejeros designados por el adquirente.
3ª El aumento de la participación en el capital que ostenta el adquirente no
supera el seis por cien en un periodo de 12 meses, sin que en ningún caso
aquélla pueda alcanzar o sobrepasar el 50 por cien.
E) Aquéllos en los que todos los accionistas de la sociedad afectada acuerden
por unanimidad la venta o permuta de todas las acciones representativas del
capital de la sociedad.
Aquellos en los que un sujeto adquiera una participación significativa como
consecuencia de la conversión o capitalización de créditos en acciones por
efecto de un convenio alcanzado dentro de un procedimiento concursal, siempre
que el titular de dichos créditos sea el titular originario, y no por cesión de
éstos.
F) Las adquisiciones que se produzcan como consecuencia de la reordenación o
reestructuración de sectores económicos cuando así lo acuerde a estos efectos la
comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.
5. Oferta pública de adquisición en caso de modificación de estatutos.
1. Toda persona física o jurídica que, siendo titular de acciones que
representen más del 50 % de los votos de una sociedad admitida a negociación en
Bolsa de Valores, pretenda, por primera vez desde que hubiese adquirido o
recuperado tal porcentaje de derechos de voto, modificar los estatutos de dicha
sociedad, deberá formular previamente una oferta pública de adquisición dirigida
al resto de las acciones con voto de dicha sociedad. Se entenderá que quien
posea el citado porcentaje del 50 % de los derechos de voto pretende modificar
los estatutos de la sociedad siempre que el órgano de administración de la misma
acuerde someter a la Junta general una propuesta de modificación de los
estatutos.
2. No se aplicarán, sin embargo, las reglas establecidas en el número anterior
cuando accionistas que representen, al menos, la mayoría de los votos no
poseídos por quien resultaría obligado a promover la oferta manifiesten por
escrito su acuerdo con la modificación estatutaria de que se trate.
En particular, se entenderá que han manifestado tal acuerdo los accionistas que
otorguen su representación a la persona obligada a formular la oferta para que
vote a favor de la modificación en la correspondiente Junta general, siempre que
a dicho fin se cumpla lo previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley de
Sociedades Anónimas, con indicación expresa de que se conoce la obligación
subsiguiente de formular una oferta pública de adquisición.
3. Para la determinación de la existencia y alcance de la obligación establecida
en este artículo se aplicarán las reglas contenidas en el apartado 7 del
artículo 1 y en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 2.
4. La naturaleza de la contraprestación y el precio mínimo al que deberá
realizarse la oferta pública se fijaran según lo previsto en el número 3 del
artículo 7.
6. Excepciones .
No será de aplicación la obligación prevista en el artículo anterior en los
siguientes supuestos:
Aquéllos en los que las modificaciones estatutarias tengan por objeto exclusivo
la modificación de la denominación o domicilio social, el aumento del capital
social con aportaciones dinerarias o la reducción del capital social para
compensar pérdidas o dotar la reserva legal, o vengan impuestas por normas
legales o reglamentarias, o por resoluciones judiciales o administrativas.
Aquéllos en los que se trate de modificaciones estatutarias respecto de las
cuales la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en contestación a consulta
previa formulada por la sociedad, haya considerado innecesaria la oferta
pública, en atención a la escasa relevancia de las modificaciones estatutarias
previstas.
Cuando en el momento de la admisión a negociación en Bolsa de las acciones de la
sociedad, o con anterioridad al 29 de julio de 1989, la persona que resultaría
obligada a formular la oferta ya ostentara, al menos, un 50 % de los derechos de
voto, salvo que con posterioridad su participación descendiera por debajo de tal
porcentaje.
Cuando una persona física o jurídica hubiera realizado en los últimos doce
meses, con resultado positivo, una oferta pública de adquisición de la totalidad
del capital de la sociedad afectada, y como resultado de ella hubiera alcanzado
un porcentaje del capital social igual o superior al 50 %.
7. Oferta pública de adquisición en caso de exclusión de la negociación .
1. Cuando una sociedad que tenga valores admitidos a negociación en Bolsa
acuerde su exclusión de la misma, la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
si, examinados los eventuales procedimientos que la sociedad hubiera establecido
para proteger los intereses de los titulares de los valores, considerara que la
exclusión puede lesionar los legítimos intereses de dichos titulares, podrá
condicionarla a que por la sociedad se promueva una oferta pública de
adquisición en los términos previstos en este artículo, para proceder a su
amortización, salvo que por concurrir los requisitos contemplados en el artículo
75 de la Ley de Sociedades Anónimas, esta amortización no sea necesaria.
2. La oferta pública deberá extenderse a todas las acciones afectadas por la
exclusión, así como a todas las obligaciones convertibles en acciones y demás
valores que den derecho a su suscripción o adquisición.
No obstante lo anterior, no será preciso extender la oferta a aquellos
accionistas que hubieran votado a favor de la exclusión en la Junta general, y
que, además, inmovilicen sus valores hasta que transcurra el plazo de aceptación
al que se refiere el artículo 19 de este Real Decreto. En el folleto explicativo
de la oferta pública se expresará con claridad tal circunstancia, y se
identificaran los valores que hayan quedado inmovilizados, así como la identidad
de sus titulares.
3. La oferta pública solo podrá formularse como compraventa, debiendo consistir
en dinero la totalidad de la contraprestación.
El precio ofrecido, que deberá ser objeto de autorización expresa por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de explicación en el folleto de la
oferta, no podrá ser inferior al que resulte de tomar en cuenta, de forma
conjunta y con justificación de su respectiva relevancia, al menos los
siguientes criterios, apreciados con referencia al momento en que se formule la
oferta:
Valor teórico contable de la sociedad.
Valor liquidativo de la sociedad.
Cotización media de los títulos durante el semestre inmediatamente anterior al
del acuerdo de solicitud de exclusión, cualquiera que sea el número de sesiones
en que se hubieran negociado.
Precio de la contraprestación ofrecida con anterioridad, en el supuesto de que
se hubiese formulado alguna oferta pública de adquisición en el ultimo año, a
contar de la fecha del acuerdo de solicitud de exclusión.
4. Los valores quedarán excluidos de la negociación cuando se haya liquidado la
operación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.
8. Ofertas públicas de adquisición voluntarias.
Aun cuando no resulten obligatorias, según lo previsto en los artículos
anteriores, podrán formularse ofertas públicas de adquisición de acciones, o de
otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o
adquisición.
Cuando se refieran a valores admitidos a negociación en Bolsa de valores, tales
ofertas públicas deberán ser autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y dirigirse a todos los titulares de los valores a los que se refieran,
quedando sujetas a las mismas reglas y procedimientos establecidos para las
ofertas públicas obligatorias previstas en el artículo 1 de este Real Decreto.
9. Reducción de capital mediante adquisición de acciones propias.
Cuando la reducción del capital de una sociedad cotizada se realice mediante la
compra por ésta de sus propias acciones para su amortización, será de
aplicación, sin perjuicio de los requisitos mínimos previstos en el artículo 170
de la Ley de Sociedades Anónimas, lo establecido en el presente Real Decreto.
10. Contraprestaciones ofrecidas.
1. Salvo en aquellos supuestos previstos en este Real Decreto en los que sólo
quepa contraprestación en dinero, las ofertas públicas de adquisición podrán
formularse como compraventa, como permuta o como ambas cosas a la vez, y deberán
asegurar la igualdad de trato de los titulares de valores que se encuentren en
iguales circunstancias.
2. En caso de compraventa, la contraprestación en dinero se expresará en pesetas
para cada valor unitario.
3. Las permutas que se propongan serán claras en cuanto a la naturaleza,
valoración y características de los valores que se ofrezcan en canjes, así como
en cuanto a las proporciones en que hayan de producirse.
4. En caso de permuta, solo podrán ofrecerse en canje valores admitidos a
negociación en Bolsa de valores española o en Bolsa radicada en algún Estado
miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E.),
o valores a emitir por la propia sociedad oferente, siempre que su capital esté
total o parcialmente admitido a negociación, que la emisión de los valores esté
sujeta a la preceptiva verificación y registro por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y que el oferente adquiera el compromiso expreso de
solicitar la admisión a negociación de los nuevos valores en un plazo de tres
meses, a partir de la publicación del resultado de la oferta.
5. Cuando la contraprestación ofrecida consista, total o parcialmente, en
valores a emitir por la sociedad oferente, el órgano de administración, en la
misma sesión en que acuerde formular la oferta, deberá acordar la convocatoria
de la Junta general, que habrá de decidir acerca de la emisión de los valores
ofrecidos en contraprestación.
El anuncio de la convocatoria de la Junta, previsto en el artículo 97 de la Ley
de Sociedades Anónimas, deberá ser publicado en el mismo plazo que establece el
artículo 18 de este Real Decreto para la difusión del contenido de la oferta.
La Junta deberá fijarse, en primera convocatoria, para el decimoquinto día a
partir del día siguiente al de publicación de los anuncios, debiendo mediar
entre la primera y segunda convocatoria un plazo máximo de cuarenta y ocho
horas.
En todo caso, el plazo de aceptación de la oferta se ampliará quince días, a
partir de la celebración de la Junta general que apruebe el aumento de capital.
La ampliación deberá acordarse por la cuantía máxima necesaria para dar
cumplimiento a la oferta presentada, y con posibilidad de suscripción
incompleta.
6. En el supuesto previsto en el número anterior, se entenderá que no existe el
derecho de suscripción preferente contemplado en el artículo 158 del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para los antiguos accionistas y
titulares de obligaciones convertibles.
11. Garantías de la oferta.
1. El oferente deberá acreditar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
la constitución de las garantías que aseguren el cumplimiento de las
obligaciones resultantes de la oferta. En el caso de que esta condición no
quedara suficientemente acreditada en los plazos que, en su caso, correspondan
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.a), y sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera incurrir el oferente, la oferta se tendrá a
todos los efectos por no presentada, haciéndose pública dicha circunstancia.
2. Cuando la contraprestación ofrecida consista en dinero, las garantías podrán
constituirse en dinero o fondos públicos, o mediante aval de entidad de crédito.
3. Cuando la contraprestación ofrecida consista en valores ya emitidos, deberá
justificarse la disponibilidad de los mismos y su afectación al resultado de la
oferta.
4. Cuando la contraprestación ofrecida consista en valores a emitir por la
sociedad oferente, sus administradores deberán, en relación con la Junta general
a que se refiere el número 5 del artículo 10 de este Real Decreto, actuar de
modo no contradictorio con la decisión de formular la oferta. Si, atendidas las
circunstancias del caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores apreciara
un insuficiente grado de seriedad en la formulación de la oferta, podrá
exigirles caución en garantía de las responsabilidades en que pudieran incurrir
por los perjuicios que pudieran ocasionarse en el supuesto de que no llegue a
producirse en los términos previstos la emisión de los correspondientes valores.
El levantamiento de tal caución tendrá lugar una vez acordado el aumento de
capital, y, en su caso, cuando hayan transcurrido seis meses desde la
publicación de los anuncios a que se refiere el artículo 18 de este Real Decreto
sin que se haya acreditado por ningún interesado la existencia de reclamaciones
en vía judicial relacionadas con las mencionadas responsabilidades.
CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA
12. Presentación de la oferta.
1. Toda persona física o jurídica que pretenda realizar una oferta pública de
adquisición de valores deberá solicitar autorización a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Al escrito de solicitud se acompañará un folleto explicativo
de la oferta y la documentación que resulte necesaria, de acuerdo con lo
previsto en este Real Decreto.
Dichos documentos deberán ser suscritos por el oferente o persona con poder para
obligarle y contendrán la información necesaria para que las personas a quienes
vaya dirigida la oferta puedan formular un juicio fundado sobre ella.
2. Cuando el oferente sea una persona jurídica, la decisión de promover la
oferta pública corresponderá a su órgano de administración, salvo cuando dicha
decisión se adopte por la propia Junta general u órgano equivalente.
13. Suspensión de la negociación de los valores.
1. Una vez recibida la solicitud de autorización, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores acordará la suspensión cautelar de la negociación bursátil de
los valores afectados por la oferta. El acuerdo de suspensión indicará que ésta
se debe a la presentación de la oferta pública de adquisición.
2. La suspensión cautelar se comunicará de inmediato a las sociedades rectoras
de las Bolsas de valores en las que estuvieran admitidos a negociación los
valores afectados, en su caso, a la Sociedad de Bolsas, y, además, al Consejo
General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio y al Consejo General
del Notariado.
3. Durante el período de suspensión de la negociación bursátil de los valores,
las sociedades y agencias de valores y los fedatarios públicos deberán poner en
conocimiento de las sociedades rectoras de las Bolsas de valores de las que sean
miembros o del correspondiente colegio, según proceda, a más tardar al día
siguiente de la operación, las operaciones sobre los valores afectados por la
suspensión en que hubieran intervenido, con indicación del transmitente y el
adquirente, el título o causa de la transmisión, fecha de ésta, y la
contraprestación recibida. Las señaladas sociedades rectoras y colegios
comunicarán dicha información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en
el plazo de dos días a contar desde la fecha en que tuvieran conocimiento de las
operaciones.
4. La suspensión cautelar quedará sin efecto al día siguiente de la publicación
de cualquiera de los anuncios de la oferta pública a que se refiere el artículo
18, o cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores así lo disponga.
14. Limitación de la actuación del órgano de administración de la sociedad
afectada y de las de su grupo .
1. A partir de la publicación de la suspensión de la negociación de las acciones
de la sociedad afectada y hasta la publicación del resultado de la oferta, el
órgano de administración de la sociedad afectada se abstendrá de realizar o
concertar cualesquiera operaciones que no sean propias de la actividad ordinaria
de la sociedad o que tengan por objeto principal perturbar el desarrollo de la
oferta, debiendo en todo momento hacer prevalecer los intereses de los
accionistas sobre los suyos propios.
En particular, no podrá:
A) Acordar la emisión de acciones, obligaciones de cualquier clase y otros
valores o instrumentos que den derecho a la suscripción o adquisición de
aquéllas, excepto cuando se trate de ejecutar previos acuerdos concretos al
respecto, autorizados por la Junta general.
B) Efectuar directa o indirectamente operaciones sobre los valores afectados por
la oferta con la finalidad de perturbar ésta.
C) Proceder a la enajenación, gravamen o arrendamiento de inmuebles u otros
activos sociales, cuando puedan frustrar o perturbar la oferta pública.
2. Las limitaciones previstas en el número anterior se aplicarán también a las
sociedades del grupo de la sociedad afectada y a quienes pudieran actuar
concertadamente con ésta.
15. Contenido del folleto .
1. El folleto explicativo de la oferta, que deberá ser suscrito en todas sus
hojas por persona con representación suficiente se redactará de tal manera que
resulte fácil el análisis y comprensión de su contenido, comprenderá la
información siguiente:
Elementos subjetivos de la oferta:
Denominación y domicilio de la sociedad afectada.
Nombre y domicilio del oferente o, cuando sea una persona jurídica, denominación
o razón social, domicilio y objeto social.
Entidades que pertenezcan al mismo grupo que el oferente, con indicación de la
estructura del grupo.
Personas responsables del folleto.
Relación de los valores de la sociedad afectada de los que sean titulares
directa o indirectamente el oferente, las sociedades de su mismo grupo, otras
personas que actúen por cuenta del oferente o concertadamente con él y, de ser
el oferente una persona jurídica, los miembros de sus órganos de administración,
con indicación de los derechos de voto correspondientes a los valores y de la
fecha y precio de los adquiridos en los últimos doce meses.
Cuando el oferente sea una sociedad, los valores de dicha sociedad en poder de
la sociedad afectada, con indicación de los derechos de voto que les
corresponda.
Eventuales acuerdos, expresos o no, entre el oferente y los miembros del órgano
de administración de la sociedad afectada; ventajas específicas que el oferente
haya reservado a dichos miembros; y, de darse cualquiera de las anteriores
circunstancias, referencia a los valores de la sociedad oferente poseídos por
dichos miembros.
Información sobre la actividad y situación económico-financiera de la sociedad
oferente, con identificación de su patrimonio, cifra de negocios, activos
totales, endeudamiento y resultados, y referencia expresa a cualquier salvedad o
indicación relevante que conste en los informes de auditoría en relación con
ellos. Cuando la sociedad oferente forme parte de un grupo, la citada
información deberá referirse no sólo a la sociedad oferente, sino también a los
estados financieros del grupo consolidado.
Elementos objetivos de la oferta:
Valores a los que se extiende la oferta.
Contraprestación ofrecida por los valores.
Cuando la contraprestación consista total o parcialmente en canje por otros
valores emitidos por sociedad distinta de la oferente, se incluirá en el
folleto:
Información sobre la situación económico-financiera de la sociedad emisora, con
detalle similar al señalado en la letra g) del epígrafe I) precedente, de forma
que resulte posible formar adecuado juicio sobre la estimación del valor
ofrecido.
Derechos y obligaciones que incorporen los valores, con expresa referencia a las
condiciones y a la fecha a partir de la cual dan derecho a participar en
beneficios, así como mención expresa de si gozan o no de derecho de voto.
Valoración realizada por experto independiente.
Número máximo de valores a los que se extiende la oferta y, en su caso, número
mínimo de valores a cuya adquisición se condicione la efectividad de la oferta.
En este ultimo supuesto, la diferencia entre el número máximo y mínimo de
valores habrá de ser igual o superior al 20 % del referido número máximo.
Garantías constituidas por el oferente para la liquidación de su oferta.
Declaración relativa a un posible futuro endeudamiento del oferente así como, en
su caso, de la sociedad afectada para la financiación de la oferta.
Elementos formales:
Plazo de aceptación de la oferta.
Formalidades que deben cumplir los destinatarios de la oferta para manifestar su
aceptación, así como la forma y plazo en el que recibirán la contraprestación.
Gastos de aceptación y liquidación de la oferta que sean de cuenta de los
destinatarios, o distribución de los mismos entre el oferente y aquéllos.
Designación de las Sociedades o agencias de Valores y Bolsa que actúen por
cuenta del oferente.
Otras informaciones:
Finalidad perseguida con la adquisición, mencionando expresamente las
intenciones del oferente sobre la actividad futura de la sociedad afectada. Se
incluirán, en su caso, eventuales planes relativos a la utilización de activos
de la sociedad afectada, y los que se refieran a los órganos de administración
de la sociedad afectada, así como las modificaciones de los estatutos de la
sociedad afectada y las iniciativas con respecto a la cotización de los títulos
de dicha sociedad.
Posibilidad o no de que el resultado de la oferta quede afectado por la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia o por el Reglamento (CEE)
número 4064/1989 del Consejo de las Comunidades Europeas, y, en su caso,
eventuales actuaciones que pretenda o deba iniciar el oferente ante los órganos
de defensa de la competencia, con indicación de sus posibles consecuencias de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38.
2. El folleto podrá contener cualquier otra información que el oferente
considere oportuno incluir.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir al oferente que incluya
en el folleto cuanta información adicional estime necesaria, y que aporte la
documentación complementaria que entienda conveniente.
Asimismo, la Comisión podrá incluir en el folleto advertencias y consideraciones
que faciliten su análisis y comprensión.
Tipo de garantías constituidas por el oferente para la liquidación de su oferta
y, una vez presentada, la documentación acreditativa de aquéllas, identidad de
las entidades financieras con las que hayan sido constituidas, en su caso, y su
importe.
3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá eximir de la obligación de
incluir en el folleto algunas de las informaciones señaladas en este artículo
cuando no estén a disposición del oferente, siempre que no afecten a hechos o
circunstancias esenciales para formular un juicio fundado sobre la oferta.
16. Documentación que ha de acompañar al folleto de la oferta.
1. Además del folleto explicativo de la oferta, deberá aportarse la siguiente
documentación:
Documento acreditativo de la garantía de la oferta. En el supuesto de que ésta
se haya constituido mediante aval de entidad crédito, los documentos
acreditativos podrán presentarse dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación del acuerdo de suspensión de la negociación de los valores a que se
refiere el artículo 13.
Autorización o verificación administrativa, si la operación lo requiere.
Modelo de los anuncios a publicar de acuerdo con el artículo 18.
2. En el supuesto en que el oferente sea una persona jurídica:
Certificado del acuerdo de promover la oferta pública de adquisición adoptado
por el órgano competente.
Certificación del Registro Mercantil acreditativa de la constitución de la
sociedad oferente y de las posteriores modificaciones estatutarias.
Auditoría de cuentas de los estados financieros de la sociedad oferente y, en su
caso, de su grupo, correspondiente, al menos, al último ejercicio cerrado o
aprobado.
3. Cuando la contraprestación consista en valores ya emitidos por una sociedad
distinta de la oferente, auditoría de cuentas de los estados financieros de la
sociedad emisora y, en su caso, de su grupo, correspondiente, al menos, al
último ejercicio, así como los datos previstos en el apartado b) del número
anterior.
17. Autorización de la oferta.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores examinará el folleto presentado y
la documentación adjunta al mismo, autorizando o denegando la oferta. La
Comisión podrá recabar del oferente la aportación de la información adicional
necesaria.
2. El acuerdo de denegación deberá ser motivado y fundamentarse en el
incumplimiento de lo previsto en el presente Real Decreto o en la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable.
3. El acuerdo de autorización o denegación deberá adoptarse en un plazo de
quince días hábiles a partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, de
la información adicional requerida.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley del Mercado de Valores,
el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pondrá fin a la vía
administrativa, siendo recurrible ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará el acuerdo adoptado al
oferente, a la sociedad afectada, y a las sociedades rectoras de las Bolsas, así
como al Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio y al
Consejo General de Notariado.
18. Publicación de la oferta.
1. Una vez notificada al oferente la autorización, deberá este proceder, en el
plazo máximo de cinco días hábiles, a la difusión pública y general de la
oferta. A dicho fin habrá de publicar los anuncios correspondientes en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el Boletín de Cotización de las
Bolsas de Valores donde los valores afectados estén admitidos a negociación y en
dos periódicos como mínimo, uno de ellos de difusión nacional y el otro de entre
los de mayor circulación en el lugar de domicilio de la sociedad afectada.
2. Los anuncios, cuya repetición o ampliación podrá ser exigida por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, contendrán los datos esenciales de la oferta
pública que consten en el folleto e indicarán los lugares en donde dicho folleto
y documentación se encuentran a disposición de los interesados.
3. En todo caso, el oferente, desde el día siguiente de la publicación del
primer anuncio, pondrá a disposición de los interesados ejemplares del folleto
explicativo de la oferta, así como la documentación que ha de acompañar al mismo
prevista en el artículo 16 del presente Real Decreto depositándolos, como
mínimo, en las Sociedades rectoras de las Bolsas de Valores en las que estén
admitidos a negociación los valores afectados, en el domicilio del oferente, en
el de la sociedad afectada y en las Sociedades o agencias de Valores y Bolsa que
actúen por cuenta del oferente.
19. Plazo de aceptación.
1. El plazo para la aceptación de la oferta se fijará por el oferente, no siendo
inferior a un mes ni superior a dos meses, contados a partir de la fecha de
publicación del primer anuncio a los que se refiere el artículo 18.
2. Siempre que no se rebase el límite máximo fijado en el párrafo precedente, el
promotor de la oferta podrá prorrogar el plazo inicialmente concedido, previa
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y previo anuncio de
la prórroga en los mismos medios en que hubiera sido publicado el anuncio de la
oferta, con antelación de al menos tres días a la finalización del plazo
inicial.
3. Tratándose de ofertas condicionadas conforme a lo previsto en el artículo 21,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá ampliar el plazo previsto en
el anterior apartado 1, con objeto de que la sociedad afectada pueda celebrar
una junta general para que el consejo de administración informe a los
accionistas sobre las condiciones de la oferta y, en su caso, se adopten los
acuerdos que correspondan. La prórroga se anunciará de acuerdo con lo señalado
en el apartado 2.
20. Informe del órgano de administración de la sociedad afectada.
1. El órgano de administración de la sociedad afectada deberá redactar un
informe detallado sobre la oferta pública de adquisición, que deberá contener
sus observaciones a favor o en contra, y manifestar expresamente si existe algún
acuerdo entre la sociedad afectada y el oferente, o entre éste y los miembros
del órgano de administración de aquélla, así como la opinión de estos respecto a
la oferta, y la intención de aceptar la oferta por aquellas que sean titulares
de valores afectados.
2. El informe del órgano de administración de la sociedad afectada deberá ser
publicado en cualquiera de las formas previstas en el artículo 18.1, por la
propia sociedad, en el plazo máximo de diez días a partir de la fecha de
recepción por aquel de la comunicación señalada en el artículo 17.4.
Con carácter previo a su publicación, se remitirá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para que la incorpore al expediente de la oferta pública, y a
la representación de los trabajadores de la sociedad afectada.
CAPÍTULO III
MODIFICACIÓN, DESISTIMIENTO Y CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OFERTA
21. lrrevocabilidad y condiciones de la oferta.
Las ofertas públicas de adquisición serán irrevocables sin que haya lugar a su
modificación, desistimiento o cesación de efectos sino en los casos y forma
previstos en este real decreto.
Sin perjuicio de lo anterior, es admisible someter la eficacia de las ofertas
públicas de adquisición a condiciones cuyo cumplimiento implica la adopción de
acuerdos por los órganos sociales de la sociedad afectada.
22. Modificación de las características de la oferta.
1. Se podrán modificar las características de la oferta en cualquier momento
anterior a los últimos siete días hábiles previstos para su aceptación, siempre
que tal revisión implique un trato más favorable para los destinatarios de la
oferta, ya sea porque extienda la oferta inicial a un porcentaje superior del
capital, ya porque mejore la contraprestación ofrecida. La modificación deberá
respetar el principio de igualdad de trato para todos los destinatarios que se
encuentren en iguales circunstancias.
2. La decisión modificativa legalmente adoptada se acreditará por quien hubiese
promovido la oferta mediante documento en el que figuren detalladamente las
modificaciones de las características de la oferta, con referencia expresa a
cada uno de los puntos del folleto inicial a que afecten y con mención detallada
y separada de las causas determinantes de la modificación. Las modificaciones
deberán describirse con la misma precisión, extensión y exactitud que los puntos
modificados.
3. La modificación de las condiciones de la oferta deberá ser sometida a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, quedando automáticamente prorrogado en
siete días el plazo de aceptación de la oferta.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de considerarlo necesario para el
mejor análisis de la modificación propuesta, podrá prorrogar adicionalmente el
plazo de aceptación de la oferta, publicándose dicha ampliación en la forma
prevista en el artículo 18.
4. Aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la modificación se
publicará en la forma prevista en el artículo 18 antes de la finalización del
plazo de aceptación de la oferta, prorrogada de acuerdo con lo previsto en el
número 3.
5. Será de aplicación a la modificación lo previsto en el artículo 20, si bien
el plazo para la emisión del informe del órgano de administración será de cinco
días contados desde que reciba la comunicación relativa a la modificación.
6. Salvo declaración expresa en contrario, sujeta a los mismos requisitos
establecidos para la aceptación de la primera oferta, se entenderá que los
destinatarios de la oferta que la hubieran aceptado con anterioridad a su
modificación se adhieren a la oferta revisada.
7. Lo señalado en los números anteriores se entiende sin perjuicio de lo
previsto para el caso de ofertas competidoras, en cuyo caso se estará a lo
establecido en el Capítulo V de este Real Decreto.
23. Limitación de la actuación del oferente y modificación automática de la
oferta.
1. Cuando la contraprestación de la oferta consista en valores, o en metálico y
valores, el oferente no podrá adquirir valores de la sociedad afectada hasta la
publicación del resultado de la oferta.
2. Cuando la contraprestación de la oferta consista exclusivamente en dinero, la
adquisición por el oferente, desde la presentación de la oferta a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores hasta la publicación de sus resultados, de
valores objeto de la oferta por precio superior al fijado en el folleto o en sus
modificaciones, determinará automáticamente la elevación del precio ofrecido
hasta el más alto de los satisfechos, y que se tengan por no puestos los límites
mínimo y máximo a los que pudiera haberse sujetado la oferta. En estos casos
deberán ampliarse, en cuanto proceda, las garantías ya aportadas.
3. Cuando la oferta pública de adquisición no se hubiera extendido a la
totalidad de los valores de la sociedad afectada y hubiera tenido resultado
positivo, el oferente, en un plazo de seis meses, a contar desde la publicación
del resultado de la oferta, no podrá adquirir valores de la sociedad afectada,
directamente o de forma concertada, sin formular nueva oferta pública de
adquisición, en las mismas condiciones que la precedente, pero dirigida a la
totalidad de los valores de la sociedad afectada. Transcurrido dicho plazo,
serán de aplicación las reglas generales previstas en el artículo 1 de este Real
Decreto.
24. Desistimiento y cese de efectos de la oferta.
1. El oferente únicamente podrá desistir de la oferta en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se presente una oferta competidora, según lo previsto en el Capítulo
V.
b) Cuando la Junta general de la sociedad oferente adopte un acuerdo contrario a
la propuesta de aumento de capital social, en el caso de que los valores
ofrecidos en canje sean de nueva emisión.
c) En los supuestos previstos en el apartado segundo, en los párrafos b) y c)
del apartado cuarto y en los párrafos b) y c) del apartado séptimo del artículo
37.d) Cuando, por circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del
oferente, la oferta no pueda realizarse, siempre que se obtenga previa
conformidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior, la
oferta quedará sin efecto cuando no sea aceptada por el volumen mínimo de
capital al que, en su caso, se hubiera condicionado, salvo cuando el oferente en
fase de liquidación renuncie a la condición adquiriendo todos los valores
ofrecidos.
Tratándose de otras condiciones impuestas, la oferta quedará sin efecto cuando
el último día del periodo de aceptación, en su caso prorrogado conforme a lo
previsto en este real decreto, las condiciones no se hubieran cumplido, salvo
que el oferente renuncie a este cumplimiento.
En este último supuesto, resultará aplicable lo previsto en el artículo 22.6.
3. La decisión de desistir de la oferta, con indicación expresa y detallada de
su motivo, se comunicará inmediatamente por el oferente a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Igualmente se comunicarán las demás causas que dejen sin
efecto la oferta.
Tales comunicaciones se harán públicas en la forma prevista en el artículo 18.1,
en el plazo máximo de dos días desde que fueran recibidas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
4. Una vez publicado el desistimiento de la oferta o la causa que la deje sin
efecto, quedarán ineficaces las aceptaciones que se hubieren prestado a la
misma, corriendo a cargo del oferente los gastos ocasionados por la aceptación.
CAPÍTULO IV
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES
25. Declaración de aceptación de la oferta.
1. Las declaraciones de aceptación de la oferta podrán realizarse a través de
cualquier Sociedad o agencia de valores y Bolsa, debiendo efectuarse de acuerdo
con lo señalado en el folleto. Los miembros del mercado comunicarán al día
siguiente a las respectivas sociedades rectoras las declaraciones de aceptación
recibidas, y al oferente a través de los representantes designados en el
folleto.
2. Salvo lo establecido en contrario en el presente Real Decreto, las
declaraciones de aceptación serán irrevocables, careciendo de validez si se
sometieran a condición.
26. Información sobre las aceptaciones recibidas.
1. Durante el plazo de aceptación, el oferente y la Sociedad rectora de la Bolsa
de valores en que estén admitidos a negociación los valores afectados deberán
facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando ésta lo
solicite, información sobre el número de aceptaciones presentadas de las que
tuvieran conocimiento.
2. Durante el plazo previsto en el número anterior los interesados podrán
obtener información sobre el número de aceptaciones presentadas bien en el
domicilio social del oferente, bien en el de sus representantes.
27. Publicación del resultado de la oferta.
1. Transcurrido el plazo de aceptación señalado en el folleto o el que resulte
de su prórroga o modificación, y en un plazo que no excederá de cinco días, las
sociedades rectoras comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación
presentadas.
2. Conocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el total de
aceptaciones, comunicará en el plazo de tres días a las Sociedades rectoras de
las Bolsas de valores en que estén admitidas a negociación los valores y, en su
caso, a la Sociedad de Bolsas, al oferente y a la sociedad afectada el resultado
positivo o negativo, según se haya alcanzado o no el número mínimo de títulos
señalados en la oferta. Las Sociedades rectoras publicarán dicho resultado, con
su alcance concreto, al día siguiente en el Boletín de cotización.
28. Liquidación de la oferta pública.
1. Las ofertas públicas de adquisición que hubieran alcanzado resultado positivo
cuando la contraprestación consista en dinero, se liquidarán por el
procedimiento establecido para ello por el Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, considerándose fecha de la correspondiente operación
bursátil la del día de publicación del resultado de la oferta en el Boletín de
Cotización.
2. Cuando la contraprestación hubiera consistido en una permuta de valores, la
oferta pública de adquisición se liquidará en la forma prevista en el folleto.
3. Liquidada la operación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
autorizará el levantamiento de la garantía ofrecida. Podrán acordarse
reducciones parciales de la misma, en cuanto no perjudiquen al proceso de
liquidación pendiente.
29. Reglas de distribución y prorrateo.
1. Cuando el número total de valores comprendidos en las declaraciones de
aceptación hubiese superado el limite máximo de la oferta, para la liquidación
de la operación se aplicarán las siguientes reglas:
1. Distribución lineal: Se comenzará la distribución adjudicando a cada
aceptación un número igual de títulos, que será el que resulte de dividir el 25
% del total de la oferta entre el número de aceptaciones.
Las aceptaciones que se hubiesen realizado por un número de valores inferior al
mencionado en el párrafo precedente se atenderán íntegramente.>br>Se considerará
como una sola aceptación las diversas que hubiese podido realizar, directa o
indirectamente, una sola persona física o jurídica.
2. Distribución del exceso:
La cantidad no adjudicada según la regla anterior se distribuirá de forma
proporcional al número de valores comprendidos en cada aceptación.
2. Las Sociedades rectoras de las Bolsas de valores coordinarán sus actuaciones
para determinar el número de valores que haya de ser adjudicado a cada
aceptación en los casos en que, debiendo aplicarse las reglas de distribución y
prorrateo del apartado anterior, los valores objeto de la oferta estén admitidos
a negociación en varias Bolsas.
30. Resultado negativo de la oferta.
1.En caso de que la oferta quede sin efecto por no alcanzarse el número mínimo
de valores al que se hubiera condicionado, o, en general, por no haberse
cumplido las condiciones impuestas, las entidades o personas que hubieran
recibido las aceptaciones por cuenta del oferente estarán obligadas a la
devolución de los documentos acreditativos de la titularidad de los valores que
les hubieran sido entregados por los aceptantes.
Todos los gastos de la devolución serán por cuenta del oferente.
2. El oferente, las sociedades pertenecientes a su grupo, los miembros de su
órgano de administración, su personal de alta dirección y quienes hayan
promovido la oferta en su propio nombre pero por cuenta del oferente o de forma
concertada con éste, no podrán promover otra oferta pública de adquisición
respecto de los mismos valores hasta transcurridos seis meses, contados a partir
de la fecha de publicación del resultado en que quedó sin efecto la oferta, ni
adquirir valores durante dicho período en cuantía que determine la obligación de
formularla.
CAPÍTULO V
OFERTAS COMPETIDORAS
31. Definición.
Se considerarán ofertas competidoras las ofertas públicas de adquisición que
afecten a valores sobre los que en todo o en parte haya sido, previamente,
presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores otra oferta pública de
adquisición cuyo plazo de aceptación no esté finalizado, y siempre que concurran
los requisitos del artículo 33.
32. Autorización de la oferta competidora.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizará las ofertas públicas
competidoras y las mejoras a que se refiere el artículo 36, siempre que cumplan
las disposiciones generales de este real decreto y las específicas contenidas en
este capítulo.
2. Las personas que actúen de forma concertada con el oferente o pertenezcan a
su mismo grupo, y aquéllas que de forma directa o indirecta actúen por cuenta de
él, no podrán presentar una oferta competidora.
3. Si la oferta competidora se presentara antes de la publicación de los
anuncios de una oferta previa a los que se refiere el artículo 18, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores se lo hará saber al nuevo oferente,
manifestándole que la suya quedará sometida al régimen propio de las ofertas
competidoras, y suspenderá su tramitación hasta la autorización de la oferta
previa.
Publicada la primera oferta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dará un
plazo de 10 días al oferente que promovió la oferta competidora para que
ratifique las condiciones de ésta o, cuando fuera necesario, las mejore en la
forma que determina el artículo siguiente.
33. Condiciones de la oferta competidora.
Toda oferta competidora deberá cumplir, al menos, todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
a) Que sea presentada antes de transcurridos los 10 días naturales siguientes al
del inicio del plazo de aceptación de la última oferta precedente, siempre que
no hayan transcurrido más de 30 días naturales del inicio del plazo de
aceptación de la oferta inicial.
b) Que, teniendo por objeto, al menos, el mismo número de valores que la última
oferta precedente y siendo la contraprestación ofrecida, al menos, igual a la de
la última oferta precedente, mejore ésta, bien elevando el precio o el valor de
la contraprestación ofrecida, bien extendiendo la oferta a un número de valores
superior al de aquélla.
No obstante, cuando la mejora sea distinta de la pura elevación del precio o de
la pura extensión de la oferta a un número de valores superior, deberá
presentarse un informe de experto independiente que acredite que la oferta
mejora la última precedente.
En ningún caso se considerará que se produce una mejora cuando la efectividad de
la oferta quede condicionada a su aceptación por un número mayor de valores que
la última precedente.
c) Las contraprestaciones podrán adoptar cualquiera de las modalidades previstas
en el artículo 10.
d) Que su plazo de aceptación sea de un mes, contado a partir de la publicación
del primer anuncio a que se refiere el artículo 18.
No obstante, cuando la contraprestación de la oferta competidora consista total
o parcialmente en valores a emitir por la sociedad oferente, el plazo de
aceptación de ésta se prorrogará en la forma establecida en el artículo 10.5. En
el supuesto de que el plazo de aceptación de la oferta precedente termine con
posterioridad al de la oferta competidora, se prorrogará el plazo de ésta hasta
la terminación del de aquélla.
34. Revocación de las declaraciones de aceptación.
Una vez publicados los anuncios de la última oferta competidora, las
declaraciones de aceptación que se hubieran producido con respecto de la oferta
u ofertas anteriores podrán ser revocadas.
35. Prórroga del plazo de aceptación.
Salvo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el oferente u
oferentes precedentes decidieran retirar su oferta, el plazo de aceptación de
las mismas se prorrogará, automáticamente, hasta la expiración del plazo de
aceptación de la última oferta competidora.
36. Desistimiento y modificación de la oferta precedente.
1. El inicio del plazo de aceptación de una oferta competidora permitirá a los
oferentes de las precedentes a desistir de ellas, y deberán comunicarlo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y anunciarlo por los medios
establecidos en el artículo 18, todo ello con carácter inmediato desde que se
adopte la decisión y, en todo caso, antes de los últimos siete días del plazo de
aceptación que resulte aplicable, según lo dispuesto en el artículo 33.d) y en
el artículo 35.
2. Una vez iniciado el plazo de aceptación de la última oferta competidora
posible o, transcurrido el plazo para su presentación, cualquiera de los
oferentes, si no retira su oferta, podrá modificar sus condiciones, siempre que
cumpla los siguientes requisitos:
a) Que sean presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
quinto día hábil a efectos bursátiles en sobre cerrado.
b) Que, teniendo por objeto, al menos, el mismo número de valores que la máxima
de las competidoras y siendo la contraprestación ofrecida, al menos, igual a la
mejor de ellas, mejore las condiciones de la oferta u ofertas competidoras, bien
elevando el precio o el valor de la contraprestación ofrecida por la mejor de
ellas, bien extendiendo la oferta inicial a un número de valores superior al
máximo de las competidoras.
No obstante, cuando la mejora sea distinta de la pura elevación del precio o de
la pura extensión de la oferta a un número de valores superior, deberá
presentarse un informe de experto independiente que acredite que la oferta
mejora la última precedente.
En ningún caso se considerará que se produce una mejora cuando la efectividad de
la oferta quede condicionada a su aceptación por un número mayor de valores que
el máximo de las competidoras.
c) La contraprestación podrá adoptar cualquiera de las modalidades previstas en
el artículo 10. d) Que obtenga autorización de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.
3. Recibidas las nuevas ofertas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
acordará la suspensión cautelar de la negociación bursátil de los valores
afectados por la oferta, resultando de aplicación las condiciones establecidas
en los artículos 13 y 14.
4. No más tarde del día hábil siguiente a efectos bursátiles a aquél en que se
acuerde la suspensión de la cotización, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores procederá a la apertura de los sobres, comunicará sus condiciones a
todos los oferentes y al mercado mediante un hecho relevante, indicará qué
ofertas modificadas serán tramitadas por reunir los requisitos establecidos y
acordará el levantamiento de la suspensión.
En los dos días hábiles siguientes a la citada comunicación, cada oferente
deberá acreditar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la garantía
complementaria que, en su caso, corresponda a la modificación presentada.
5. Una vez notificada al oferente la autorización, éste deberá proceder a la
difusión de las nuevas condiciones de la oferta en los términos previstos en el
artículo 18. De ser varios los oferentes que introduzcan modificaciones, tanto
la autorización como la difusión de las nuevas condiciones deberán producirse en
las mismas fechas.
6. Difundidas las nuevas condiciones, las declaraciones de aceptación que se
hubieran producido con respecto a la oferta u ofertas anteriores podrán ser
revocadas.
7. El plazo de aceptación de las ofertas competidoras deberá extenderse hasta
los 15 días naturales siguientes a la publicación de los anuncios a que se
refiere el apartado 5, y deberá el oferente, en su caso, proceder a la
ampliación del plazo de aceptación que resulte aplicable según lo dispuesto en
los artículos 33. d) y 35, en la forma prevista en el artículo 19.2.
8. Será de aplicación a las ofertas reguladas en este artículo la obligación por
parte del órgano de administración de la sociedad afectada de emitir un informe,
en los términos previstos en el artículo 20, si bien el plazo para la
publicación del informe del órgano de administración de la sociedad afectada
será de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la
comunicación relativa a la autorización de la modificación.
9. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34, salvo declaración expresa en
contrario, sujeta a los mismos requisitos establecidos inicialmente para la
aceptación de cada una de las ofertas, se entenderá que los destinatarios de
éstas que las hubieran aceptado con anterioridad a sus modificaciones se
adhieren a las respectivas ofertas modificadas.
CAPÍTULO VI
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN
37. Procedimiento ante los órganos españoles de defensa de la competencia.
1. En el caso de que concurran los supuestos del artículo 14 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, el oferente deberá notificar
conforme al artículo 15 de la mencionada Ley la operación de concentración al
Servicio de Defensa de la Competencia en el plazo de los cinco días siguientes a
la presentación de la solicitud de autorización de la oferta a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, siempre que no la hubiera notificado al
Servicio con anterioridad.
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, si estima que pueden concurrir las circunstancias previstas
en el citado artículo 14 de la Ley 16/1989, sin que así se haya hecho constar en
el folleto presentado, pondrá la oferta en conocimiento del Servicio de Defensa
de la Competencia, a efectos de que este organismo, de estimarlo oportuno,
requiera al oferente la presentación de la notificación.
2. En el supuesto de que el Ministro de Economía remita las actuaciones al
Tribunal de Defensa de la Competencia, el Servicio de Defensa de la Competencia
deberá notificarlo al oferente el mismo día de la remisión. En este caso, el
oferente podrá desistir de la oferta siempre que lo comunique a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores al día siguiente de recibir la notificación.
3. En el supuesto de que no se levante la suspensión de la operación de
concentración, iniciado el procedimiento ante los órganos de defensa de la
competencia, no se publicarán los anuncios previstos en el artículo 18 ni
comenzará el plazo de aceptación en tanto no recaiga la autorización expresa o
tácita de la Administración.
4. En el supuesto de que se levante la suspensión de la operación, la oferta
quedará sometida a condición y, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
2, producirá los siguientes efectos:
a) Si antes de la expiración del período de aceptación de la oferta recayera
autorización tácita de la operación, surtirá la oferta todos sus efectos.
b) Si antes de la expiración del período de aceptación de la oferta recayera
resolución del Gobierno, se estará a lo que resulte de la misma, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 7.
c) Si antes de la expiración del período de aceptación de la oferta no hubiera
recaído resolución expresa o tácita, el oferente podrá desistir de la oferta.
5. En el supuesto de que el inicio del procedimiento ante el Servicio de Defensa
de la Competencia resultase del requerimiento de éste al oferente para que
presente la notificación de la operación, se estará a lo dispuesto en los
apartados anteriores, si bien no habrá lugar al supuesto de autorización tácita.
6. Si, de acuerdo con los artículos 15 bis.2 y 15 ter de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia, la operación queda autorizada, se estará
a lo dispuesto en el capítulo II de este Real Decreto. En el caso de que el
acuerdo de terminación convencional recayese una vez autorizada la oferta por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, deberá publicarse un suplemento de
folleto en el que se recojan los términos del acuerdo, que deberá ser verificado
por dicha Comisión.
7. La resolución del Gobierno producirá los siguientes efectos
a) Si el Gobierno no se opone a la operación de concentración, la oferta surtirá
plenos efectos.
b) Si el Gobierno declarase improcedente la operación propuesta, el oferente
deberá desistir de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo24.
c) Si el Gobierno sujetara su autorización al cumplimiento de alguna condición,
el oferente podrá desistir de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.
8. Los efectos derivados de la tramitación de un expediente ante los órganos de
defensa de la competencia y, en su caso, el desistimiento deberán publicarse por
los medios previstos en el artículo 18, en el plazo máximo de dos días a contar
desde la resolución administrativa tácita o expresa, o desde la fecha que
pudiera efectuarse el desistimiento por cualquier otra causa prevista
legalmente, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
9. En el caso de que con una oferta inicial que cumpla las condiciones para su
notificación obligatoria establecidas en el artículo 14 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia, concurra otra oferta que no cumpla
dichas condiciones, se suspenderá la tramitación de ésta hasta que no se
publique la precedente de acuerdo con el artículo 18 de este Real Decreto.
38. Operaciones de concentración de dimensión comunitaria.
Cuando la oferta pública de adquisición pueda implicar la existencia de una
operación de concentración de dimensión comunitaria, de las previstas en el
Reglamento (CEE) número 4064/1989 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21
de diciembre de 1989 (DOCE L 257, de 21 de septiembre), será de aplicación lo
previsto en dicho Reglamento y, en particular, el régimen de suspensión de la
operación de concentración previsto en su artículo 7.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y SANCIÓN
39. Supervisión, inspección y sanción.
Las personas o entidades que promuevan una oferta pública de adquisición, las
sociedades afectadas, las Sociedades y agencias de valores y Bolsa que actúen en
representación del oferente, los administradores de cualquiera de las entidades
anteriormente indicadas y cualquier otra persona que directa o indirectamente
intervenga por cuenta o de forma concertada con aquéllas en la oferta pública
quedarán sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción de la Ley
24/1988, de 28 de junio, del Mercado de Valores.
40. Suspensión de derechos políticos.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo
precedente, quien adquiera acciones de una sociedad cuyo capital social esté
admitido a negociación en una Bolsa de Valores y alcance o supere los
porcentajes establecidos en el artículo 1 sin haber promovido previamente una
oferta pública de adquisición, no podrá ejercer los derechos políticos derivados
de las acciones así adquiridas o que adquiera en lo sucesivo sin promover la
correspondiente oferta pública de adquisición. Igual limitación afectará a
quienes adquieran valores o instrumentos que directa o indirectamente puedan dar
derecho a la suscripción o adquisición de acciones, una vez que efectivamente se
haya producido la suscripción o adquisición de éstas, y a quienes hayan entrado
en el disfrute de los derechos políticos en caso de usufructo o prenda de
acciones.
A estos efectos, se considerarán como derechos políticos derivados de las
acciones los siguientes: el derecho de asistir y votar en las Juntas generales;
el derecho de información; el derecho de suscripción preferente; el derecho a
formar parte de los órganos de administración de la sociedad; el derecho a
impugnar los acuerdos sociales, salvo que estos sean contrarios a la Ley, y, en
general, todos aquellos que no tengan un contenido exclusivamente económico.
2. En el caso de fusiones de sociedades y tomas de control al que se refiere el
número 1 del artículo 3, la suspensión de derechos políticos se producirá de
inmediato en el caso contemplado en la letra a) del citado número. En el caso
contemplado en las letras b) y c) del citado número, la suspensión de derechos
políticos no se producirá en tanto no concluya el período de seis meses previsto
en ambos apartados sin que se hubiera producido oferta pública de adquisición,
enajenación u oferta pública de venta.
En los casos de los apartados 5 y 6 del artículo 3, la suspensión de derechos
políticos no se producirá en tanto no concluya el periodo de dos meses previsto
para solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorización de una
oferta pública de adquisición en las condiciones establecidas en el apartado 7
de ese artículo
3. Quien hubiese adquirido las acciones infringiendo la obligación de formular
una oferta pública de adquisición, sólo podrá recuperar los derechos políticos
correspondientes a las mismas mediante la formulación de una oferta pública de
adquisición sobre el resto de las acciones de la sociedad, en la que el precio
se fije con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 , o mediante la obtención
del consentimiento unánime del resto de los accionistas, manifestado
individualmente.
4. La mera reventa de las acciones adquiridas con infracción del deber de
formular una oferta pública de adquisición no impedirá la aplicación de las
sanciones administrativas correspondientes ni permitirá ejercitar los derechos
políticos de las acciones irregularmente adquiridas y que no hubieran sido
enajenadas. El adquirente de las acciones objeto de reventa solo podrá ejercitar
los derechos políticos correspondientes a aquéllas, en el supuesto de que el
adquirente no mantenga con el transmitente ninguno de los vínculos contemplados
en el artículo 2.1 del presente Real Decreto.
5. Serán nulos los acuerdos adoptados por los órganos de una sociedad cuando
para la constitución de éstos o la adopción de aquéllos hubiera sido necesario
computar las acciones cuyos derechos políticos estén suspendidos con arreglo a
lo dispuesto en el presente Capítulo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para el ejercicio
de las correspondientes acciones de impugnación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 60 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, sin perjuicio de la
legitimación que pueda corresponder a otras personas.
Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores impugne los acuerdos del
Consejo de administración de la sociedad afectada, no serán de aplicación los
plazos que para los administradores y los accionistas establece el artículo 143
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
41. Deber de abstención.
Las sociedades y agencias de valores, así como los fedatarios públicos, que en
el desarrollo de sus actividades o por razón de sus funciones tengan
conocimiento de una operación que pueda infringir la normativa de ofertas
públicas de adquisición, deberán abstenerse de intervenir en ellas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El Ministerio de Economía y Hacienda, y con su habilitación expresa, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrán dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Las ofertas públicas de adquisición respecto a las cuales se hubiera
producido antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto la comunicación
a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 279/1984, de 24 de enero, se
regirán por lo previsto en el mismo.
Segunda. Cuando el oferente fuera titular a 29 de julio de 1989 de acciones u
otros valores de la sociedad afectada que representen un porcentaje del capital
igual o superior al 20 %, el número mínimo de valores al que deberá extenderse
la oferta pública prevista en la letra a) del artículo 1.1, será del 5 %.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Real Decreto 279/1984, de 25 de enero, por el que se deroga el
Real Decreto 1848/1980, de 5 de septiembre, y se establece una nueva regulación
de las ofertas públicas de adquisición de valores mobiliarios, y la letra e) de
la disposición adicional quinta del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre
sociedades rectoras y miembros de las bolsas de valores, sociedad de bolsa y
fianza colectiva, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor conforme a las reglas generales
previstas en el Código Civil.