El Ministro de Economía y Hacienda podrá actualizar estos límites cuando se modifique el límite de aportación máxima previsto en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, sobre Regulación de planes y fondos de pensiones.

3. Los límites máximos establecidos en este artículo se aplicarán individualmente a cada partícipe integrado en la unidad familiar.

Ningún plan de pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo partícipe, directas o imputadas, por importe superior a lo previsto en los apartados anteriores sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados.

4. Los excesos que se produzcan sobre la aportación máxima establecida podrán ser retirados antes del 30 de junio del año siguiente, sin aplicación de la sanción prevista en el artículo 36.4 de la Ley sobre Regulación de planes y fondos de pensiones.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de las entidades gestoras y depositarias de no aceptar aportaciones superiores a los límites establecidos, y de la responsabilidad administrativa sancionable conforme al párrafo n) del apartado 3 del artículo 35 de la Ley sobre Regulación de planes y fondos de pensiones.

La devolución de las cuantías indebidamente aportadas se ajustará a las siguientes condiciones:

a) La devolución se realizará por el importe efectivamente aportado en exceso, con cargo al derecho consolidado del partícipe. La rentabilidad imputable al exceso de aportación acrecerá al patrimonio del fondo de pensiones, si fuese positiva, y será de cuenta del partícipe, si resultase negativa.

Si el derecho consolidado resultase insuficiente para la devolución, y el partícipe hubiera realizado aportaciones a otros planes de pensiones en el ejercicio en que se produjo el exceso, procederá la devolución del restante, aplicando las reglas anteriores con cargo a los derechos consolidados en dichos planes o a los que los derechos se hubieran movilizado en su caso.

b) Tratándose de aportaciones de promotores de planes de pensiones del sistema de empleo, procederá igualmente la devolución por el importe efectivamente aportado en exceso acreciendo al patrimonio del fondo la rentabilidad positiva imputable al mismo, siendo de cuenta del promotor sí resultase negativa.

En el supuesto de excesos por concurrencia de aportaciones del promotor y del partícipe, no procederá devolución de las aportaciones efectuadas por el promotor ajustadas a los límites establecidos en esta normativa y a las especificaciones del plan de pensiones.

Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de que los excesos de aportación resultasen de una incorrecta cuantificación o instrumentación de su cobro y de las responsabilidades que pudieran derivarse.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PLANES DE PENSIONES

Sección I

Obligaciones y derechos de contenido económico

Artículo 14. Obligaciones y derechos de contenido económico.

1. Cada Plan de Pensiones implicará unas aportaciones y unas prestaciones, de acuerdo con el sistema y la modalidad en que se inscriba el Plan y en función de las cantidades previstas en éste.

La correlación entre aportaciones y prestaciones de los beneficiarios derivará de las condiciones contractuales pactadas y de los resultados del sistema de capitalización empleado.

2. De acuerdo con las aportaciones realizadas por cada partícipe, directas o imputadas, y con el régimen financiero-actuarial aplicable en el Plan de Pensiones, se cuantificarán los derechos consolidados del correspondiente partícipe.

3. Si como consecuencia de las revisiones del sistema financiero y actuarial de los Planes de Pensiones se planteara la necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones y contribuciones, en las prestaciones previstas o en ambas, se someterá la cuestión a la Comisión de Control del Plan para que proponga lo que estime procedente, de conformidad con lo estipulado en las propias especificaciones del Plan sobre requisitos para su modificación y procedimientos a seguir para la adopción de acuerdos al respecto.

Artículo 15. Aportaciones.

1. Las contribuciones o aportaciones se realizarán por el promotor y por los partícipes, en los casos y forma que, de conformidad con la presente normativa, establezca el respectivo Plan de Pensiones.

2. Únicamente podrán realizar aportaciones los siguientes sujetos constituyentes de los Planes de Pensiones:

El promotor de un Plan sistema de empleo, en favor de sus empleados partícipes que asumirán la titularidad sobre la aportación imputada.

Los partícipes, cualquiera que sea el sistema del Plan.

3. No resultarán admisibles aportaciones o contribuciones realizadas por Entidades o personas distintas de los sujetos constituyentes mencionados en el número anterior.

Sin embargo podrán admitirse incrementos patrimoniales a título gratuito obtenidos por un Plan de Pensiones, de forma directa o a través de su Fondo de Pensiones, siempre que el importe total se impute financieramente entre los partícipes del Plan y éstos tributen según lo establecido en el número 2 del artículo 63 del presente Reglamento.

4. Necesariamente, las aportaciones directas del partícipe serán realizadas por éste, sin que la mera mediación de pago de un tercero pueda alterar la naturaleza de la renta destinada a tal aportación y su tratamiento a efectos de retenciones u otro tipo de exacción.

5. El Plan de Pensiones deberá prever las causas y circunstancias que faculten a los partícipes para modificar o suspender sus aportaciones, así como la incidencia de tales conductas en la cuantificación de los derechos consolidados y de las prestaciones.

En el caso de suspensión de las aportaciones, tanto directas como imputadas, el sujeto constituyente pasa a considerarse como partícipe en suspenso, con la categoría de elemento personal del plan de Pensiones.

6. Las aportaciones de los promotores y partícipes resultarán revisables en los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 16. Contingencias y prestaciones. 

1. Las prestaciones consisten en el reconocimiento de un derecho económico en favor de los beneficiarios de un plan de pensiones, como resultado del acaecimiento de una contingencia cubierta por el citado plan.

Las contingencias susceptibles de cobertura en un plan de pensiones podrán ser:

- Jubilación o situación asimilable.

Para la determinación de la contingencia de jubilación se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Cuando no sea posible el acceso de un partícipe de un plan de pensiones a la contingencia de jubilación, los derechos consolidados generados podrán destinarse a la obtención de una prestación equivalente a la de jubilación, a la que tendrá derecho al cumplir la edad señalada por el interesado a partir de los 60 años.

Para el reconocimiento del derecho a esta prestación, será preciso que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional y que no reúna los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación en el régimen de Seguridad Social correspondiente, sin perjuicio de que continúe o no asimilado al alta en dicho régimen.

- Situación asimilable a jubilación. Los planes de pensiones podrán prever prestaciones por situaciones asimilables a jubilación, pudiéndose considerar como tales a estos efectos cualquier supuesto de extinción o suspensión de la relación laboral de un partícipe con al menos 52 años de edad cumplidos, que determine el pase a la situación de desempleo y siempre que se inscriba como tal en el Instituto Nacional de Empleo o se encontrase en dicha situación a partir de esa edad. A estos efectos se consideran situaciones de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o suspensión del contrato de trabajo, contemplados como situaciones legales de desempleo en los apartados 1 y 2 del artículo 208.1 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas complementarias y de desarrollo.

En los términos previstos en el párrafo anterior, en los planes del sistema de empleo, el establecimiento de tales prestaciones y su reconocimiento podrá preverse para períodos limitados de tiempo o de forma conyuntural, en virtud de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores o en base a lo previsto en un programa colectivo de cese o suspensión de la relación laboral, aceptado en negociación colectiva.

La definición de situaciones asimilables a la jubilación contempladas por el plan de pensiones y los derechos y obligaciones derivadas de las mismas, deberán regularse precisa y detalladamente en el texto de las especificaciones con carácter general, o bien incorporando anexos o disposiciones transitorias a las mismas, y, en su caso, a la base técnica, cuando el acceso a tales situaciones tuviere carácter coyuntural o limitado en el tiempo.

Invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez. Para la determinación de estas situaciones se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Muerte del partícipe, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad u orfandad, o a favor de otros herederos o personas designadas.

Muerte del beneficiario, que puede generar derecho a prestación en los términos del párrafo c) anterior. No obstante, en el caso de muerte del beneficiario, que no haya sido previamente partícipe del plan, únicamente se podrán generar prestaciones de viudedad u orfandad.

2. Las personas jubiladas sólo podrán realizar aportaciones a los planes de pensiones para la contingencia de fallecimiento.

No obstante, el jubilado que reanude la actividad laboral o profesional con expectativas de un segundo acceso o retorno a la jubilación, causando alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, podrá realizar aportaciones a planes de pensiones para la posterior jubilación prevista.

Si a consecuencia de su jubilación anterior, el interesado fuere beneficiario de un plan de pensiones por dicha contingencia, y estuviere pendiente de cobro o en curso de pago su prestación, podrá reiniciar sus aportaciones para jubilación una vez que hubiere percibido aquélla íntegramente o suspenda su percepción y asigne expresamente los derechos económicos remanentes a la posterior jubilación prevista.

No podrá simultanearse la condición de beneficiario y partícipe por y para jubilación en un plan de pensiones o en razón de la pertenencia a varios planes de pensiones.

3. La percepción de una prestación equivalente a la de jubilación será incompatible con la realización de aportaciones a cualquier plan de pensiones para la contingencia de jubilación o para la obtención de otra prestación equivalente.

La percepción de prestaciones por situación asimilable a jubilación será incompatible con la realización de aportaciones al mismo plan o a otros planes de pensiones de cualquier sistema para la contingencia de jubilación o para la obtención de una prestación equivalente a la de jubilación.

4. En los casos previstos en el apartado 3 anterior, el beneficiario podrá reanudar las aportaciones para la contingencia de jubilación cuando haya percibido íntegramente la prestación o suspendido su percepción, asignando expresamente los derechos económicos remanentes a la jubilación, siempre que cause alta o continúe asimilado al alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, debiendo cotizar para dicha contingencia.

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en los planes del sistema de empleo será admisible, de acuerdo a lo previsto en especificaciones, la permanencia como partícipes de trabajadores que extingan o suspendan la relación laboral con el promotor cuando éste mantenga compromisos por pensiones con los mismos y, en especial, cuando suscriban convenio especial con la Seguridad Social continuando como asimilados al alta en la misma.

Artículo 16 bis. Formas de cobro y reconocimiento del derecho a las prestaciones. 

1. De acuerdo a lo previsto en cada plan de pensiones las prestaciones podrán ser:

Prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único. El pago de esta prestación podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior.

En razón de una misma contingencia, un beneficiario sólo podrá obtener de cada plan de pensiones una única prestación de esta modalidad, salvo en el caso de que resulte beneficiario de dos o más subplanes que prevean respectivamente dicha forma de prestación dentro de un plan del sistema de empleo.

Si llegado el vencimiento, el beneficiario se opone al cobro del capital, o no señalase el medio de pago, la entidad gestora depositará su importe en una entidad de crédito a disposición y por cuenta del beneficiario, entendiéndose así satisfecha la prestación a cargo del plan de pensiones.

Prestación en forma de renta, consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad. La renta podrá ser de cuantía constante o variable en función de algún índice o parámetro de referencia predeterminado.

Las rentas podrán ser inmediatas a la fecha de la contingencia o diferidas a un momento posterior.

En caso de fallecimiento del beneficiario, las especificaciones podrán prever la reversión de la renta a otros beneficiarios previstos conforme al apartado 1.d) del artículo 16 anterior, tanto si se tratase de rentas actuariales, como de rentas financieras que no hubieran llegado a término.

En razón de la misma contingencia, un beneficiario podrá percibir de cada plan de pensiones dos o más prestaciones en forma de renta de distintas modalidades, según lo previsto en las especificaciones.

Prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un único pago en forma de capital, debiendo ajustarse a lo previsto en los párrafos a) y b) anteriores.

2. Las especificaciones deberán concretar la forma de las prestaciones, sus modalidades, y las normas para determinar su cuantía y vencimientos, con carácter general u opcional para el beneficiario, indicando si son o no revalorizables y, en su caso, la forma de revalorización, sus posibles reversiones y el grado de aseguramiento o garantía.

Las prestaciones de los planes de pensiones tendrán el carácter de dinerarias, sin perjuicio de las normas para su cuantificación en términos absolutos o en función de alguna magnitud, tal como salarios, antigüedad u otras.

3. El beneficiario del plan de pensiones o su representante legal, conforme a lo previsto en las especificaciones del plan, deberá comunicar el acaecimiento de la contingencia, señalando en su caso la forma elegida para el cobro de la prestación, y presentar la documentación acreditativa que proceda, según lo previsto en las especificaciones.

El plazo previsto en aquéllas no podrá ser superior a seis meses desde que se hubiera producido la contingencia o desde su reconocimiento por la autoridad u organismo correspondiente. En el caso de fallecimiento, el plazo se contará desde que el beneficiario o su representante legal tuviesen conocimiento de la muerte del causante y de su designación como beneficiario, o desde que pueda acreditar su condición por disposición testamentaria u otros medios.

Según lo previsto en las especificaciones, la comunicación y acreditación documental podrá presentarse ante las comisiones de control del plan o del fondo, o ante las entidades gestora, depositaria o promotora del plan de pensiones, viniendo obligado el receptor a realizar las actuaciones necesarias encaminadas al reconocimiento y efectividad de la prestación.

4. El reconocimiento del derecho a la prestación deberá ser notificado al beneficiario mediante escrito firmado por la entidad gestora, dentro del plazo máximo de quince días desde la presentación de la documentación correspondiente, indicándole la forma, modalidad y cuantía de la prestación, periodicidad y vencimientos, formas de revalorización, posibles reversiones y grado de aseguramiento o garantía, informando, en su caso, del riesgo a cargo del beneficiario, y demás elementos definitorios de la prestación, según lo previsto en las especificaciones o de acuerdo a la opción señalada por aquél.

Si se tratase de un capital inmediato, deberá ser abonado al beneficiario dentro del plazo máximo de quince días desde que éste presentase la documentación correspondiente.

5. Si las especificaciones lo prevén, con las condiciones que éstas establezcan, y en la medida que lo permitan las condiciones de garantía de las prestaciones, el beneficiario de una prestación diferida o en curso de pago podrá solicitar la anticipación de vencimientos y cuantías inicialmente previstos. Estas modificaciones sólo podrán autorizarse al beneficiario una vez en cada ejercicio.

6. Las prestaciones definidas en las especificaciones de un plan de pensiones podrán modificarse mediante los acuerdos y procedimientos previstos en aquéllas y a consecuencia de las revisiones del sistema financiero y actuarial según lo establecido en la normativa vigente.

Sección II

Aspectos financieros y actuariales de los sistemas de capitalización

Artículo 17. Fondo de capitalización.

Se constituirá un fondo de capitalización, integrado por las aportaciones y los resultados de las inversiones atribuibles a las mismas, deducidos los gastos que le sean imputables, en la parte en que el Plan no asuma la cobertura de riesgo, salvo que garantice exclusivamente un interés mínimo en la capitalización de las aportaciones.

Artículo 18. Provisiones matemáticas.

Se constituirán las correspondientes provisiones matemáticas cuando el Plan de Pensiones asuma la cobertura de un riesgo derivado de las contingencias previstas en el mismo. Cuando dicha provisión se calcule con anterioridad al acontecimiento de la contingencia estará constituida por la cifra que represente el exceso del valor actual de las prestaciones futuras contempladas en el Plan, sobre el valor actual de las aportaciones que, en su caso, corresponda a cada miembro del colectivo. Cuando la provisión matemática se calcule una vez devengada la prestación, por consistir ésta en una renta, su importe coincidirá con el valor actual actuarial de los pagos futuros que completen la misma.

Tanto el coste de la cobertura de un riesgo como el cálculo de las provisiones matemáticas se realizará en base a las tablas de supervivencia, mortalidad o invalidez y a los tipos de interés especificados en el Plan de Pensiones y ajustados a los criterios fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 19. Reservas patrimoniales y margen de solvencia.

1. Los Planes de Pensiones que asuman la cobertura de un riesgo deberán constituir reservas patrimoniales que se destinarán a la cobertura del margen de solvencia en la cuantía exigida por este Reglamento. De esta misma normativa se derivan los criterios de valoración aplicables para la cuantificación de tales reservas.

El margen de solvencia de cada Plan será independiente del que corresponda a los demás Planes integrados en un mismo Fondo de Pensiones.

2. La cuantía mínima del margen de solvencia será la suma de los importes que resulten de los apartados siguientes:

El 4 % de las provisiones matemáticas derivadas de las operaciones en las que el Plan asuma un riesgo.

El 4 % del fondo de capitalización correspondiente a las operaciones en que el Plan garantice un interés mínimo en la capitalización de las aportaciones.

El 0,3 % de los capitales en riesgo asociado a las operaciones en que el Plan cubra las contingencias de invalidez o fallecimiento, estando definida la prestación, siempre que dichos capitales de riesgo sean positivos.

El coeficiente anterior se reducirá al 0,1 % cuando la cobertura de las contingencias citadas se defina para un período no superior a tres años y al 0,15 % cuando dicho período sea de duración superior a tres e inferior a cinco años.

3. No será exigible el margen de solvencia cuando el Plan esté totalmente asegurado. Si el aseguramiento fuera parcial, las provisiones matemáticas se calcularán en función del riesgo asumido por el Plan, reduciéndose el coeficiente a que se refiere el apartado c) del número anterior en función del grado y modalidad de dicho aseguramiento, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda.

Tampoco resultará precisa la constitución del margen de solvencia a que se refiere el apartado b) del número anterior, cuando la garantía de interés por parte del Plan se encuentre asegurada o garantizada por una Entidad financiera, aseguradora o de depósito.

4. La cuantía mínima del margen de solvencia establecida en el presente artículo no podrá ser inferior a 37.500.000 pesetas.

No obstante puede periódicamente la cobertura de ese mínimo absoluto durante los cinco primeros años del Plan, de forma lineal, salvo que se exija una mayor cuantía en cada uno de esos ejercicios por aplicación del número 2 de este artículo.

5. Cada Plan de Pensiones especificará la forma en que han de realizarse las aportaciones necesarias para la constitución de las reservas patrimoniales exigibles por esta normativa, así como la reposición de las disminuciones que se produzcan en tales reservas, sobre el mínimo exigido.

En su caso, se indicará la reducción a practicar en la parte alícuota del margen de solvencia que pudiera corresponder a un partícipe en el momento de hacer efectivos sus derechos consolidados.

Sección III

Derechos consolidados

Artículo 20. Derechos consolidados.

1. Constituyen derechos consolidados por los partícipes de un Plan de Pensiones los siguientes:

En los Planes de Pensiones de aportación definida, la cuota parte del fondo de capitalización que corresponde al partícipe, determinada en función de las aportaciones, directas e imputadas, y las rentas generadas por los recursos invertidos, atendiendo, en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.

En los Planes de prestación definida y en los mixtos la parte de provisiones matemáticas y, en su caso, del fondo de capitalización que le corresponda, atendiendo a la valoración de la correspondiente cuenta de posición.

Los derechos consolidados incluirán la cuota parte que corresponda al partícipe en las reservas patrimoniales que integran el margen de solvencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 siguiente.

2. Suprimido por Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre.

3. Cuando la prestación no definida prevista para todas o algunas de las contingencias consista en una renta actuarial y la obligación de pago de la misma sea asumida por el Plan,los derechos consolidados a hacer efectivos en concepto de prestación, se minorarán en la parte alícuota del margen de solvencia imputable al partícipe.

Cuando las prestación esté definida, siendo su cuantía independiente de los derechos consolidados, podrá preverse su incremento, en el momento de producirse la continencia, en la parte alícuota del margen de solvencia imputable al partícipe, siempre que dicha prestación no consista en una renta cuya obligación de pago sea asumida por el Plan.

4. Cuando se produzca el hecho que da lugar a una prestación en favor de un beneficiario, la cuantía de ésta deberá ajustarse al derecho consolidado del partícipe que genera el derecho a tal prestación, salvo que ésta sea definida.

En este caso, la desviación entre la reserva constituida y la prestación exigible deberá ser soportada por el propio Plan de Pensiones.

5. Serán movilizables los derechos consolidados de un partícipe, minorados en los gastos que procedan, en las siguientes circunstancias.

Por cesación de la relación laboral con el promotor de un Plan del sistema de empleo;

Por la pérdida de la condición de asociado al colectivo promotor de un Plan del sistema asociado;

Por decisión unilateral del partícipe, comunicada al correspondiente plan de pensiones del sistema asociado o individual.

Los derechos serán movilizados en el plazo máximo de quince días desde la recepción, por parte de la entidad gestora, de tal comunicación acompañaba de la documentación necesaria.

Por terminación del plan.

En cualquiera de estos supuestos, los derechos consolidados se integrarán en el Plan o Planes de Pensiones que designe el sujeto que ha dejado de ser partícipe del Plan inicial.

La integración de los derechos consolidados en otro Plan o Planes de Pensiones exige la condición de partícipe de éstos por parte del sujeto que moviliza los citados derechos.

6. No obstante, a instancia del individuo que ha dejado de ser sujeto constituyente y si así lo prevé el Plan de Pensiones, podrán mantenerse dentro del mismo los referidos derechos consolidados, asumiendo aquél la categoría de partícipe en suspenso.

Los derechos consolidados de los partícipes en suspenso se verán ajustados por la imputación de resultados que les corresponda durante los ejercicios de su mantenimiento en el Plan.

7. Con periodicidad anual, la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones en el que el Plan se encuentre integrado remitirá a cada partícipe certificación sobre las aportaciones, directas o imputadas, realizadas en cada año natural y el valor al final del mismo de sus derechos consolidados.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES DE PENSIONES

Artículo 21. Especificaciones de los Planes de Pensiones.

1. Los Planes de Pensiones deberán precisar necesariamente los aspectos siguientes:

Determinación del ámbito personal del Plan, así como su modalidad a tenor de lo estipulado en el artículo 3 de este Reglamento.

Normas para la constitución y funcionamiento de la Comisión de Control del Plan.

Sistemas de financiación, con información precisa sobre la cobertura de las magnitudes financieras y actuariales requeridas por el sistema de capitalización empleado, así como de los parámetros y variables utilizados actuarialmente.

Adscripción a un Fondo de Pensiones, constituido o a constituir, según lo regulado en esta norma.

Definición de las prestaciones y normas para determinar su cuantía, con indicación de si las prestaciones son o no revalorizables y, en su caso, la forma de revalorización.

Igualmente se especificará si existen prestaciones total o parcialmente aseguradas o garantizadas, con indicación, en este último caso, del grado de aseguramiento o garantía.

Derechos y obligaciones de los partícipes y edad y circunstancias que originan el devengo de las prestaciones.

Habrá de indicarse la forma en que tales derechos y obligaciones serán documentados, para constancia de los partícipes y beneficiarios, con motivo de la incorporación de aquéllos al Plan.

Causas y circunstancias que faculten a los partícipes a modificar o suspender sus aportaciones y sus derechos y obligaciones en cada caso.

Normas relativas a las altas y bajas de los partícipes y, en particular, movilidad de los derechos consolidados.

Requisitos para la modificación del Plan y procedimientos a seguir para la adopción de acuerdos al respecto.

Causas de terminación del Plan y normas para su liquidación.

Entre las causas de disolución del Plan necesariamente se incluirán:

El no alcanzar el mínimo absoluto de margen de solvencia establecido en la presente norma.

La imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las medidas de viabilidad derivadas de la revisión del plan, a tenor del estudio técnico pertinente.

En todo caso serán requisitos previos para la terminación del Plan la garantía individualizada de las prestaciones causadas y la integración de los derechos consolidados de los partícipes en otro Plan de pensiones.

2. Todo Plan de Pensiones deberá prever el procedimiento de transferencia de los derechos consolidados correspondientes al partícipe que, por cambio de colectivo laboral o de otra índole, altere su adscripción al mismo, de acuerdo con lo previsto en esta normativa.

Artículo 22. La Comisión de Control del Plan de Pensiones.

1. El funcionamiento y ejecución de cada Plan de Pensiones será supervisado por una Comisión de Control, formada por representantes del promotor o promotores, partícipes y beneficiarios, de forma que se garantice la presencia de todos los intereses, manteniéndose la mayoría absoluta de la representación de los partícipes.

2. La Comisión de Control del Plan tendrá las siguientes funciones:

Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del Plan en todo lo que se refiere a los derechos de sus partícipes y beneficiarios.

Seleccionar el actuario o actuarios que deban certificar la situación y dinámica del Plan.

Nombrar los representantes de la Comisión de Control del Plan en la Comisión de Control del Fondo de Pensiones al que esté adscrito.

Proponer las modificaciones que estime pertinentes sobre aportaciones, prestaciones u otras variables, derivadas de las revisiones actuariales requeridas por la presente normativa. Deberá seguirse el procedimiento establecido en las especificaciones del propio Plan.

Supervisar la adecuación del saldo de la cuenta de posición del Plan, en su respectivo Fondo de Pensiones, a los requerimientos del régimen financiero del propio Plan.

Proponer y, en su caso, decidir en las demás cuestiones sobre las que la presente regulación le atribuye competencia.

Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los partícipes y beneficiarios del Plan ante la entidad gestora del Fondo de Pensiones.

3. La constitución y funcionamiento de la Comisión de Control del Plan de Pensiones se ajustará a las siguientes reglas:

El número de miembros de la Comisión de Control del Plan de Pensiones se fijará en las especificaciones de éste, no pudiendo ser inferior a cinco. La Comisión estará compuesta por representantes de los partícipes y de los beneficiarios, así como por los designados por la Entidad promotora.

Los miembros serán nombrados por un período máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

En todos los Planes, cualquiera que sea su sistema, la distribución de representantes en la Comisión de Control será la prevista en las especificaciones de cada Plan, garantizando siempre la mayoría absoluta correspondiente a los representantes de los partícipes.

Para todo Plan, cualquiera que sea su sistema, cuando la inexistencia o el reducido número de partícipes y/o beneficiarios impida la cobertura de los porcentajes atribuidos a cada grupo de elementos personales, se operará, con un colectivo único de los representantes de partícipes y beneficiarios, cuyo volumen de representación en la citada Comisión será la suma de las magnitudes atribuibles a ambos grupos. No obstante, de persistir la insuficiencia numérica de partícipes y beneficiarios, se reducirá el número de miembros de la Comisión de Control, hasta garantizar la mayoría absoluta de estos representantes frente a los de la Entidad promotora.

La elección de los representantes de los partícipes y beneficiarios en un Plan de Pensiones del sistema Empleo o asociado se caracterizará por las siguientes notas:

Existencia de dos colegios electorales, uno de partícipes y el segundo de beneficiarios.

Listas abiertas. Para la presentación de cada lista será preciso el aval de un número de firmas de electores superior al 15 % del total de integrantes de cada colegio electoral. En el caso de Planes del sistema de Empleo, podrán presentar tales listas los Sindicatos de trabajadores legalmente constituidos.

Voto personal, libre, directo y secreto. No admisibilidad del voto delegado, pero sí el voto por correo.

En ningún caso el voto podrá ponderarse por los derechos económicos atribuibles a cada elector o a sus colegios.

La elección de los representantes de los partícipes y beneficiarios en un Plan de Pensiones del sistema individual se realizará entre los compromisarios. La condición de compromisario recaerá mediante sorteo público, realizado a partir de listas únicas que engloben, cada una de ellas, la totalidad de partícipes y de beneficiarios, en el caso de existir éstos.

 4. No podrán ser miembros de la Comisión de Control de un Plan de Pensiones las personas físicas que ostenten, directa o indirectamente, una participación en una Entidad gestora de fondos de Pensiones, superior al 5 % del capital social desembolsado de esa Entidad.

Los miembros de una Comisión de Control de Planes no podrán adquirir derechos ni acciones de la Entidad gestora de su Fondo de Pensiones durante el desempeño de su cargo en tal Comisión. De mediar esa adquisición, procederá su cese como miembro de aquella Comisión de Control.

Artículo 23. Aprobación del Plan de Pensiones.

1. El promotor de un Plan de Pensiones, una vez elaborado el proyecto de Plan que incluye las especificaciones contempladas en el artículo 21 de la presente norma, recabará dictamen de un actuario sobre la suficiencia del sistema financiero y actuarial en que se fundamente dicho proyecto.

El referido dictamen incluirá pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del Plan, a la vista de las bases estadísticas, demográficas y financieras en que se apoya el Plan proyectado.

2. Obtenido el dictamen favorable, el promotor instará a la constitución de una Comisión Promotora del Plan de Pensiones con los potenciales partícipes.

Esta Comisión estará formada por un número de miembros no inferior a tres ni superior a nueve, con mayoría absoluta de los potenciales partícipes. Se entiende por tales a cualquier persona física que, pudiendo acceder a la condición de partícipe, manifieste su intención de hacerlo en un plazo de un mes desde que el promotor dé a conocer su proyecto de Plan y el dictamen favorable del actuario, por los medios habituales de comunicación con esos potenciales partícipes. Su elección como miembros de la Comisión se realizará entre los potenciales partícipes inscritos en el plazo antes citado.

La Comisión Promotora desempeñará, en su caso, las funciones encomendadas a la Comisión de Control y procederá a la presentación del proyecto del Plan de Pensiones ante el Fondo de Pensiones en que pretenda integrarse.

3. La Comisión de Control del fondo de Pensiones, a la vista del proyecto de Plan presentado, comunicará, en su caso, a la Comisión Promotora la admisión del proyecto, por entender, bajo su responsabilidad, que se cumplen los requisitos exigidos en esta regulación.

La admisión del proyecto corresponderá conjuntamente a la Entidad Promotora del Fondo de Pensiones y a su Entidad gestora cuando el Fondo carezca de Comisión de Control, al no haberse producido aún la integración de ningún Plan de Pensiones.

4. Recibida la comunicación anterior, la Comisión promotora instará la formalización del Plan de Pensiones, así como a la constitución de su pertinente Comisión de Control, en los términos previstos en el artículo 22 del presente Reglamento, y en un plazo no superior a seis meses desde la citada formalización.

Artículo 24. Revisión del Plan de Pensiones.

1. El sistema financiero y actuarial de los Planes deberá ser revisado por actuario y, en su caso, rectificado, al menos cada tres años, teniendo en cuenta la evolución de los salarios, la rentabilidad de las inversiones, las tasas de mortalidad del colectivo, la supervivencia de los Pasivos y las demás circunstancias concurrentes.

La evaluación de tales circunstancias se realizará de acuerdo con los criterios que, con carácter general, pueda establecer el Ministerio de Economía y Hacienda.

La revisión citada incluirá una proyección sobre la evolución de las distintas variables para el período que abarque hasta la inmediata revisión prevista.

2. Si, como resultado de la revisión actuarial, se planteara la necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones y contribuciones, en las prestaciones previstas o en otras variables, se someterá la cuestión a la comisión de Control del Plan para que proponga lo que estime procedente, de conformidad con lo previsto en las especificaciones del propio Plan.

3. Los Planes de Pensiones que conlleven la constitución del margen de solvencia, exigen el cálculo anual de las magnitudes que determinan su cuantía por parte de un actuario, de acuerdo con los criterios fijados en este Reglamento.

El citado actuario se responsabilizará de aquellos cálculos y de la cuantificación de los derechos consolidados derivados de esos Planes.

Cuando el margen de solvencia de un determinado ejercicio sea insuficiente, deberá procederse obligatoriamente a la revisión del Plan de Pensiones.

CAPÍTULO IV

NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE PENSIONES

Seccion I

Naturaleza y clases de los fondos de pensiones

Artículo 25. Naturaleza de los Fondos de pensiones.

1. Los Fondos de Pensiones son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a Planes de Pensiones, cuya gestión, custodia y control se realizarán de acuerdo con la presente regulación.

2. Carecerán de personalidad jurídica y serán administrados y representados conforme lo dispuesto en esta normativa.

3. Queda reservada la denominación de Fondos de Pensiones, así como sus siglas a los constituidos de acuerdo a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y disposiciones que la desarrollan.

Artículo 26. Estructura de los Fondos de Pensiones.

1. Los Fondos de Pensiones se constituirán, previa autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, en escritura pública otorgada por la Entidad Promotora y se inscribirán en el Registro Especial Administrativo que al efecto se establezca y en el Registro Mercantil, y permitirán instrumentar los Planes de Pensiones que se integren en aquéllos.

2. Son Entidades promotoras de los Fondos de Pensiones las personas jurídicas que insten y,en su caso, participen en la constitución de los mismos.

3. El Fondo de Pensiones integrará uno o varios Planes de Pensiones, posibilitando así el desenvolvimiento de éstos en los términos previstos en la presente normativa.

Artículo 27. Clases de Fondos de Pensiones.

1. Podrán constituirse Fondos de Pensiones que instrumenten un único Plan de Pensiones.

2. Los Fondos de Pensiones podrán encuadrarse dentro de dos tipos:

Fondo abierto, caracterizado por poder canalizar las inversiones de otros Fondos de Pensiones.

Fondo cerrado, instrumenta exclusivamente las inversiones del Plan o Planes de Pensiones integrados en él.

3. En los Fondos de Pensiones que integran Planes de Pensiones de Prestación Definida y en los Fondos de Pensiones abiertos podrá requerirse la constitución de un patrimonio inicial mínimo, en razón de las garantías exigidas para su correcto desenvolvimiento financiero, según lo dispuesto en el artículo siguiente de este Reglamento.

Sección II

Constitución, funcionamiento y disolución de los fondos de pensiones

Artículo 28. Constitución de los Fondos de Pensiones.

1. Los Fondos de Pensiones se constituirán en escritura pública otorgada por la Entidad promotora.

2. La escritura de constitución deberá contener necesariamente las siguientes menciones:

La denominación o razón social y el domicilio de la Entidad o Entidades promotoras.

La denominación o razón social y el domicilio de las Entidades gestora y depositaria y la identificación de las personas que ejercen la administración y representación de aquéllas.

La denominación del fondo, que deberá ser seguida, en todo caso, de la expresión Fondo de Pensiones.

El objeto del fondo conforme a la presente normativa.

Las normas de funcionamiento.

3. Las normas de funcionamiento especificarán, al menos:

El ámbito de actuación del Fondo.

El procedimiento para la elección y renovación y la duración del mandato de los miembros de la Comisión de Control del Fondo, así como el funcionamiento de ésta.

La política de inversiones de los recursos aportados al fondo.

Los criterios de imputación de resultados, de conformidad con lo dispuesto en esta regulación.

Los sistemas actuariales que pueden utilizarse en la ejecución de los Planes de Pensiones.

La Comisión máxima que haya de satisfacerse a la Entidad gestora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de este Reglamento.

Las normas de distribución de los gastos de funcionamiento de la Comisión de Control del fondo.

Las condiciones de movilización de las cuentas de posición y la cuantificación de éstas.

Los requisitos para la modificación de estas normas de funcionamiento y para la sustitución de las Entidades Gestoras y Depositaria. En ningún caso podrá operarse la sustitución sin el previo acuerdo de la Comisión, oídas las subcomisiones, de Control de fondo de Pensiones, salvo lo establecido en el artículo 44 del presente Reglamento.

Las normas que hayan de regir la disolución y liquidación del fondo.

4. Con carácter previo a la constitución del fondo, los promotores deberán obtener autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, a cuyos términos se acomodará, en su caso, la escritura de constitución. El otorgamiento de la autorización en ningún caso podrá ser título que cause la responsabilidad de la Administración del Estado.

5. Obtenida la autorización administrativa previa, en el Registro Mercantil se abrirá a cada Fondo una hoja de inscripción en la que será primer asiento el correspondiente a la escritura de constitución y contendrá los extremos que ésta deba expresar, aplicándose las normas que regulan el Registro Mercantil.

6. Los Fondos de Pensiones se inscribirán necesariamente en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones creado en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se hará constar la escritura de constitución y las modificaciones posteriores autorizadas en la forma prevista en este artículo. Además, se deberá hacer constar el Plan o Planes de Pensiones integrados y las incidencias que les afecten. Entre éstas se incluyen las nuevas integraciones o las bajas de planes y las modificaciones sustantivas en la naturaleza de los planes que incidan sobre el propio fondo.

7. La inscripción en el Registro administrativo exige el previo cumplimiento de todos los demás requisitos de constitución.

8. Los Fondos de Pensiones que integran planes de pensiones de prestación definida deberán exigir la cobertura por parte de éstos del margen de solvencia requerido según lo establecido en el artículo 19 de este Reglamento.

Análogo requerimiento afecta para aquellos Fondos que alberguen otros planes que asuman la cobertura de un riesgo y que precisen el referido margen de solvencia.

Los Fondos de Pensiones abiertos exigen, para poder operar como tales, un activo mínimo de 5.000 millones de pesetas.

Artículo 29. Administración de los Fondos de Pensiones.

Los Fondos de Pensiones serán administrados, con las limitaciones establecidas en el artículo 30 del presente Reglamento, por una Entidad Gestora con el concurso de un Depositario y bajo la supervisión de una Comisión de Control.

Artículo 30. Comisión de Control del Fondo de Pensiones.

1. Si el Fondo de Pensiones instrumenta un único Plan de Pensiones, la Comisión de Control del Plan ejercerá las funciones de Comisión de Control del Fondo. Si un mismo Fondo instrumenta diversos Planes, la Comisión de Control del Fondo se formará con representación de todas las Comisiones de Control de los Planes. La elección de tales representantes, por parte de cada Comisión de Control del Plan de Pensiones, se realizará entre sus miembros. Se ponderará el voto de los designados por cada Plan en atención a su número y a la parte de interés económico que el Plan tenga en el Fondo.

2. Las funciones de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones son, entre otras:

Supervisión del cumplimiento de los Planes adscritos.

Control de la observancia de las normas de funcionamiento, del propio fondo y de los Planes.

Nombramiento de los expertos cuya actuación esté exigida en la Ley 8/1987, de 8 de junio, sin perjuicio de las facultades previstas dentro de cada Plan de Pensiones.

Representación del Fondo, pudiendo delegar esta función en la Entidad Gestora.

Examen y aprobación de la actuación de Entidad Gestora en cada ejercicio económico, exigiéndole, en su caso, la responsabilidad prevista en el artículo 42 de este Reglamento.

Sustitución de la Entidad Gestora o Depositaria, en los términos previstos en el artículo 44 de esta norma.

Suspensión de la ejecución de actos y acuerdos contrarios a los intereses del fondo, en los términos y con los límites derivados de la naturaleza de aquéllos.

En su caso, aprobación de la integración en el Fondo de nuevos Planes de Pensiones. La admisión del primer Plan que pretenda integrarse el Fondo será acordada conjuntamente por la Entidad Promotora del Fondo y por su Entidad Gestora.

Propuesta y, en su caso, decisión en las demás cuestiones sobre las que la presente normativa le atribuye competencia.

Podrá recabar de las Entidades Gestora y Depositaria la información que resulte pertinente para el ejercicio de sus funciones.

3. Por razones de heterogeneidad en los tipos de Planes de Pensiones adscritos a un mismo Fondo o de dimensión de éste, podrá arbitrarse la constitución, en el seno de la Comisión de Control, de Subcomisiones que ocuparán según áreas homogéneas de Planes o según modalidades de inversión.

4. El cargo de Vocal de una Comisión será temporal y gratuito. En las normas de funcionamiento del Fondo se consignará el procedimiento para la elección y renovación de sus miembros, la duración de su mandato. En ningún caso, ese plazo será superior a cuatro años, siendo posible la presentación a la reelección si así lo decidiera la Comisión de Control del Plan de Pensiones al que representa, así como las casos y formas en que deba reunirse la mencionada Comisión de Control del Fondo.

5. Una vez elegidos, sus miembros designarán entre sí quienes hayan de ejercer la Presidencia y la Secretaría. La Comisión quedará válidamente constituida cuando, debidamente convocados, concurran la mayoría de sus miembros y adoptará sus acuerdos, como mínimo, por mayoría simple, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.

6. Se soportarán por el Fondo los gastos de funcionamiento de su Comisión de Control, distribuyéndose entre los planes adscritos, de acuerdo con los criterios de imputación establecidos en las normas de funcionamiento.

Artículo 31. Disolución y liquidación de los fondos de Pensiones.

1. Procederá la disolución de los Fondos de Pensiones por las causas señaladas en sus normas de funcionamiento, y en los supuestos previstos en el artículo 44 de esta disposición.

En todo caso, será requisito previo para la disolución de los Fondos de Pensiones la garantía individualizada de las prestaciones causadas y, si no media acuerdo en contrario de los Promotores y partícipes, la continuación de los Planes vigentes a través de otro Fondo de Pensiones ya constituido o a constituir.

2. Una vez disuelto un Fondo de Pensiones, se abrirá el período de liquidación, realizándose las correspondientes operaciones conjuntamente por la Comisión de Control del Fondo y la Entidad Gestora, de conformidad con lo que establece este Reglamento.

Artículo 32. Operaciones con los Planes de Pensiones.

1. La integración de un Plan de Pensiones en un Fondo de Pensiones exigirá que se especifiquen las siguientes circunstancias:

Cuantificación de la cuenta de posición, con especial referencia a los criterios de imputación de los resultados obtenidos de las inversiones realizadas por el Fondo, así como de los gastos de funcionamiento del mismo.

Condiciones para el traspaso de la cuenta de posición de un plan al Fondo de Pensiones que éste designe. Deberá preverse la fórmula de instrumentar la transmisión de bienes y derechos y, en su caso, el coste y la periodificación que conllevará la operación.

Procedimiento en el caso de liquidación del plan.

2. Las normas de funcionamiento de cada Fondo de Pensiones deberá prever la movilidad de la cuenta de posición de un plan en las siguientes situaciones:

En los casos contemplados en el artículo 44 de este Reglamento.

En el caso de que libremente lo decida cualquier plan.

Las mismas previsiones afectarán, necesariamente, a los Fondos de Pensiones abiertos, en orden a posibilitar la movilidad de las inversiones que en ellos realicen otros Fondos de Pensiones.

Sección III

Operaciones con terceros

Artículo 33. Delimitación de responsabilidades.

1. Los acreedores de los Fondos de Pensiones no podrán hacer efectivos sus créditos sobre los patrimonios de los Promotores de Planes y de los partícipes, cuya responsabilidad está limitada a sus respectivos compromisos de aportación a sus Planes de Pensiones adscritos.

2. El patrimonio de los Fondos no responderán por deudas de las Entidades Promotora, Gestora y Depositaria.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Sección I

Inversiones y criterios de valoración

Artículo 34. Inversiones de los Fondos de Pensiones.

1. El activo de los Fondos de Pensiones, con exclusión de las dotaciones para el pago de primas de seguros o coste de las garantías en virtud de Planes total o parcialmente asegurados o garantizados, estará invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y congruencia de plazos adecuados a sus finalidades.

Necesariamente, el 90 % de este activo se invertirá en activos financieros contratados en mercados organizados reconocidos oficialmente y de funcionamiento regular abierto al público o, al menos, a las Entidades Financieras, en depósitos bancarios, en créditos con garantía hipotecaria y en inmuebles.

Dentro de este porcentaje, la inversión en depósitos bancarios no podrá superar el 15 % del activo del Fondo.

2. Se fija un coeficiente mínimo de liquidez del 1 % del activo del Fondo de Pensiones, que deberá mantenerse en depósitos a la vista y en activos del mercado monetario con vencimiento no superior a tres meses.

La revisión actuarial de cada Plan integrado en el Fondo de Pensiones especificará las previsiones sobre los requerimientos de activos líquidos, las cuales, contrastadas con las prestaciones causadas, definirán el adecuado nivel de cobertura por parte del correspondiente Fondo.

3. La inversión en activos extranjeros se regulará por la legislación correspondiente, computándose en el porcentaje indicado a su naturaleza.

4. La inversión en títulos emitidos o avalados por una misma Entidad no podrá exceder, en valor nominal, del 5 % del total de los títulos en circulación de aquélla. La suma de las mencionadas inversiones en una misma Entidad, más los créditos otorgados a ella o avalados por la misma, no podrá exceder del 10 % del total de activos financieros integrados en el Fondo de Pensiones. El segundo de dichos límites será también de aplicación respecto a los títulos emitidos y créditos recibidos por Entidades diferentes pero pertenecientes a un mismo grupo.

Cuando el grado de concentración de riesgo se estime elevado o pueda comprometerse el desenvolvimiento financiero de los planes integrados, el Ministro de Economía y Hacienda podrá fijar limitaciones especiales, adicionales a las enumeradas en el párrafo anterior, a las inversiones de los Fondos de Pensiones en activos u operaciones financieras que figuren en el pasivo de Empresas promotoras de los Planes de Pensiones adscritos al Fondo, de las Gestoras o Depositarias del Fondo o de las Empresas pertenecientes al mismo grupo de aquéllas.

5. Las limitaciones del número anterior no serán de aplicación a los activos emitidos o avalados por el Estado o sus Organismos autónomos, las Comunidades Autónomas, las Entidades públicas extranjeras, los Organismos financieros internacionales de los que España sea miembro y por aquellos otros que así resulte de compromisos internacionales que España pueda asumir.

6. A efectos de esta normativa, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las Sociedades que constituyan una unidad de decisión por que cualquiera de ellas controla directa o indirectamente a las demás. Existe control de una Sociedad, dominada por otra dominante, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La dominante posea la mayoría de votos o de capital de la dominada.

La dominante, en virtud de acuerdos con otros accionistas o socios cooperadores de la dominada o con la propia dominada, o en virtud de los Estatutos de ésta, tenga en relación con los órganos de gobierno de la Entidad dominada derechos iguales a los que ostentaría de tener la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la dominada.

La dominante tenga una participación en el capital de la dominada no inferior al 25 % y ésta esté sometida a la dirección única de aquélla. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe dirección única cuando al menos la mitad más uno de los Consejeros de la dominada sean Consejeros o altos directivos de la dominante o de otra dominada por ésta.

A los derechos de dominante se añadirán los que posea a través de otras Entidades dominadas o a través de personas que actúen por cuenta de la Entidad dominante o de otras dominadas.

7. En el caso de Fondos de Pensiones administrados por una misma Entidad Gestora o por distintas Entidades Gestoras pertenecientes a un mismo Grupo de Sociedades, las limitaciones establecidas en el número 4 anterior se calcularán con relación al balance consolidado de dichos Fondos.

8. Los tipos de interés de los depósitos de los Fondos de Pensiones serán libres.

9. Para la verificación de los límites previstos en apartados anteriores, se atenderá a los criterios de valoración previstos en este Reglamento.

No obstante, cuando el exceso sobre cualquiera de los límites máximos indicados se deban exclusivamente al ejercicio de derechos incorporados a los títulos que formen parte de la cartera, a la variación del valor de títulos que fueron adquiridos con sujeción a las normas legales, a una reducción del activo del propio Fondo de Pensiones o cuando la pertenencia a un mismo grupo sea una circunstancia sobrevenida con posterioridad a la inversión, dicho exceso no se reputará como infracción y el Fondo dispondrá del plazo de un año a contar desde el momento en que el exceso se produjo, para proceder a su regularización.

Artículo 35. Condiciones generales de las operaciones.

1. Por los Fondos de Pensiones se realizarán las operaciones sobre activos financieros admitidos a cotización en Bolsa o en un mercado organizado de los citados en el número 1 del artículo anterior, de forma que incidan de manera efectiva en los precios con la concurrencia de ofertas y demandas plurales, salvo que la operación pueda realizarse en condiciones más favorables para el Fondo que de las resultantes del mercado.

2. En general, los Fondos de Pensiones no podrán otorgar crédito a los partícipes de los Planes de Pensiones adscritos, salvo en los supuestos de contingencias no cubiertas por cada Plan, que originen una disminución en la renta disponible del partícipe bien sea por la reducción de ingresos o por el aumento de gastos. Cada Plan especificará en tales circunstancias las condiciones de acceso al crédito, así como las cuantías del mismo que puedan otorgarse al partícipe. La cuantía máxima no podrá rebasar el 80 % de los derechos consolidados por el partícipe y el tipo de retribución exigido no podrá resultar inferior al de mercado.

3. La adquisición y enajenación de bienes inmuebles deberán ir precedidas necesariamente de su tasación, realizada en la forma prevista en al Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y su legislación complementaria.

4. Las Entidades Gestora y Depositaria de un Fondo de Pensiones, así como sus Consejeros y Administradores, y los miembros de la Comisión de Control, no podrán comprar ni vender para sí elementos de los activos del Fondo directamente ni por persona o Entidad interpuesta. Análoga restricción se aplicará a la contratación de créditos. A estos efectos, se entenderá que la operación se realiza por persona o Entidad interpuestas cuando se ejecuta por persona unida por vínculo de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, por mandatarios o fiduciarios o por cualquier Sociedad en que los citados Consejeros Administradores, Directores, Entidades o integrantes de la Comisión de Control tengan, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25 % del capital o ejerzan en ella funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.

No se considerarán incluidas en el párrafo anterior aquellas operaciones de cesión y adquisición de activos por parte de las Entidades Depositarias que formen parte de sus operaciones habituales.

5. Los bienes de los Fondos de Pensiones sólo podrán ser objeto de garantía para asegurar exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones del Fondo.

Artículo 36. Obligaciones frente a terceros.

Las obligaciones frente a terceros no podrán exceder en ningún caso del 5 % del activo del Fondo. No se tendrán en cuenta, a estos efectos:

Los débitos contraídos en la adquisición de elementos patrimoniales en el período que transcurra hasta la liquidación total de la correspondiente operación.

Las obligaciones existentes frente a los beneficiarios.

Las obligaciones correspondientes a los derechos consolidados atribuidos a los partícipes.

Artículo 37. Criterios de valoración.

1. Los activos en los que se materializa la inversión de los fondos de Pensiones se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

Los títulos admitidos a cotización oficial en una sola Bolsa se valorarán al cambio de cierre del día a que se refiera su estimación, si lo hubiere. En caso contrario, al que oficialmente se señale para las demandas no satisfechas o, en su defecto, para las ofertas sin contrapartida. Si no se publicara cambio de operaciones ni posición de oferta o de demanda, al último publicado.

Los títulos admitidos a cotización oficial en más de una Bolsa se estimarán al cambio de cierre publicado en cualquiera de ellas. Si no hubiere cambio publicado en ninguna de las Bolsas, se aplicará el criterio señalado en el párrafo anterior.

Los títulos no admitidos aún a cotización oficial se estimarán a los cambios que resulten de las cotizaciones oficiales de títulos similares de la misma Entidad procedentes de emisiones anteriores, habida cuenta de las diferencias que puedan existir en sus derechos económicos.

Los demás activos financieros que formen parte del patrimonio se valorarán, habida cuenta del plazo de amortización y sus características intrínsecas, utilizando los criterios de valor de amortización y precio de mercado en la forma que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los restantes activos, atendiendo a su valor de realización, ajustándose a los criterios objetivos fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La tasación de los bienes inmuebles realizada de la forma prevista en la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y su legislación complementaria, deberá ser revisada periódicamente. Entre cada revisión no mediará un plazo superior a cinco años.

2. La cuantificación de la cuenta de posición de cada plan integrado en el Fondo se derivará de la aplicación de los criterios de valoración anteriormente indicados.

3. La movilización de la cuenta de posición de un plan de pensiones podrá implicar un descuento a favor del Fondo de Pensiones, de acuerdo con las previsiones de las normas de funcionamiento de éste.

4. Las referidas normas de funcionamiento podrán prever que la movilización de una cuenta de posición se haga mediante la transmisión a otro Fondo de Pensiones de los activos que proporcionalmente correspondan a aquella cuenta de posición.

5. Para la cuantificación del nivel de cobertura de las provisiones matemáticas o del fondo de capitalización, imputable a la garantía de un interés mínimo, el Ministerio de Economía y Hacienda establecerá los métodos de valoración actuarial que procedan.

En particular, los títulos de renta fija podrán valorarse por su precio de adquisición, sin que se puedan contabilizar por valor superior al de reembolso, excepto los adquiridos con pacto de reventa no opcional. La diferencia entre el precio de adquisición y el reembolso, cuando aquél sea superior, deberá periodificarse linealmente a lo largo del período previsto hasta la amortización. Será precisa la periodificación de los rendimientos de estos títulos en las condiciones que determinen administrativamente.

Los títulos de renta variable podrán valorarse de acuerdo con el promedio de un número determinado de sesiones.

El método de valoración actuarial utilizado por un Fondo de Pensiones únicamente podrá ser modificado cuando medie la aprobación expresa del Organismo administrativo competente.

Sección II

Cuentas anuales e información

Artículo 38. Cuentas anuales.

El ejercicio económico de los Fondos de Pensiones y de sus Entidades Gestoras coincidirá con el año natural.

1. Dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio económico, las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones deberán:

Formular y someter a la aprobación de sus órganos competentes las cuentas anuales de la Entidad Gestora.

Formular el balance, la cuenta de resultados y la Memoria explicativa del ejercicio anterior del Fondo o Fondos administrados y someter dichos documentos a la aprobación de la Comisión de Control del Fondo respectivo.

Obtener los informes de auditoría a que se refiere el apartado 3 siguiente.

Presentar la información citada en los puntos anteriores al Ministerio de Economía y Hacienda y a las Comisiones de Control del Fondo y de los Planes de Pensiones adscritos al Fondo, quienes podrán dar a la misma la difusión que estimen pertinente.

2. Dentro del primer semestre de cada ejercicio económico, las Entidades Gestoras deberán publicar, para su difusión general, los documentos mencionados en el apartado 1.

3. Los documentos citados en los subapartados a) y b) del número 1 anterior, deberán ser auditados por expertos o Sociedades de expertos que cumplan los requisitos que se señalen en este Reglamento. Los informes de auditoria deberán abarcar los aspectos contables, financieros y actuariales, incluyendo un pronunciamiento expreso en lo relativo al cumplimiento de lo previsto al respecto en esta normativa.

4. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá exigir a las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones la realización de auditorías externas excepcionales, con el alcance que considere necesario.

5. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá los modelos de balance, cuenta de resultados y demás estados contables de los Fondos de Pensiones y de sus Entidades Gestoras,así como los criterios de contabilización y valoración en cuanto no estén determinados por disposiciones del Gobierno.

Artículo 39. Requerimientos de información.

1. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá recabar de las Entidades Gestoras y de las Depositarias cuantos datos contables y estadísticos, públicos o reservados, referentes a las mismas y a los Fondos de Pensiones administrados por ellas, estén relacionados con sus funciones de inspección y tutela y señalará la periodicidad con que dicha información deberá elaborarse y los plazos máximos para su entrega al Ministerio.

2. El Ministerio de Economía y Hacienda dispondrá la publicidad que deba darse, con carácter agregado o individual, a los datos citados en el apartado anterior, asegurando una información frecuente, rápida y suficiente en favor de las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones y de sus partícipes y beneficiarios.

3. Las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones podrán solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda información sobre datos, referentes al Fondo de Pensiones al que estén adscritos o a su Entidad Gestora o Depositaria, no previamente publicados y que estén en poder del Ministerio o que éste pueda recabar.

4. Las Entidades citadas en el apartado 1 de este artículo están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el ordenamiento jurídico.

5. Las obligaciones tributarias de información de las Entidades Gestoras y de las Depositarias se regirán por lo previsto con carácter general en el ordenamiento jurídico y por las disposiciones específicas de este Reglamento.

CAPÍTULO VI

ENTIDADES GESTORAS Y DEPOSITARIAS DE FONDOS DE PENSIONES

Artículo 40. Entidades Gestoras.

1. Podrán ser Entidades Gestoras de Fondo de Pensiones las Sociedades Anónimas que, habiendo obtenido autorización administrativa previa, reúnan los siguientes requisitos:

Tener un capital desembolsado por el siguiente importe:

En todo caso, 100.000.000 de pesetas.

Adicionalmente, el 1 % del exceso del activo total del Fondo sobre 1.000.000.000 de pesetas.

Sus acciones serán nominativas.

Tener como objeto social y actividad exclusivos la administración de Fondos de Pensiones.

No podrán emitir obligaciones ni acudir al crédito y tendrán materializado su patrimonio de acuerdo a lo previsto en el apartado siguiente.

Deberán estar domiciliadas en España.

Deberán inscribirse en el Registro Administrativo establecido en la presente regulación.

2. Los recursos propios deberán estar invertidos en activos financieros contratados en mercados organizados, reconocidos oficialmente y de funcionamiento regular abierto al público o, al menos, a las Entidades financieras, en inmuebles, mobiliario, tesorería o cualquier otro activo adecuado al objeto social exclusivo que caracteriza a estas Entidades.

En ningún caso podrán emitir obligaciones, pagarés, efectos o títulos análogos, ni dar garantía pignorar sus activos.

3. También podrán ser Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones las Entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en los seguros de vida, siempre que cumplan los requisitos previstos en los apartados a), e), y f) del número 1 del presente artículo.

El requisito contenido en la letra e) del número 1, antes citado, se entenderá cumplido con la existencia de establecimiento permanente en España de la Entidad extranjera autorizada.

El límite previsto en el apartado a) del número 1 se entenderá aplicable, en su caso, al Fondo mutual de las Entidades de Previsión Social y al de las Mutuas de Seguros. Asimismo se entenderá aplicable dicho límite al Fondo permanente con la casa central de las delegaciones de Entidades extranjeras, en los términos previstos en la legislación específica de seguros.

El acceso de las Entidades de Previsión Social a la Gestión de Fondos de Pensiones se hará previa notificación al Ministerio de Economía y Hacienda.

4. La denominación de Entidad Gestora de Fondos de Pensiones queda reservada exclusivamente a las Entidades que cumplan los requisitos previstos en los números precedentes.

5. Derogado por Real Decreto 1351/1998, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones para la contratación de la administración y depósito de los activos financieros extranjeros de los fondos de pensiones.

6. Las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones tendrán como funciones:

Intervención en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de constitución del Fondo como, en su día, las de modificación o liquidación del mismo. En su caso, podrá colaborar o realizar otras tareas relacionadas con la elaboración de tales documentos.

Llevanza de la contabilidad del Fondo de Pensiones al día y efectuar la rendición de cuentas en la forma prevista en esta normativa.

Determinación de los saldos de las cuentas de posición y de los derechos y obligaciones derivados de cada plan de pensiones integrado. Cursará las instrucciones pertinentes para los traspasos de las cuentas y de los derechos implicados.

Emisión, en unión del Depositario, de los certificados de pertenencia a los planes de pensiones, requeridos por los partícipes cuyos planes se integren en el Fondo. Se remitirá anualmente certificación sobre las aportaciones realizadas e imputadas a cada partícipe, así como del valor, a fin de ejercicio de sus derechos consolidados.

Determinación del valor de la cuenta de posición movilizable a otro Fondo de Pensiones, cuando así lo solicite el correspondiente plan.

Control de la Entidad Depositaria del Fondo de Pensiones, en cuanto al estricto cumplimiento de las obligaciones de ésta, a tenor del principio de responsabilidad estipulado en esta normativa.

7. Serán funciones de las mencionadas Entidades Gestoras en la medida en que expresamente lo decida la Comisión de Control del Fondo de Pensiones y con las limitaciones que ésta estime pertinente:

Ejercicio de los derechos derivados de los títulos y demás bienes integrantes del Fondo.

Autorización para el traspaso de cuentas de posición a otros Fondos.

Selección de las inversiones a realizar por el Fondo de Pensiones, de acuerdo con las normas de funcionamiento y las prescripciones administrativas aplicables sobre tal materia.

Orden al Depositario de compra y venta de activos.

Artículo 41. Entidades Depositarias.

1. La custodia y depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros integrados en los Fondos de Pensiones corresponderá a un Depositario, que ha de ser Entidad de Depósito domiciliada en España.

2. Además de la función de custodia, ejercerán la de vigilancia de la Entidad Gestora ante las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios, debiendo efectuar únicamente aquellas operaciones acordadas por las Entidades Gestoras que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.

3. Derogado por Real Decreto 1351/1998, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones para la contratación de la administración y depósito de los activos financieros extranjeros de los fondos de pensiones.

4. Cada Fondo de Pensiones tendrá un sólo Depositario, sin perjuicio de la existencia de diferentes depósitos de valores o efectivo.

5. Nadie podrá ser al mismo tiempo Gestor y Depositario de un Fondo de Pensiones, salvo los supuestos que se prevén en el artículo 44 de este Reglamento.

6. La Entidad Depositaria de un Fondo de Pensiones tendrá las siguientes funciones:

Intervención en el otorgamiento de las escrituras de constitución y, en su caso, de modificación o liquidación del Fondo de Pensiones, y en tareas relacionadas con la elaboración de tales documentos.

Control de la Sociedad Gestora del Fondo de Pensiones, en cuanto al estricto cumplimiento de las obligaciones de ésta, a tenor del principio de responsabilidad estipulado en esta normativa.

Emisión, junto a la Entidad Gestora, de los certificados de pertenencia de los partícipes de los planes de pensiones, que se integran en el Fondo.

Instrumentación, que puede realizarse junto a la Entidad Gestora, de los cobros y pagos derivados de los planes de pensiones, en su doble vertiente de aportaciones y prestaciones, así como del traspaso de derechos consolidados entre planes, cuando proceda.

Ejercicio, por cuenta del Fondo, de las operaciones de compra y venta de valores, el cobro de los rendimientos de las inversiones y la materialización de otras rentas, vía transmisión de activos y cuantas operaciones se deriven del propio depósito de valores.

Canalización del traspaso de la cuenta de posición de un plan de pensiones a otro Fondo.

Recepción de los valores propiedad del Fondo de Pensiones, constitución en depósitos garantizando su custodia y expidiendo los documentos justificativos.

Recepción y custodia de los activos líquidos de los Fondos de Pensiones.

Artículo 42. Responsabilidad.

Las Entidades Gestora y Depositaria actuarán en interés de los Fondos que administren o custodien, siendo responsables frente a las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios de todos los perjuicios que se les causaren por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones. Ambas están obligadas a exigirse recíprocamente esta responsabilidad en interés de aquellos.

Artículo 43. Retribuciones.

1. Las Sociedades Gestoras percibirán por la realización de las funciones contempladas en esta regulación, una comisión de gestión de acuerdo con lo previsto en las normas de funcionamiento del Fondo.

La totalidad de esta comisión no podrá superar anualmente el 2 % del patrimonio del Fondo de Pensiones.

En ningún caso resultarán admisibles comisiones en función de los resultados.

2. En remuneración de sus servicios, los Depositarios percibirán de los Fondos las retribuciones que libremente pacten con las Entidades Gestoras, con la previa conformidad de la Comisión de Control del Fondo, sin que pueda rebasar el 0,6 % anual del valor nominal del patrimonio custodiado, sin perjuicio de la aplicación de las tarifas bancarias por la prestación de servicios no previstos en el artículo 41 de esta norma.

Artículo 44. Sustitución de las Entidades Gestora o Depositaria.

1. La sustitución de las Entidades Gestora o Depositaria procederá:

A instancia de la propia Entidad, previa presentación de la que haya de sustituirla. En tal caso será precisa la aprobación por la Comisión de Control del Fondo y por la Entidad Gestora o Depositaria que continúe en sus funciones, del proyecto de sustitución que, cumpliendo los requisitos que se señalan en las normas de funcionamiento del Fondo, se proponga a aquéllas en la forma y plazo que se indica a continuación.

Para proceder a la sustitución de la Entidad Gestora será requisito previo la realización y publicidad suficiente de la auditoría prevista en el artículo 38 de esta norma y, en su caso, la constitución por la Entidad cesante de las garantías necesarias para cubrir las responsabilidades de su gestión.

En un plazo no superior a un mes desde la realización de la auditoría del Fondo de Pensiones, prevista en el artículo 38 de la presente norma, la solicitud de sustitución se materializará mediante escrito presentado a la Dirección General de Seguros. Esta documentación será suscrita por ambas Entidades y la nueva Sociedad Gestora o el nuevo Depositario que se declaren dispuestos a aceptar tales funciones, interesando la correspondiente autorización.

En ningún caso podrán renunciar la Entidad Gestora o Depositaria al ejercicio de sus funciones, mientras no se hayan cumplido todos los requisitos y trámites para la designación de sus sustitutos.

Por decisión de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones, que deberá designar simultáneamente una Entidad dispuesta a hacerse cargo de la gestión o el depósito. En tanto no se produzca la correspondiente designación la Entidad afectada continuará en sus funciones.

2. La renuncia unilateral a sus funciones por parte de las Entidades Gestoras o Depositarias sólo surtirá efecto pasado un plazo de dos años contados desde su notificación fehaciente a la Comisión de Control del Fondo de Pensiones y previo cumplimiento de los requisitos de auditoría, publicidad y garantía a que se refiere el apartado a) del número precedente. Si vencido el plazo no se designara una Entidad sustitutiva, procederá la disolución del Fondo de Pensiones.

3. La disolución, el procedimiento concursal de las Entidades Gestora o Depositaria y su exclusión del Registro Administrativo producirá el cese en la gestión o custodia del Fondo de la Entidad afectada. Si ésta fuese la Entidad Gestora, la gestión quedará provisionalmente encomendada a la Entidad Depositaria. Si la Entidad que cesa en sus funciones fuese la Depositaria, los activos financieros y efectivo del Fondo serán depositados en el Banco de España. En ambos casos se producirá la disolución del Fondo si en el plazo de un año no se designa nueva Entidad Gestora o Depositaria.

4. La sustitución de la Sociedad Gestora o de la Depositaria de un Fondo de Pensiones, así como los cambios que se produzcan en el control de las mismas, en cuantía superior al 50 % del capital de aquéllas, conferirá a los planes de pensiones integrados en ese Fondo el derecho a movilizar su cuenta de posición, trasladándola a otro Fondo de Pensiones.

Los cambios que se produzcan en el control de las Entidades Gestoras y Depositarias y la sustitución de sus Consejeros deberán ser puestos en conocimiento de las Comisiones de Control de los Fondos de Pensiones, dentro de los procesos de información previstos en el artículo 39 del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Sección I

Auditoría y revisión actuarial

Artículo 45. Requisitos para la realización de Auditoría y Revisión Actuarial. 

1. La auditoría de los estados financieros y demás documentos, así como la revisión de las bases y los cálculos actuariales se llevarán a cabo por expertos que cumplan los siguientes requisitos:

Cualificación profesional. Deberán ser personas físicas o Sociedades por ellas formadas pertenecientes a una corporación profesional, legalmente reconocida y habilitada para el ejercicio de las funciones de verificación y examen de estados financieros y de revisión actuarial. En estas Sociedades podrán participar otros expertos en materias relacionadas con la presente normativa.

Inscripción. Los expertos y sus Sociedades deberán figurar inscritos en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros. Dicha inscripción se realizará previa presentación del correspondiente título o certificado de la corporación correspondiente de la que sean miembros, y los demás documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

Independencia. Los expertos y sus Sociedades no podrán asesorar en sus aspectos financieros y bursátiles a los Planes y Fondos de Pensiones cuyos estados examinan. Tampoco podrán mantener ningún tipo de relación que pueda suponer dependencia directa o indirecta.

Se considerará que existe dependencia de una Institución cuando los ingresos percibidos de ésta por el experto o la Sociedad de expertos supongan más de un 20 % de los rendimientos íntegros totales devengados anualmente por su actividad profesional. Esta limitación no será de aplicación durante los tres primeros años de ejercicio profesional.

Igualmente, cuando el profesional desarrolle su actividad en el marco de una Sociedad, se entenderá que no existe independencia con respecto a la verificada cuando ésta controle, directa o indirectamente, más del 25 % del capital social de aquélla.

En todo caso, se entenderá que no se dan las condiciones de independencia de un profesional cuando éste preste sus servicios en una Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, respecto de los planes y fondos gestionados por ésta.

Fianza. Los expertos deberán constituir una garantía mínima de 5.000.000 de pesetas, pudiéndose instrumentar mediante depósito de títulos de Deuda Pública, aval de Entidad financiera o seguro de responsabilidad civil profesional. En el caso de Sociedades de expertos el importe de la garantía será el equivalente a la suma del correspondiente a cada uno de sus socios.

Esta garantía deberá aumentarse en el 4 por 1.000 del patrimonio de las Instituciones auditadas que no exceda de 10.000.000 de pesetas y en el 2 por 1.000 del exceso.

Control. Los expertos o Sociedades de expertos se someterán a control de calidad de sus informes en materia de Planes y Fondos de Pensiones por los órganos correspondientes de la corporación profesional a que pertenezcan y por los Servicios de Inspección Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. Del resultado de dichas actuaciones se dará cuenta a la Dirección General de Seguros a los efectos previstos en materia de infracciones y sanciones por este Reglamento.

Este Centro directivo podrá, en cualquier momento, requerir a los órganos competentes de las corporaciones profesionales para que examinen y emitan dictamen sobre actuaciones profesionales determinadas.

2. Los Planes y Fondos de Pensiones y las Entidades Gestoras designarán libremente a cualquiera de los expertos o Sociedades, entre los que figuran inscritos en los Registros Administrativos correspondientes.

3. La designación habrá de realizarse en el primer semestre del ejercicio económico que haya de ser examinado y se notificará a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.

4. Los Planes y Fondos de Pensiones y las Sociedades Gestoras podrán modificar la designación de auditor o actuario ya realizada o designar otro distinto para el ejercicio sucesivo, enviando comunicación razonada al citado Centro directivo.

5. En el ámbito de la revisión actuarial, las personas físicas podrán desarrollar su actividad individualmente o encuadradas en una Sociedad. Esta deberá cumplir los siguientes requisitos:

Que, como mínimo, la mayoría de sus socios sean expertos que reúnan los requerimientos de cualificación profesional previstos en ese artículo o de estas Sociedades, y, a la vez, les corresponda la mayoría de capital y de los derechos de voto.

Que la mayoría de los socios que ejerzan la función de Administrador o Director de la Sociedad sean expertos en las materias reguladas por la presente normativa.

Que se inscriban en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros.

Sección II

Registros e inspección administrativa

Artículo 46. Registros Administrativos.

1. Se crean en la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda los siguientes Registros Administrativos:

a) Registro de Fondos de Pensiones.

b) Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones.

c) Derogado por Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

e) Registro de Actuarios de Planes y Fondos de Pensiones.

2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para regular el procedimiento de inscripción registral y, en su caso, de autorización previa que afecta a las instituciones o personas que pretendan desarrollar las funciones previstas en esta normativa.

Artículo 47. Inspección administrativa.

1. Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la inspección de las Entidades Gestoras y Fondos de Pensiones y la vigilancia del cumplimiento de esta normativa, pudiendo los órganos competentes del mismo recabar de las Entidades Gestoras y Depositarias y de las Comisiones de Control toda la información que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Se ejercerá a través de la Dirección General de Seguros la inspección de la situación legal, técnica, económico-financiera y, en general, de la solvencia de las Entidades Gestoras y Fondos de Pensiones. La inspección podrá realizarse con carácter general o referida a cuestiones concretas.

Los Inspectores en el desempeño de sus funciones, tendrán la condición de Agentes de la autoridad pública. Vendrán obligados al deber de secreto profesional incluso una vez terminado el ejercicio de su función pública.

La facultad inspectora alcanzará también a quienes realicen operaciones que puedan, en principio, calificarse como sometidas a esta normativa para comprobar si se ejerce la actividad sin la autorización administrativa previa.

Los Inspectores, de acuerdo con lo preceptuado en las Leyes, tendrán libre acceso al domicilio social y a los establecimientos, locales y oficinas en que se desarrollen actividades por la Entidad Gestora inspeccionada y podrán examinar toda la documentación relativa a los Planes integrantes de los Fondos y, en general, a todas sus operaciones, viniendo aquélla obligada a darles las máximas facilidades para el desempeño de su cometido.

Los Inspectores practicarán las visitas de inspección a las Entidades y Fondos sometidos a esta normativa, previa orden escrita dada para cada caso por el Director general de Seguros, de la que se entregará un ejemplar al representante de la Entidad Gestora y a los Presidentes de las Comisiones de Control.

De cada visita de inspección se levantará el correspondiente acta, por duplicado, firmándose por el Inspector y el representante legal de la Entidad Gestora, quien dispondrá de un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones a dicha acta.

El acta y, en su caso, las alegaciones servirán de base para el acuerdo de la Administración.

Las Entidades Gestoras deberán dar cuenta del acta de inspección y del acuerdo de la Dirección General de Seguros a las Comisiones de Control de los Fondos que administren, una vez recibidas aquéllas.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la inspección de carácter tributario que corresponderá a los órganos competentes de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

2. Las entidades Gestoras deberán facilitar al Ministerio de Economía y Hacienda información sobre la situación de los Fondos de Pensiones con la periodicidad y el contenido que se establezca por aquél.

3. Cuando, como consecuencia de la actividad inspectora e informativa prevista en el apartado anterior, el Ministerio de Economía y Hacienda lo estime conveniente, podrá acordar motivadamente la intervención de las Entidades indicadas, sin perjuicio de las demás medidas cautelares que se puedan acordar en el procedimiento sancionador.

Sección III

Infracciones y sanciones

Artículo 48. Infracciones.

1. Las infracciones de las normas de esta regulación serán sancionables en vía administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudiera implicar.

2. Las infracciones se clasifican, de acuerdo con su respectiva trascendencia, en leves graves y muy graves. La repetición de una misma infracción, sancionada por resolución firme dentro de un período de tres ejercicios, determinará que se califique con arreglo a la categoría inmediata superior. No obstante, las infracciones leves sólo se agravarán cuando la misma infracción se cometa tres veces en un mismo ejercicio o seis veces dentro de un período de tres ejercicios, mediante sanción por resolución firme.

3. Constituye infracción la inobservancia por una persona física o por la unidad familiar a la que pertenezca del límite de aportación anual previsto en el artículo 13 del presente Reglamento.

Artículo 49. Infracciones leves.

Son infracciones leves los hechos que impliquen meros retrasos en el cumplimiento de obligaciones de información o el incumplimiento de otras disposiciones siempre que no pongan en peligro ni afecten directamente a los derechos de las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios. Tienen esta consideración:

El retraso no superior a un mes en la notificación de los cambios relativos a las Entidades Gestoras a que se refiere el artículo 44.4 del presente Reglamento.

El exceso de inversión sobre los coeficientes establecidos en el artículo 34 de esta disposición, siempre que tenga carácter transitorio y no excedan del 20 % de los límites legales.

El retraso no superior a quince días en el cumplimiento de los plazos a que se refiere el artículo 38 de esta norma.

El incumplimiento de las demás obligaciones o prohibiciones establecidas en las disposiciones administrativas.

Artículo 50. Infracciones graves.

Son infracciones graves aquellas que impliquen incumplimiento de obligaciones de información o de otras normas cuando la acción u omisión ponga en peligro o lesione los derechos de las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios. Tienen esta consideración:

El pago a las Entidades Gestoras de comisiones superiores a los límites establecidos por norma administrativa o por el Reglamento del Fondo.

La materialización en títulos valores de las participaciones en el Fondo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 11.2 del presente texto reglamentario.

La emisión de obligaciones o el recurso al crédito por las Entidades Gestoras.

La contratación de la administración de activos extranjeros contraviniendo las normas que se dicten conforme al artículo 40.5 de esta norma.

El incumplimiento por los depositarios de las obligaciones establecidas en el artículo 41 de este Reglamento.

La demora superior a un mes en la notificación de los cambios relativos a las Entidades Gestoras a que se refiere el artículo 44.4 del presente texto.

La falta de revisión de los sistemas actuariales a que se refiere el artículo 24 de esta norma.

La inversión en proporción superior a la establecida conforme al artículo 34 siempre que el exceso no supere el 50 % de los límites legales.

Contravenir la prohibición establecida de pignorar o constituir garantía sobre los activos financieros del Fondo.

La realización de operaciones con incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del presente Reglamento.

La demora superior a quince días en el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 38 de esta disposición.

Artículo 51. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves las acciones u omisiones cualquiera que sea su naturaleza, que lesionen en forma grave los derechos de las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios, o incumplan el objeto propio de los Fondos de Pensiones. Tienen esta consideración:

Desarrollar la actividad propia de los Fondos de Pensiones o de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones sin haber obtenido la preceptiva inscripción en los Registros Administrativos previstos en esta normativa.

Utilizar las denominaciones de Fondos de Pensiones o Entidad Gestora de Fondos de Pensiones sin haber obtenido la citada inscripción.

La falsedad y omisión en los documentos contables o de información previstos en esta regulación.

La falta de realización de la auditoría prevista en el artículo 38 de este Reglamento.

Confiar la custodia de los valores mobiliarios y demás activos financieros a Entidades distintas de las previstas en el artículo 41 de la presente norma.

La inversión en bienes distintos de los autorizados o en proporción superior a la establecida conforme al artículo 34 de este Reglamento cuando el exceso supere el 50 % de los límites legales.

Hipotecar o gravar en cualquier forma los inmuebles que se habían adquirido libres de cargas a que se refiere el artículo 35 de este texto.

La resistencia, negativa y obstrucción a la inspección por el Ministerio de Economía y Hacienda y la negativa a facilitar la información que reglamentariamente se establezca.

La aceptación de aportaciones a un Plan, a nombre de un partícipe, por encima del límite previsto en el artículo 13 del presente Reglamento, salvo que dichas aportaciones correspondan al traspaso de derechos consolidados.

Artículo 52. Responsables de las infracciones.

1. Serán responsables de las diversas infracciones antes reseñadas las Entidades Gestoras y Depositarias, sus Administradores, los miembros de la Comisión de Control de los Planes y de los Fondos de Pensiones que las hubieran cometido o facilitado mediante su proceder.

Excepción a esta norma general es la responsabilidad de la persona física, o de la unidad familiar en que se integre, en la infracción recogida en el número 3 del artículo 48.

2. Las infracciones leves prescribirán a los dos años y las graves y las muy graves a los cinco años, desde la fecha en que se hubieran cometido.

En las infracciones derivadas de una actividad continuada, el tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha de finalización de la actividad o la del último acto que la infracción se consuma.

Artículo 53. Sanciones.

1. Las sanciones aplicables a las Entidades, así como a quienes ostenten cargos de administración o dirección de aquéllas, como consecuencia de las infracciones cometidas serán las siguientes:

Para las infracciones leves, amonestación privada o multa de hasta 500.000 pesetas.

Para las infracciones graves, amonestación pública, multa de hasta 10.000.000 de pesetas o hasta el 30 % de la infracción, si ésta es cifrable, suspensión temporal de los Administradores y exclusión temporal del Registro Especial.

Para las infracciones muy graves, multa de hasta 25.000.000 de pesetas o hasta el 50 % de la infracción, si ésta es cifrable, separación de Administradores y exclusión de la Entidad del Registro Especial. La infracción muy grave llevará siempre consigo la amonestación pública de los Administradores responsables de la misma.

2. Las sanciones se impondrán a las Entidades y también a los Administradores y Directores que, con malicia, negligencia grave, abuso de facultades o en provecho propio directo o indirecto, o de las personas o Empresas a las que estén vinculadas, no realizaren los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependen o adoptaren acuerdo que hicieren posibles tales infracciones. De las sanciones pecuniarias impuestas a los Administradores responderá subsidiariamente la Entidad.

3. La inobservancia por parte de una persona física o de los restantes miembros de su unidad familiar del límite de aportación previsto en el artículo 13 de este Reglamento será sancionada con una cantidad equivalente al 75 % del exceso de tal límite, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso del Plan o Planes correspondientes.

Artículo 54. Órganos competentes.

Serán órganos competentes para imposición de estas sanciones:

El Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá delegar la imposición de las sanciones de amonestación privada y pública y las de multa de hasta 10.000.000 de pesetas.

El Consejo de Ministros, para las sanciones pecuniarias de cuantía superior, suspensión definitiva de los Administradores y exclusión del Registro Especial.

Artículo 55. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador será el del capítulo II del título VII de la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante, la amonestación privada y las sanciones pecuniarias hasta 500.000 pesetas podrán interponerse en expediente sumario previa audiencia del interesado. Toda denuncia obligará a acordar la instrucción de expediente de información reservada, salvo que sea manifiestamente infundada o de mala fe, sin perjuicio de acordar lo procedente en este caso.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN FISCAL DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

Sección I

Régimen fiscal de los planes de pensiones

Artículo 56. Tributación de los Planes de Pensiones.

1. Los Planes de Pensiones no son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.

2. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sección II

Régimen fiscal de los fondos de pensiones

Artículo 57. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 58. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 59. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 60. Obligación de información de las entidades gestoras de los fondos de pensiones.  

1. De conformidad con el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las entidades gestoras de los fondos de pensiones deberán presentar una declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los promotores de los citados planes.

2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con el año natural anterior. En el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año. La declaración anual se efectuará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

Sección III

Régimen fiscal de los promotores de planes de pensiones

Artículo 61. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 62. Obligación de información de los promotores de planes de pensiones.  

1. De conformidad con el artículo 111 de la Ley General Tributaria, los promotores de planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos deberán presentar una declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes por quienes efectuaron sus contribuciones y el importe aportado por cada partícipe.

2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con el año natural anterior. En el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año. La declaración anual se efectuará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

Sección IV

Régimen fiscal de los partícipes en planes de pensiones

Artículo 63. Tributación de las cantidades imputadas a los partícipes en los planes de pensiones.

1. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Las cantidades imputadas a los partícipes en planes de pensiones que constituyan para estos incrementos patrimoniales a título gratuito tributarán en todo caso conforme a las normas reguladoras del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 64. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 65. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sección V

Régimen fiscal de los beneficiarios de planes de pensiones

Artículo 66. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 67. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sección VI

Normas comunes a partícipes y beneficiarios

Artículo 68. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 69. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN FISCAL DE LAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES ANÁLOGAS A LAS DE LOS PLANES DE PENSIONES

Sección I

Ámbito de aplicación

Artículo 70. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sección II

Régimen fiscal de las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones

Artículo 71. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 72. Obligación de información de las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de previsión social.  

1. De conformidad con el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones deberán presentar una declaración anual en la que se relacionen individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones y el importe correspondiente a cada una de ellas.

2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con el año natural anterior. En el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año. La declaración anual se efectuará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

Sección III

Normas fiscales aplicables a los sujetos a quienes se vinculen las contribuciones

Artículo 73. Imputación fiscal de las contribuciones.

1. Derogado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las contribuciones o dotaciones que constituyan incrementos patrimoniales a título gratuito para los partícipes tributarán conforme a las normas reguladoras del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CAPÍTULO X

PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE PROMOCIÓN CONJUNTA

Artículo 74. Planes de pensiones del sistema de empleo promovidos por empresas de un mismo grupo. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4, apartado 1.a), párrafo cuarto, de la Ley 8/1987, de 8 de junio, los compromisos por pensiones susceptibles de integrarse en un plan de pensiones asumidos, por las empresas de un mismo grupo, podrán instrumentarse en un único plan de pensiones del sistema de empleo, siempre que se integren en éste todos los compromisos por pensiones de aquéllas con su respectivo personal en los términos previstos en esta norma.

A estos efectos se considerará grupo de empresas el integrado por dos o más entidades que constituyan una unidad de decisión por ostentar cualquiera de ellas, directa o indirectamente, el control de las demás. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, se presumirá que existe control de una entidad sobre otra cuando, respecto de ésta, aquélla se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

Que posea la mayoría de los derechos de voto.

Que tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

Que pueda disponer, en virtud de acuerdos con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.

En orden a lo previsto en los párrafos anteriores se computarán los derechos de voto que correspondan a otras sociedades dominadas o a otras personas que actúen en nombre propio, pero por cuenta de aquéllas o de la dominante.

2. Los planes de pensiones del sistema de empleo de grupos de empresas podrán ser constituidos por las sociedades mercantiles que pertenezcan al grupo. La constitución de un plan de pensiones del grupo de empresas requerirá la concurrencia de todas las sociedades mercantiles, que a la fecha de formalización del plan formen parte del grupo y que reúnan las siguientes condiciones:

Que se trate de sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación española y con domicilio social en territorio nacional.

Que tengan compromisos por pensiones con su personal activo para la contingencia de jubilación susceptibles de ser integrados en un plan de pensiones.

3. No obstante lo previsto en el apartado 2 anterior, no será precisa la participación en el plan de las entidades aseguradoras, de crédito y sociedades y agencias de valores del grupo, que hubiesen optado por el mantenimiento de sus compromisos en fondos internos, conforme a lo previsto en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, ni de las sociedades del grupo que a la fecha de formalización del plan de pensiones de grupo fuesen promotoras de otros planes de pensiones del sistema de empleo ya formalizados.

Facultativamente y salvo disposición contraria contenida en las especificaciones del plan de pensiones, podrán concurrir también como promotores las empresas extranjeras con agencias, sucursales o establecimientos en territorio español que formen parte del grupo.

El plan de pensiones podrá prever la participación facultativa de otras entidades de cualquier tipo que formen parte de la unidad de decisión y comunidades de bienes constituidas por empresas del grupo.

Una vez formalizado el plan de pensiones del grupo, podrán incorporarse con posterioridad nuevas empresas o entidades que pasen a formar parte del grupo y las que, siendo facultativa su participación, no se hubieran adherido con anterioridad. Del mismo modo podrán permanecer como promotoras las entidades que con posterioridad a su incorporación al plan de pensiones dejen de pertenecer al grupo, salvo acuerdo de la comisión de control o disposición contraria en especificaciones.

4. A la fecha de incorporación de cada empresa promotora al plan de pensiones de empresas del grupo, deberán integrarse a él todos los compromisos por pensiones correspondientes al personal activo asumidos por aquélla a dicha fecha por, al menos, la contingencia de jubilación.

5. Para cada grupo de empresas sólo podrá operar un único plan de pensiones de grupo, salvo que la coexistencia de dos o más se derive de una situación sobrevenida con posterioridad a la formalización de aquéllos y sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del apartado la) del artículo 4 y en el apartado 4.f) del artículo 5 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones.

Artículo 75. Planes de pensiones promovidos conjuntamente por empresas con menos de 250 trabajadores. 

1. Las empresas con menos de 250 trabajadores podrán promover e instrumentar sus compromisos por pensiones susceptibles de ser cubiertos por un plan de pensiones, a través de un plan del sistema de empleo promovido conjuntamente por varias empresas. En estos planes la modalidad y garantía de las aportaciones y prestaciones se ajustarán a lo previsto en el artículo 76 de este Reglamento, sin perjuicio de que las revisiones actuariales, que en su caso procedan, deban individualizarse para cada empresa.

La formalización de dichos planes de pensiones requerirá el concurso inicial de, al menos, dos empresas, pudiendo incorporarse posteriormente cualesquiera otras con menos de 250 trabajadores, si así lo permiten las especificaciones, que podrán limitar el número y características de posibles promotores.

A estos efectos, se computarán todas las personas vinculadas por relación laboral con la empresa en el momento de la formalización del plan de pensiones o de su incorporación al mismo, con independencia del número de trabajadores que efectivamente se adhieran o pretendan adherirse al plan de pensiones.

2. Si una empresa incorporada al plan de pensiones alcanzase o superase posteriormente el límite de 250 trabajadores, podrá permanecer como promotora salvo disposición contraria en las especificaciones o acuerdo en contra de la comisión de control del plan.

Artículo 76. Normas comunes a los planes de pensiones del sistema de empleo de promoción conjunta. 

Los planes de pensiones del sistema de empleo promovidos por grupos de empresas o por empresas de menos de 250 trabajadores, a que se refieren los artículos 74 y 75 de este Reglamento, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

Estos planes de pensiones habrán de ser de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación.

Las prestaciones definidas que se prevean para caso de fallecimiento e invalidez del partícipe, así como las garantizadas a los beneficiarios una vez acaecida cualquier contingencia y sus reversiones, deberán garantizarse en su totalidad mediante los correspondientes contratos de seguro previstos por el plan, el cual en ningún caso asumirá los riesgos inherentes a dichas prestaciones.

Los contratos de seguro previstos para la cobertura de fallecimiento e invalidez del partícipe deberán ser de duración no superior a un año, pudiendo ser renovables.

Las especificaciones regularán las condiciones generales sobre las formas de cobro y garantías de las prestaciones causadas. El régimen y garantía de prestaciones definidas por fallecimiento e invalidez podrá diferir de unas empresas a otras en función de lo previsto en los anexos a que se refiere el siguiente apartado.

Las especificaciones del plan de pensiones deberán incorporar un anexo por cada empresa promotora que contendrá todas las condiciones particulares relativas a aquélla y a sus trabajadores partícipes, constando en todo caso las contribuciones y prestaciones correspondientes, que podrán ser diferentes por cada empresa promotora, sin que los anexos puedan contener cláusulas que dejen sin efecto o modifiquen alguna de las condiciones generales del plan, incluido, en su caso, el régimen general de aportaciones y prestaciones.

En su caso, la base técnica del plan de pensiones incorporará igualmente anexos correspondientes a cada empresa promotora, relativos a su régimen de contribuciones y prestaciones, y aseguramiento de éstas.

Cada empresa promotora será responsable del cumplimiento de las obligaciones de contribución respecto de sus trabajadores partícipes previstas en su anexo, sin perjuicio de la mediación en el pago de aportaciones que realice alguno de los promotores por cuenta de otros.

La constitución de los planes de pensiones de promoción conjunta se regirá por lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones y 23 de este Reglamento, con las siguientes particularidades:

Para la promoción deberán concurrir al menos dos empresas, y tratándose de planes de empresas del grupo, en todo caso aquéllas cuya participación en el plan no sea facultativa conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de este Reglamento.

Los promotores elaborarán el proyecto inicial del plan de pensiones, que se dará a conocer a los colectivos interesados por los medios habituales de comunicación entre las empresas y sus empleados, e instarán la constitución de una única comisión promotora con los potenciales partícipes que, en el plazo máximo de un mes, manifiesten su intención de acceder al plan de pensiones, y entre los cuales se designará o elegirá a sus representantes de acuerdo a lo previsto en la normativa sobre planes y fondos de pensiones.

La comisión promotora o, en su caso, de control de un plan de pensiones promovido por una empresa o entidad podrá acordar la modificación y adaptación de las especificaciones para transformar el mismo en un plan de pensiones de promoción conjunta que reúna las condiciones establecidas en este capítulo, con el objeto de integrar en él al resto de las empresas y partícipes susceptibles de pertenecer al plan de pensiones de promoción conjunta.

La comisión promotora estará formada por el número de miembros señalado en el proyecto, con mayoría absoluta de los potenciales partícipes.

La formación de la comisión promotora de los planes de promoción conjunta previstos en este capítulo se podrá llevar a cabo a través de un sistema de representación conjunta de promotores y partícipes respectivamente. A estos efectos los potenciales partícipes se agruparán en un colegio electoral único que regirá su procedimiento electoral conforme al artículo 22 de este Reglamento.

En los planes de pensiones de promoción conjunta previstos en este capítulo, cuya promoción se inste por empresas cuyos compromisos se establezcan en un mismo convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de ámbito superior al de empresa, la comisión promotora podrá formarse, según lo previsto en el proyecto, por vocales que representen al conjunto de entidades promotoras, designados por éstas o por la representación de las mismas en el ámbito supraempresarial, y con vocales que representen conjuntamente al colectivo de potenciales partícipes, designados por la representación de los trabajadores en el ámbito supraempresarial, o mediante el procedimiento electoral con colegio único referido en el párrafo anterior. La designación o elección de representantes de los potenciales partícipes se realizará entre éstos, entendiéndose por tales los trabajadores de las empresas promotoras que insten el proyecto, que en el plazo de un mes hubieran manifestado su interés en la promoción del plan.

En los planes de pensiones de promoción conjunta que no optasen por un sistema de representación conjunta, por cada empresa promotora deberá figurar al menos un representante de la misma, como promotora, y representantes de su colectivo, de empleados potenciales partícipes, con mayoría absoluta de partícipes.

La formalización del plan requerirá la incorporación de los anexos suscritos por las empresas promotoras con trabajadores de las mismas.

En un plazo no superior a seis meses desde la formalización del plan se procederá a la constitución de la comisión de control del plan.

Una vez formalizado el plan de pensiones, podrán incorporarse otras empresas mediante la suscripción voluntaria de los anexos correspondientes con sus trabajadores que inicialmente se adhieran. La incorporación de nuevas empresas requerirá la aprobación de la comisión promotora o de control del plan.

Las incorporaciones de nuevas empresas a los planes de pensiones de promoción conjunta deberán comunicarse a la Dirección General de Seguros dentro del plazo de diez días desde el acuerdo de admisión, acompañando certificación de éste junto con el anexo correspondiente.

Deberán comunicarse igualmente a la Dirección General de Seguros las modificaciones en el conjunto de entidades promotoras por cambios de denominación, operaciones societarias, separación del plan de pensiones u otras circunstancias, dentro del plazo de diez días a contar desde la fecha del acuerdo correspondiente o de la fecha de efectos de dichas modificaciones.

Artículo 77. Composición y funcionamiento de las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo de promoción conjunta. 

La composición y funcionamiento de las comisiones de control de estos planes se ajustarán a lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones y artículo 22 de este Reglamento, con las siguientes particularidades:

En su composición se ajustará a lo establecido en el párrafo c) del apartado 3 del artículo 76 anterior, según la opción prevista en especificaciones.

Si las especificaciones lo prevén, el número total de representantes en la comisión de control de los elementos personales del plan de pensiones correspondientes a cada empresa, en su caso, podrá asignarse en atención al número de partícipes y beneficiarios correspondientes a la misma. En ningún caso será admisible la atribución de representaciones en función del interés económico de cada promotor o colectivo.

Para la elección de los representantes de partícipes y beneficiarios en la comisión de control será de aplicación lo previsto en el artículo 22 del presente Reglamento con las siguientes particularidades:

Los planes de promoción conjunta con sistema de representación conjunta operarán mediante colegios electorales únicos que engloben, respectivamente, a partícipes y beneficiarios. En tal caso, la incorporación de una nueva empresa al plan no alterará la composición de su comisión de control hasta su próxima renovación.

En los planes de pensiones de promoción conjunta sin sistema de representación conjunta, para la elección de representantes se constituirán por cada empresa dos colegios electorales, uno de partícipes y otro de beneficiarios. La incorporación al plan de una nueva empresa supondrá la incorporación a la comisión de control de representantes de sus elementos personales previamente elegidos.

En caso de inexistencia o reducido número de partícipes o beneficiarios será de aplicación lo previsto en el artículo 22.3, c) de este Reglamento.

Los miembros serán nombrados por un período máximo de cuatro años pudiendo ser reelegidos.

Sin perjuicio de las funciones y facultades atribuidas por la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones y sus normas de desarrollo a la comisión de control del plan de pensiones, para la modificación de condiciones particulares contenidas en los anexos, la decisión o propuesta corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes a la empresa en cuestión, con el régimen de mayorías establecidas en su anexo, sin que sus acuerdos puedan modificar o dejar sin efecto las condiciones generales de las especificaciones del plan.

Cuando se haya optado por un sistema de representación conjunta, la modificación del anexo de cada empresa se realizará por acuerdo adoptado entre la misma y la representación de sus trabajadores.

En todo caso, corresponde a la comisión de control del plan formalizar las modificaciones de los anexos que se hubiesen acordado, siendo responsable de su adecuación a la normativa vigente en materia de planes y fondos de pensiones, y a las condiciones generales de las especificaciones.

La comisión de control del plan designará al actuario que haya de efectuar la revisión actuarial en su caso, la cual comprenderá la evaluación individualizada relativa a cada empresa promotora, así como del plan de pensiones en su conjunto.

Si como resultado de la revisión actuarial se planteara la necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones, prestaciones o en otras variables, se someterá la cuestión a la comisión de control del plan para que acuerde o proponga lo que estime procedente. Si las variaciones propuestas afectan a una o más empresas individualizadamente, las modificaciones se efectuarán conforme a lo previsto en el apartado 3 anterior.

Artículo 78. Separación de entidades promotoras de los planes de pensiones del sistema de empleo de promoción conjunta.

1. La separación de una entidad promotora de un plan de pensiones de promoción conjunta ya sea de grupo de empresas, o de empresas con menos de 250 trabajadores, podrá tener lugar en los siguientes casos:

Cuando lo acuerden los representantes en la comisión de control de los elementos personales del plan correspondiente a la entidad, con el objeto de incorporar a aquéllos y sus derechos económicos en otro plan de pensiones del sistema de empleo promovido por la empresa o al que se incorpore, en los siguientes casos:

Si como resultado de operaciones societarias, la entidad resulte a la vez promotora del plan de pensiones de promoción conjunta y de otro u otros planes de pensiones del sistema de empleo, y se acuerda la concentración en uno distinto de aquel.

Cuando la entidad deje de pertenecer al grupo, si se trata de un plan de pensiones de grupo de empresas.

Tratándose de un plan de pensiones de empresas con menos de 250 trabajadores cuando la entidad alcance o supere este número o el número de trabajadores o partícipes establecido, en su caso, en especificaciones

En los supuestos previstos en este párrafo a), cuando la comisión de control opere mediante un sistema de representación conjunta, la separación será acordada por la empresa con la representación de sus trabajadores.

También podrá tener lugar la separación de una entidad o de las resultantes de operaciones societarias, si así lo establecen las especificaciones o lo acuerda la comisión de control del plan de pensiones de promoción conjunta, cuando la entidad o alguna de las resultantes dejen de pertenecer al grupo de empresas o superen el número de 250 trabajadores o el establecido en las especificaciones.

En el caso de que alguna de las causas de terminación de los planes de pensiones establecidas en la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones afecte exclusivamente a una entidad promotora del plan de pensiones conjunto.

Una entidad podrá separarse de un plan de pensiones de promoción conjunta para integrar sus compromisos y elementos personales en un plan de pensiones del sistema de empleo en el que la entidad sea promotora cuando así sea acordado por la comisión de control del plan de pensiones de promoción conjunta y por los representantes de los elementos personales de la entidad en la misma. Cuando se haya optado por un sistema de representación conjunta, el acuerdo en la entidad se realizará entre ésta y la representación de sus trabajadores.

2. La separación dará lugar al traslado de los partícipes y beneficiarios correspondientes a la entidad afectada y de sus derechos a otro plan de empleo promovido por aquélla o por la resultante o resultantes de operaciones societarias.

A tal efecto, los representantes en la comisión de control de los elementos personales del plan correspondientes a la empresa podrán constituirse en comisión promotora del nuevo plan o solicitar la incorporación a otro plan de pensiones de empleo de promoción conjunta, o al que promueva o los que promuevan la entidad o entidades resultantes de una operación societaria.

Una vez formalizado el nuevo plan de pensiones o formalizada la incorporación al plan o planes de pensiones que procedan, se efectuará el traslado de los derechos de los partícipes y beneficiarios afectados en el plazo de un mes desde que se acredite ante el fondo de pensiones la formalización referida, plazo que la comisión de control del fondo podrá extender hasta tres meses si el saldo es superior al 10 % de la cuenta de posición del plan.

En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 1, de no promoverse un plan de pensiones del sistema de empleo, se procederá a la movilización de los derechos de los partícipes y beneficiarios a los planes de pensiones de su elección.

3. La separación no dará lugar a descuento o penalización alguna sobre los derechos económicos de los partícipes y beneficiarios afectados.

Artículo 79. Terminación de los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta. 

Los planes de pensiones de empresas del grupo y los de empresas de menos de 250 trabajadores terminarán por las causas establecidas en la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones para cualquier plan de pensiones.

Los representantes en la comisión de control de los elementos personales del plan correspondiente a cada entidad promotora podrán acordar la integración de sus partícipes y derechos económicos y en su caso de sus beneficiarios, en el plan o planes del sistema de empleo donde los partícipes puedan ostentar tal condición. En su defecto, se procederá al traslado de derechos consolidados de los partícipes de la entidad a los planes de pensiones que aquéllos designen.

Cuando alguna de las causas de terminación de un plan de pensiones establecidas en la Ley afecte exclusivamente a una de las entidades promotoras del plan, los representantes en la comisión de control deberán acordar su separación y liquidación de los derechos económicos para su traslado a otros planes de pensiones. En su defecto, dicho acuerdo deberá ser adoptado por la comisión de control del plan en el plazo de dos meses desde la concurrencia de dicha causa. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Hacienda procederá a la terminación administrativa del plan de pensiones de promoción conjunta de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regulación de los planes y fondos de pensiones.

Cuando la comisión de control opere mediante un sistema de representación conjunta, los acuerdos correspondientes se adoptarán por la empresa con la representación de sus trabajadores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Única. Obligación de información de las Mutualidades de Previsión Social. 

1. De conformidad con el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las Mutualidades de Previsión Social deberán presentar una declaración anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la cobertura de las contingencias que, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, puedan ser objeto de reducción en la base imponible regular del impuesto.

2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con el año natural anterior. En el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año. La declaración anual se efectuará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  1. Podrán constituirse en fondos de pensiones regulados por esta normativa, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, las Instituciones siguientes:

Entidades de previsión social.

Fundaciones laborales.

Otras Instituciones de previsión del personal, ajustadas a lo dispuesto en el artículo 107 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Los fondos constituidos por contribuciones y dotaciones realizadas para la cobertura de prestaciones análogas a las previstas en este Reglamento, incluidas las pensiones causadas, cuando los partícipes o beneficiarios sean trabajadores o empleados de la propia empresa.

En tal caso, exclusivamente esas Instituciones gozarán de exención en los impuestos que graven las operaciones necesarias para ello, sin perjuicio de las deudas tributarias que puedan derivarse de ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la presente norma, y atendiendo a lo previsto en los números siguientes.

2. Los incrementos o disminuciones patrimoniales que puedan surgir como consecuencia de la integración, prevista en el número anterior, por la realización o aportación de los elementos patrimoniales inicialmente afectos a Instituciones de previsión del personal, quedan exentos de la tributación que corresponda a tales fondos patrimoniales.

Para acceder a este tratamiento fiscal será condición indispensable que los elementos patrimoniales afectos a las Instituciones de previsión de personal se encuentren en tal situación a 17 de septiembre de 1986.

3. Por las cantidades integradas en los Fondos de Pensiones no se exigirá imputación fiscal a los partícipes, sin perjuicio de la previa delimitación de sus derechos consolidados, cuando aquéllas correspondan a las siguientes dotaciones o contribuciones:

Las realizadas con anterioridad a 17 de septiembre de 1986.

Las realizadas entre dicha fecha y el 29 de junio de 1987, siempre que se fundamenten en pactos de fecha fehaciente anterior a 17 de septiembre de 1986, que predeterminen la cuantía asignable individualmente, ya sea fija o basada en sistemas actuariales.

4. Los Planes de Pensiones correspondientes a las Instituciones amparadas en el presente régimen transitorio se adaptarán a los sistemas de capitalización y demás requerimientos de este Reglamento en los plazos que autorice el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante la aprobación de los correspondientes Planes de reequilibrio actuarial y financiero. En su caso, tales Planes deberán contemplar explícitamente la transferencia de los elementos patrimoniales a incorporar a los fondos.

5. Las entidades promotoras de Instituciones amparadas en este régimen transitorio, para hacer frente a las obligaciones contraídas respecto a los jubilados o beneficiarios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, podrán optar por las siguientes alternativas:

Aportar los fondos patrimoniales constituidos, que correspondan a tales beneficiarios, a un Plan de Pensiones independiente. Las aportaciones de la empresa no exigirán imputaciones a los beneficiarios, siendo deducibles en la imposición personal del empresario.

En este caso, las aportaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, que no hayan resultado deducibles en la imposición personal del promotor, pese a su previo cómputo como gasto contable, serán partida deducible en el ejercicio en que los fondos patrimoniales constituidos se integran en el Fondo de Pensiones del mencionado Plan de Pensiones.

Hacer frente a los pagos anuales de las referidas pensiones resultando gasto deducible en la imposición del empresario.

Concertar un seguro para el pago de tales obligaciones, gozando el pago de la prima de deducibilidad en el impuesto del pagador, sin imputación a los beneficiarios.

6. Para el personal activo al 29 de junio de 1987, podrán reconocerse derechos por servicios pasados derivados de compromisos anteriores a 17 de septiembre de 1986, formalizados en Convenio Colectivo o disposición equivalente.

Se entenderá, a estos efectos como disposición equivalente la convalidada como tal por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y/o de Economía y Hacienda.

En tales casos, las posteriores aportaciones para la cobertura del valor actualizado atribuible a tales derechos serán deducibles en la imposición personal del promotor, cuando se integren en planes de pensiones amparados en este Reglamento.

Igualmente, la integración de fondos patrimoniales constituidos con anterioridad, que no hayan resultado deducibles en la imposición personal del promotor, pese a su previo cómputo como gasto contable, serán partida deducible en el ejercicio en que tales fondos se incorporen al sistema de Fondos de Pensiones.

En ambos supuestos no se exigirá la imputación fiscal al partícipe, sin perjuicio de la imputación financiera de los derechos consolidados que correspondan a éste.

Para el cálculo de los derechos consolidados correspondientes a los partícipes a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de esta disposición transitoria, cualquier dotación o aportación empresarial realizada entre el 17 de septiembre de 1986 y el 29 de junio de 1987, únicamente resultará deducible en la imposición personal de la empresa cuando se derive de pactos fehacientes y previos a la primera fecha citada, que predeterminen la cuantía exigida y la periodificación de su cobertura, y se ajuste a lo previsto en las distintas modalidades admitidas en el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y demás normas concordantes.

Segunda. 1. Las entidades que se acojan al régimen previsto en la disposición transitoria primera 1 podrán reconocer, para el personal activo al 29 de junio de 1987, derechos por servicios pasados, derivados de compromisos anteriores a 17 de septiembre de 1986, formalizados en Convenio Colectivo o disposición equivalente.

2. Será requisito previo para dicho reconocimiento que en el Convenio o disposición equivalente estuviera definida la cuantía de las prestaciones correspondientes a las contingencias objeto del compromiso. Dicha definición podrá ser en términos absolutos o en función de alguna magnitud de referencia, conforme se recoge en el artículo 3 de este Real Decreto.

3. La cuantificación de los derechos consolidados correspondientes a cada partícipe, a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, deberá realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Si el plan se basa en el devengo por cada año de servicio de una cuota-parte de la prestación prevista, o en algún método similar, la aportación correspondiente a los períodos por los cuales se reconocen los servicios pasados se determinará en función de la edad del partícipe en cada uno de dichos períodos, teniendo en cuenta las hipótesis demográficas y financieras incluidas en las especificaciones del plan. La cuantía de las prestaciones devengadas será, en cada período, la que resulte de la aplicación de los términos del Convenio o disposición equivalente vigente en el mismo.

En estos planes, el valor de los derechos consolidados se obtendrá por la suma de las aportaciones que correspondan a cada uno de los períodos transcurridos, actualizadas a la fecha de la valoración.

Si el plan se basa en cualquier otro método distinto de los anteriores, se considerará la aportación que hubiera correspondido imputarle al partícipe desde su integración en el colectivo o desde que accediera al derecho comprometido. La aportación para cada partícipe estará en función de la edad del mismo en dicho momento y se calculará como la aportación de cuantía constante, términos absolutos o relativos necesaria para alcanzar las prestaciones previstas, teniendo en cuenta las hipótesis demográficas y financieras contenidas en el plan.

El valor de los derechos consolidados por servicios pasados se obtendrá, en este caso, por la diferencia entre el valor actual actuarial de las futuras prestaciones y el valor actual actuarial de las futuras aportaciones a realizar, calculadas de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior.

En ambos casos se aplicará un tipo de interés máximo del 6 %. Las hipótesis deberán ser coherentes con el interés técnico utilizado, bajo la responsabilidad del actuario. No se permitirá, en ningún caso, un diferencial entre inflación y tipo de interés técnico superior a tres puntos.

4. Cuando se ponga de manifiesto la existencia de un déficit, por la diferencia entre el valor de los derechos consolidados calculados con arreglo a lo dispuesto anteriormente y los fondos patrimoniales constituidos para la cobertura de los citados derechos, la financiación del mismo podrá llevarse a cabo de acuerdo con los criterios que fije el Ministerio de Economía y Hacienda para cada partícipe.

Tercera. Las entidades o Instituciones que se acojan a lo dispuesto en la disposición transitoria primera 1 de este Reglamento, en tanto se formaliza el correspondiente Plan de Pensiones y se integra en un Fondo de Pensiones constituido o a constituir, podrán reconocer prestaciones por contingencias previstas en la presente normativa, susceptibles de su inclusión definitiva en el sistema de planes y fondos de pensiones, siempre que se encuadren en uno de los siguientes casos:

Personal jubilado a la entrada en vigor de este Reglamento, cuando la entidad o Institución opte por la constitución de un Plan de Pensiones independiente, según lo previsto en la disposición transitoria primera 5 del presente Reglamento, y le sean reconocidas unas prestaciones de acuerdo con los compromisos preexistentes a la entrada en vigor de esta norma.

Personal activo en la fecha de entrada en vigor del Reglamento, que al verse afectado por las contingencias previstas en esta normativa, le sean reconocidas prestaciones provisionales, a cuenta de las que definitivamente resulten del Plan de Pensiones.

A este personal le resultará de aplicación lo previsto sobre el reconocimiento de servicios pasados en la disposición transitoria primera 6 y en la disposición transitoria segunda de este Reglamento.

Cuarta. 1. Las entidades de previsión social que, previa notificación al Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere el artículo 40, apartado 3, del presente Reglamento, adquieran la condición de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, dispondrán de un plazo de cinco años, contados desde el comienzo del ejercicio siguiente a aquel en que efectúen la mencionada notificación, para alcanzar el importe del Fondo Mutual mínimo exigido por el artículo citado, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

Que se hallen inscritas en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con anterioridad al 9 de junio de 1987.

Durante el período indicado no gestionen otros fondos que no sean los constituidos a partir de la propia Entidad de Previsión Social por aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 8/1987. Dichos fondos podrán integrar únicamente Planes de Pensiones que se establezcan sobre los colectivos cuyos miembros reunían las condiciones exigidas para poder pertenecer a las Entidades de Previsión Social, por los Estatutos de la misma. Las condiciones previstas para el desarrollo de los Planes de Pensiones citados, sus bases técnicas, prestaciones, aportaciones y, en general, todos los extremos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del presente Reglamento, deban incluirse entre sus especificaciones, habrán de comunicarse a la Dirección General de Seguros con carácter previo a su implantación. En su caso, deberán adaptarse a los sistemas de capitalización y demás requerimientos de la Ley 8/1987 y del presente Reglamento, en los plazos que dicho Centro directivo autorice mediante la aprobación de los correspondientes Planes de reequilibrio actuarial y financiero.

2. Para la aplicación de la presente disposición transitoria, al cierre del ejercicio en que se produzca el acceso de las Entidades de Previsión Social a la condición de Entidades Gestoras, deberá cifrarse la insuficiencia del Fondo Mutual constituido respecto al importe mínimo señalado en el artículo 40 de este Reglamento; cada año se incrementará dicho Fondo en una quinta parte de la cuantía en que se cifre la insuficiencia.

No obstante, el importe total del activo de los Fondos administrados por las Entidades de Previsión Social no podrán superar, en cada ejercicio, el resultado de multiplicar por 100 el Fondo Mutual constituido al cierre del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.